Introducción y contexto político:
El Ministro De Guindos lanzó el globo sonda hace poco de que el próximo gobierno recortará 5.500 millones. Pero Bruselas exige en realidad mucho más. Antes de 2018 deberán haberse alcanzado los objetivos de reducción del déficit al 3,1% del PIB que marcan los intereses del capital establecidos por Bruselas. Ello supone, de momento, recortes por alrededor de 15.000 millones de euros, ya que la reducción de cada punto del déficit (estamos en el 4,6%) equivale aproximadamente a 10.000 millones menos en gasto social. Pero el objetivo es alcanzar el déficit cero; así que sobre las cifras apuntadas aún quedan unos 31.000 millones más por recortar. A ello deben unirse las reclamaciones de Bruselas de que se eleven productos del IVA reducido al general.
De momento, vamos sabiendo que habrá recortes en 2017 por al menos 550 millones de euros en el gasto sanitario y farmacéutico según lo previsto en el Plan Presupuestario enviado por el Gobierno de España a la Comisión Europea. El acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros en este mismo año 2016, aunque sin concretar de qué partidas “no se dispone”, es un modo de hacer recortar con otro nombre. La inversión pública bajará en 2017, según el citado Plan enviado a Bruselas, al 2,09% del PIB, al menor nivel de la serie histórica iniciada en 1995.
La caída de las expectativas de crecimiento mundial y en Europa, el ascenso de la deuda soberana en España que ya supera el billón de euros (1.102.114 millones) y se sitúa por encima del 100% (100,16) del PIB y la tendencia a la ralentización de la economía orientan sobre el modo en que se van a poner las cosas. El agotamiento del fondo de reserva de las pensiones plantea ya una situación insostenible para los futuros y actuales candidatos a la jubilación, cuya paga extra en Diciembre de 2017 podrían no recibir.
Estos son sólo algunos de los datos que vamos conociendo de los próximos recortes del inmediato nuevo gobierno del PP. No cabe hacerse demasiadas ilusiones respecto a que un gobierno en minoría vaya a limitar el alcance de aquellos. España es hace tiempo un país sin soberanía nacional, no sólo en lo político y en defensa sino de modo muy particular en lo económico. Además, el PSOE, tras su golpe interno, amparado en el falso argumento de defender el interés general del país, arrimará su hombro a las políticas antisociales que recaerán contra la clase trabajadora. Todo ello se hará recurriendo a un falso tira y afloja en el que el PP hará como en la mentira de las rebajas de las tiendas: inflará el nivel de los recortes por encima de los que realmente aplicará y el PSOE y el resto de la oposición, incluida Podemos y sus socios, harán como que le arrancan concesiones.
El gobierno y su partido envalentonados, saben que tienen al conjunto de la “oposición” desarbolada y con mecanismos para hacerles comer en su mano (la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria). Por muy en minoría que esté, sabe que puede presionar sobre los límites de gasto de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, jugando a abrir ligeramente la mano (del 0,3% al 0,7 del PIB) pero con una fiscalización mucho mayor que la que actualmente viene aplicando. El PSOE ya ha decidido no tocar las propuestas del PP sobre dicha Ley y Unidos Podemos duda de si abstenerse o votar no por aquello de que tiene cuatro ayuntamientos emblemáticos para él, tres de ellos muy endeudados (Madrid, Barcelona y Cádiz).
En esta situación, nadie espere otra cosa que brindis al sol de quienes antes proclamaban “esa idiotez que decíamos cuando éramos de extrema izquierda de que las cosas se cambian en la calle y no en las instituciones es mentira” y que ahora, declarándose “fuerza plebeya” hablan de “luchar, crear, poder popular” y de “cavar una trinchera en la sociedad”. Las veletas carecen de dirección propia: van hacia donde sopla el viento, algunas a la velocidad de las aspas de un ventilador y siempre en función de los intereses personales de un grupo de aventureros sin escrúpulos ni convicción alguna.
Las políticas de austeridad que se apliquen se notarán en las economías de las familias trabajadoras. La herida se hará más profunda porque, sobre la situación de millones de parados, de personas empobrecidas, de gente que lo está pasando mal, recaerá ahora una nueva vuelta de tuerca que se aplicará en un plazo especialmente corto, lo que intensificará su efecto social.
La calle hoy es un encefalograma casi plano, salvo algunas luchas dignas pero aisladas, pero los nuevos recortes traerán la constatación, que ya se palpa en el ambiente, de que la ilusión de la recuperación económica, al menos para la clase trabajadora, no era otra cosa que burda propaganda que los hechos pondrán en su lugar. Los sindicatos del régimen, CCOO y UGT, intentarán repetir por enésima vez la pantomima de protestas de viva voz, muy impostadas, harán alguna manifestación muy de su estilo, en plan procesiones sin combatividad alguna, destinadas a parar el chorro de clientela que van perdiendo por el camino de su complicidad con el capital y sus gobiernos de turno y algunos sectores a su izquierda calentarán la calle con movilizaciones más radicales. Lo que pueda pasar a posteriori es difícil de prever, dado que la historia no está escrita.
Veamos lo que recoge la web de CCOO:““El secretario general de CCOO, en la jornada “Repensar el sindicato” apuntó la necesidad de democratizar las relaciones industriales, ampliando la participación en las empresas como la que existe en otros países europeos, y la participación institucional y el diálogo social. “Hay que regular la participación el diálogo social para no depender del humor y la simpatía del gobierno de turno - dijo-, y si no que digan que quieren modificar el artículo 7 de la Constitución””. Para quien tenga dificultad de interpretar qué significan las palabras del secretario general de CCOO, baste decirle que ello significa apuntalar aún más el papel de los sindicatos mayoritarios como una de las patas del régimen capitalista, como garante de la paz social. “Defendió también la financiación pública “con luz y taquígrafos” de los sindicatos porque “gestionan interese de toda la sociedad”. Blanco y en botella.
Sin embargo, el envalentonamiento del próximo gobierno del PP tendrá consecuencias en las movilizaciones y luchas en la calle.
Las reformas del Código Penal y de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana no se produjeron, avanzada ya una larga etapa de la crisis capitalista, por casualidad. La crisis capitalista continúa sin dar respuesta a claves muy importantes: ¿Qué hacer con la deuda, en España y a nivel mundial? ¿Cómo resolver la situación de un comercio internacional que se contrae? ¿Porqué la inversión productiva no crece en España más que en el ladrillo y en el turismo? ¿Qué hacer con los millones de parados y con los asalariados que tienen sueldos de miseria y no levantan el consumo más que coyunturalmente y no de forma sostenida?
En este contexto, una crisis capitalista mundial, con nuevos nubarrones que avisan del recrudecimiento de la misma, y una democracia burguesa que se deslegitima a pasos agigantados van a requerir nuevas dosis de represión porque una parte de las victimas de la crisis del capital volverán a retomar la calle, espoleadas por nuevos recortes y medidas de austeridad en salarios, pensiones y prestaciones de desempleo que cada vez cubren a menos “beneficiarios”.
Esa represión va a ser política y de clase porque el Estado, su principal ejecutor, gobierne quien gobierne, respetando las reglas de juego del capital y de su arquitectura legal, es el de una clase social concreta: la burguesía capitalista.
El Estado son sus instituciones judiciales, sus tres administraciones (central, autonómica y municipal), sus aparatos policiales y su legislación creada ad hoc con el objetivo de reprimir una clase social a otra.
Y reforzando la acción represora del Estado aparecen otros dos agentes que la aplican y la extienden. El primero y más poderoso el propio empresario que, con legislación en mano o sin necesidad de ella, convierte la empresa y las relaciones de poder que se estructuran y manifiestan en su interior (relaciones sociales de producción) en un mandarinato en el que la propiedad de la empresa y sus directivos secuaces imponen unas condiciones que, muy lejos de la literatura oficial sobre la acción sindical en la empresa, convierte el ordeno y mando en la forma habitual de relación con los empleados.
Cualquier aspecto que cuestione las reglas del juego en la empresa es amonestado o sancionado. La representación colectiva de los intereses de los trabajadores se convierte en la mayoría de los casos en una ficción y, cuando se intenta ejercer de verdad, la persecución al sindicalista suele ser la norma general.
El segundo agente represor son los medios de comunicación del capital, privados o públicos (cuando son del Estado obedecen a la naturaleza de clase burguesa de éste). La función de estos medios es doble. Por un lado, criminalizan las resistencias contra el capital, señalando como violenta a la protesta. Por el otro, cumplen una tarea de desmovilización, acusando a quienes luchan de poner en peligro una recuperación económica que los trabajadores no vemos por ningún lado. El objetivo es lograr no sólo el acatamiento de las políticas antiobreras sino la autocensura del que protesta siquiera de palabra.
Por tanto, cualquier lucha antirrepresiva ha de partir de esos dos conceptos clave: la represión es de una clase social contra otra. La represión es política porque quienes impulsan esos recortes y aplican sus dictados de austeridad toman una decisión que es política y quienes la impugnan adoptan y asumen una postura política al hacerlo.
O partimos de una posición de clase contra clase o se cae en un democratismo pequeñoburgués que defiende las libertades en genérico, sin concretar para qué han de servir y quienes necesitan de ellas por encima de todos los demás grupos sociales.
Es obvio que como clase trabajadora necesitamos de un marco muy amplio e irrestricto de las libertades burguesas, por lo que es fundamental luchar por la derogación de los actuales Código Penal y Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Necesitamos ese marco porque la represión aleja a nuestra clase de la lucha, y su extrema debilidad organizativa, de identidad de clase y de conciencia de la necesidad de luchar lo requieren para poder levantar su resistencia; porque, no nos engañemos, en las circunstancias actuales apenas podemos plantearnos otros objetivos que no sean los de intentar organizar la resistencia y la reconstrucción organizativa. Pero, a su vez, nuestra clase no se fortalecerá si no defiende sus propios intereses al margen de los intereses de otras clases y se niega a dejarse guiar por los reformismos prosistema. La experiencia del PSOE en el gobierno desde la transición política, la “ilusión democrática” del 15M y las propuestas vacías de Podemos ya son más que suficientes experiencias de lo que cabe esperar de los “progres” que venden ideología pequeñoburguesa de clase media.
Es necesario definir qué es represión política y de clase hoy.
Cuando se habla de ella, la respuesta más inmediata es mencionar a quienes estuvieron a punto de ser condenados (como los 8 de Airbus) o a los que hoy están presos (Alfon, Andrés Bódalo, entre otros). Esos que hoy están presos son presos políticos, por mucho que diga el Estado español y todas sus instituciones que en este país no los hay. Lo son porque los motivos por los que han sido encarcelados son políticos, independientemente de los montajes policiales y la fabricación de pruebas falsas para llevarlos a prisión.
Pero también son represión política y de clase las multas -qué pueden llegar hasta los 600.000 €- que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) ha creado ex novo para reprimir la protesta social y a los periodistas alternativos que son testigos molestos y gráficos de la violencia policial en las calles (caso de Raúl Capín, multado con 1.260 €).
Represión política de clase es que el Ayuntamiento “del cambio” de Madrid abra y tramite un expediente sancionador, lo que equivale a la imposición de multas por valor de 1.600 euros, a los trabajadores del Hotel Marriott que protestaban por un ERE que pendía sobre las cabezas de 55 de ellos ¿Razón esgrimida por el Ayuntamiento presidido por la señora Carmena para la multa? Por “hacer mucho ruido” e incumplir la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica. Y todo por usar megafonía, silbatos y sirenas. El talante y la sensibilidad de la señora Carmena es el mismo que el de su predecesora la señora Botella y el del superpoli Fernández Díaz, cuando en su día propusieron un manifestódromo en Madrid, un apartheid para la protesta social, que bien podrían haber situado en El Cerro de los Locos de la Casa de Campo.
Represión política de clase es amedrentar al trabajador que protesta en la empresa por unas condiciones de trabajo inadecuadas, agotadoras o peligrosas o amenazar con el despido, que en muchos casos acaba ejecutándose porque hoy ya casi no hay despidos improcedentes, por intentar crear una candidatura sindical que no es del gusto de la empresa.
Y por supuesto, represión política de clase es amenazar desde la empresa a los trabajadores que van a huelga. Crear miedo entre los trabajadores a defender sus derechos es una forma de ejercer la represión política de clase.
Pero hay una represión política de clase fundamental que, a menudo, olvidamos. No tener trabajo supone el riesgo de ser condenado a la marginación social, verse aislado de la lucha de los trabajadores ocupados de nuestra clase, tener que concentrarse en el primer y fundamental objetivo de encontrar un nuevo empleo, a menudo con salarios y condiciones de trabajo indignos, autolimitarse en la lucha por temor a que la implicación en la misma pueda llegar a ser conocida por las empresas potencialmente contratantes.
No nos olvidamos de los miembros de nuestra clase inmigrantes. Se ejerce represión política de clase cuando se persigue y criminaliza e impide ganarse la vida a los manteros por parte de Ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona, exponentes de a dónde alcanza “lo nuevo” en política. Y se ejerce también en los CIES, auténticas prisiones pero sin garantías jurídicas para el preso. En ninguno de los dos casos encontraremos clases medias sino trabajadores y personas de muy escasos recursos. Es cínico limitar la crítica a la situación de ambos colectivos a una cuestión de ausencia de derechos humanos o de represión ene genérico, sin más.
El diferente acceso a la justicia es otra forma de marcar que “aún hay clases” y de ejercer la represión política de clase cuando las clases medias y altas logran su defensa jurídica mediante abogados caros y “de probada solvencia” (encausados en procesos por corrupción) y la clase trabajadora con limitados recursos ha de conformarse con los abogados de oficio, lo que representa reprimir la pobreza.
No basta con asumir una posición de respuesta política y de clase frente a la represión
Hemos señalado la necesidad de dar una perspectiva antiopresiva a la lucha necesaria por mantener abiertas las posibilidades de combate en libertad de la clase trabajadora. Ésta es una perspectiva que, lo que conocemos como “la izquierda”, nunca asumirá, porque no es una corriente política de clase sino pequeñoburguesa.
En cualquier caso quienes creemos en la lucha de clases vamos a seguir actuando en esa misma clave y creemos necesario dar ya un paso.
Es urgente superar cualquier visión parcelada, particular, aislada y descontextualizada de la represión política de clase.
La atomización de las solidaridades en múltiples plataformas de cada encarcelado dificulta el logro de la libertad de nuestros compañeros presos por luchar por los derechos de los trabajadores. A su vez, esa dispersión de plataformas hace que cada una de ellas no defienda con la misma energía la libertad de todos los demás reclusos por las mismas causas.
Apremia la necesidad de que cada plataforma mantenga conexión permanente con el resto, de tal forma que los apoyos particulares alcancen un nivel general de exigencia por la libertad de nuestros presos políticos de clase.
Todas las plataformas existentes por la libertad de nuestros prisioneros por ejercer la lucha de clases debieran exigir ya la consideración de los organismos internacionales de que nuestros reclusos sean considerados presos políticos.
Por este motivo desde el Espacio de Encuentro Comunista (EEC) creemos que urge constituir un grupo militante dispuesto a potenciar la unidad de acción de las mismas y a generar conciencia de que la represión política que hoy se ejerce desde el Estado burgués y sus aliados tiene un carácter de clase y ha de ser respondida igualmente desde una posición de clase, y no genéricamente antirrepresiva.
Dicho grupo debiera servir también para permear dentro del EEC la posición de clase de nuestra organización y la expresión de la misma en las luchas de las que participamos. Éste debiera mantener un papel de acompañamiento externo a dichas plataformas, acudiendo a las convocatorias de las mismas que defiendan cada reivindicación concreta para trasladar a ellas la necesidad de unidad de acción entre todas e intentar que asuman una posición de clase en las luchas.
Por encima de la reivindicación inmediata de cada caso concreto más sangrante es indispensable que seamos capaces de hacer visible lo que representa la represión política de clase en toda su extensión, de modo que nos sea posible influir sobre sectores alejados de la lucha más decidida lo que significa la represión desde el grado máximo, la pérdida de libertad, hasta el supuestamente mínimo, la pérdida de la voz ante lo injusto y opresivo.
Sólo si somos capaces de poner ante los ojos de nuestra clase lo que significa no atreverse a ser, hablar o a manifestarse, tener miedo a las represalias, ser perseguido por defender nuestros derechos o acabar en la cárcel, lograremos extender nuestra voz más allá de nuestras familias y nuestros más próximos y hacer que traspasen el acero de la puerta del silencio al que nos han condenado.
