Mantengamos y elevemos el nivel de la lucha en defensa de nuestras pensiones



 

Los pensionistas continúan con su lucha, que va a ser sostenida a lo largo del tiempo. Aciertan en este planteamiento porque el ataque a las pensiones no viene de hoy y previsiblemente será un comportamiento que se repita en un futuro, con el PP en el gobierno o con otro partido del arco parlamentario que le suceda.

Para comprender lo que está sucediendo con el ataque a las pensiones por el Gobierno actual, el empresariado y los medios de comunicación del capital, es necesario repasar brevemente la historia de las reformas de las pensiones en los últimos 33 años. Ello nos permitirá ganar en perspectiva. Dicho ataque no nace de la nada ni es un hecho sin precedentes.

Tras el fin de la fase expansiva de la posguerra que se puso de manifiesto en la crisis de 1973, el capital se lanzó a la ofensiva contra los gastos sociales y los derechos laborales, buscando así aumentar su menguante beneficio. Ello les abría, además, la posibilidad de transformar en negocio privado lo que los trabajadores habían convertido, tras décadas de lucha, en servicios públicos. La voluntad de abrir paso a los planes de pensiones privados coincide en España con el período en el que el neoliberalismo se implanta en Estados Unidos (Ronald Reagan) y en Gran Bretaña (Margaret Thatcher). En España, esa voluntad privatizadora la inicia el gobierno del PSOE, con Felipe González, el cual mientras con una mano hizo algunas políticas redistributivas por la vía fiscal, con la otra adelgazó la parte pública del Estado.

Así en el año 1985 (Ley de 26/85) se modificó el período de cálculo para la base reguladora de jubilación e invalidez, pasándose de 2 a 8 en jubilación y a 5 en invalidez. Del mismo modo, para alcanzar el derecho a percibir una pensión se pasó de los 10 años a los 15 de cotización.

En 1997 (Ley 24/97), con Aznar, se aprueba nueva legislación sobre pensiones, de acuerdo a lo establecido en el Pacto de Toledo. Esta ley modifica el período de cálculo de la jubilación, que pasa de 8 a 15 años. Igualmente se modifica el porcentaje de cotización para la jubilación de tal modo que, si antes por 15 años cotizados se cobraba el 60% del salario y con 35 años el 100%, con esta ley se rebaja al 50% por 15 años, aunque se mantiene el 100% por 35 años cotizados. Si la reforma del 85 fue firmada por PSOE (en el Gobierno) y empresarios, la de 1997 fue firmada por PP, PSOE y algunos grupos de la derecha nacionalista, empresarios y CCOO y UGT.

Conviene señalar que el Pacto de Toledo del año 1995 representa el gran golpe a las jubilaciones. Éste estableció la doble fuente de financiación de las pensiones. Mientras las contributivas pasaron a depender fundamentalmente de las cotizaciones de los trabajadores, las no contributivas han sido las únicas que han continuado dependiendo de los Presupuestos Generales del Estado.

En 2007 (Ley 40/2007), de acuerdo a los pactos establecidos en 2006 entre los mismos grupos que en 1997, la principal “innovación” en la reforma de las pensiones consistió en que, para acreditar el período mínimo de cotización necesario para poder acceder a la pensión (15 años), se computaron sólo los días efectivos de cotización y no los correspondientes a las pagas extraordinarias. De este modo, esta modificación se fue introduciendo progresivamente, pasando de los 4.700 días a los 5.475 de cotización real para alcanzar el derecho y porcentaje de pensión.

En el período de reformas de las pensiones que va de 2010 a 2013, que tiene su punto central en la última etapa del gobierno Zapatero en 2011, y continuada por el gobierno Rajoy, se producen una serie de modificaciones legislativas que significan un mazazo histórico a las pensiones y a los propios pensionistas. Dichas reformas fueron consecuencia de un pacto entre los mismos grupos que en las dos anteriores. Supusieron cambios en la edad de jubilación, que pasó de los 65 a los 67 años, manteniéndose a los 65 solo en cotizaciones superiores a los 38 años y 6 meses. Éste fue el período obligatorio para alcanzar el 100% de la jubilación. Se aumentó el período de años tomados para establecer la base regulatoria, pasando de 15 a 25 años. La edad de jubilación voluntaria pasó de los 63 a los 65 años.

El objetivo de los gobiernos del PSOE y del PP y de la patronal, aceptado por CCOO y UGT, durante este conjunto de reformas, ha sido el de ir quitándose de encima un gran número de trabajadores con derecho a pensiones suficientemente dignas mediante el incremento de años de cotización y de años para establecer la base regulatoria, así como del porcentaje que la jubilación representaba respecto al salario de los últimos años.

Objetivo conseguido: hoy el 51,85% de las pensiones se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que es de 735,90 €, y un 68,28% no sobrepasa los 1.000 € mensuales. Debemos tener en cuenta que los pensionistas en muchos casos son el sostén principal de 3 generaciones (ellos mismos, hijos y nietos).

Con salarios como los señalados, entrar en la trampa de la actualización de las pensiones al IPC es perder la batalla porque, por un lado, con unas pensiones de miseria, incrementarlas en un 1,5% del IPC equivaldría a menos de 15 € mensuales para las pensiones de 1.000 € y la mitad para las de 500; y porque, por el otro, no garantizarían la sostenibilidad de un sistema que requiere estabilidad en su financiación. Para ello debemos exigir el fin del Pacto de Toledo, origen de la doble fuente de financiación de las pensiones, la vuelta de todas ellas a los Presupuestos Generales del Estado, pues son derechos históricos como la enseñanza o la sanidad y, por tanto, es responsabilidad del Estado garantizar su mantenimiento. Así mismo debemos exigir el incremento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, pues durante toda nuestra vida laboral hemos sido su fuente de riqueza. Evitemos las trampas del reformismo sindical y de los gobiernos y su “oposición”.

Pero junto a ello es necesario que toda la clase trabajadora, independientemente de cuál sea la situación de cada cuál (parados, ocupados, pensionistas), entienda que la garantía de unas pensiones dignas es un empleo estable, que permita un período suficiente de cotización, la demanda de más empleo y de unos salarios dignos, que aseguren unas cotizaciones suficientes.

La defensa de las pensiones públicas no es un problema solo de los pensionistas sino de toda la clase trabajadora en su conjunto, incluso antes de incorporarse al empleo, y la reivindicación de la dignidad y el sostenimiento del sistema de pensiones requiere también de una batalla por el empleo y por los salarios.

Como trabajadores no es nuestra responsabilidad dar alternativas al mantenimiento del sistema público de pensiones, pero sí denunciar el interés espurio que hay por parte de gobiernos, “expertos”, empresarios y sector financiero en atemorizar a la clase trabajadora para que acepte la imposición de peores pensiones y el chantaje del miedo para que suscribamos planes de pensiones privadas que solo unos pocos podrían suscribir. Junto a ello debemos exigir que el Estado capitalista garantice nuestras conquistas o se atenga a las consecuencias de una creciente movilización, tensión y enfrentamiento político y social.

 

 

por Espacio de Encuentro Comunista.

 

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