Sigue la represión, ahora combinada con el ataque a las pensiones

Espacio de Encuentro Comunista Publicado el 15 Feb 2017

Cada nuevo paso que da el gobierno español en sus objetivos de estabilidad presupuestaria y de “recuperación económica” para el capital, no para los trabajadores, es un nuevo recorte a nuestros derechos.

Tras la subida del IVA, vienen ahora las amenazas sobre la viabilidad del sistema de pensiones, con el objetivo de ir “mentalizando” a la población para que, quienes puedan, se hagan planes de pensiones privados. No hay un solo paso que dé este gobierno que no busque impulsar algún área de negocio del capital, mediante la destrucción de las conquistas sociales de la clase trabajadora y la trasferencia de lo público a lo privado.

Para reforzar el objetivo de crear un “estado de alarma” en torno a las pensiones, el gobierno actual, a través de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), un organismo “independiente” que el gobierno se ha sacado de la manga, a instancias del capitalismo europeo representado por la UE, para dar aspecto de “objetividad” a las malas noticias que traslada a la clase trabajadora, ha dado a conocer que los pensionistas españoles perderán poder adquisitivo “al menos hasta 2022”. Señala que dicha pérdida puede alcanzar alrededor de un 7% en este período lo que, dado el bajo nivel medio de las pensiones, supone arrojar a un mayor riesgo de pobreza a amplias capas de pensionistas.

Mientras tanto, la patronal de los seguros airea lo que el gobierno ya ha cuestionado, la difícil sostenibilidad del sistema público de pensiones para, como aves carroñeras, lanzarse sobre los salarios actuales de los trabajadores, inferiores a la media europea y cuya precariedad laboral es una de las más altas de la UE, y robarles un pellizco más de los mismos, a través de la suscripción de planes de pensiones, bajo la amenaza de que en el futuro las de carácter público desaparecerán.

Llamativamente, ninguno de los partidos presentes en el Congreso de los Diputados, y representados en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, señala el hecho de que es precisamente el Pacto de Toledo uno de los causantes de la actual crisis de las pensiones, al abrir una doble vía de financiación de las mismas (cotizaciones del trabajador en las contributivas e impuestos en las no contributivas) en lugar de hacerlas todas depender de los Presupuestos Generales vía impuestos. La otra causa de los riesgos a los que el gobierno y el capital someten a las pensiones, con el sistema actual de financiación adoptado en 1995 con el Pacto de Toledo, es la precariedad laboral y los bajos salarios, que dificultan enormemente unas cotizaciones salariales suficientes.

Las pensiones públicas no son una cuestión que afecte solo a un colectivo de trabajadores concretos. AFECTAN A TODA NUESTRA CLASE. No son tampoco un “derecho otorgado” sino una conquista social lograda con nuestra lucha.

Por ese mismo motivo es necesario incrementar la presión de la lucha en la calle y la organización de nuestra clase para esa lograrla, siendo conscientes de que mientras aceptemos el sistema capitalista como marco de relación laboral y social, nuestras condiciones de vida, a la larga, no harán otra cosa que empeorar.

En el contexto del creciente empobrecimiento de la clase trabajadora española, producto de las políticas del PP y primero del PSOE y de las brutales condiciones de precariedad en el empleo y de salarios de miseria que imponen los empresarios, parcelar la pobreza en partes (“pobreza energética”, “pobreza habitacional”, “pobreza vegetal”, “pobreza laboral”), como hace el reformismo, es un modo sucio y cómplice de negar la pobreza en sí misma. No se es pobre para determinadas necesidades básicas y no pobre para el resto. Y las causas de la pobreza las hemos señalado: están en los bajos salarios y pensiones y en el hecho de que menos de la mitad de los parados cobren subsidio de desempleo.

Queremos mostrar nuestra solidaridad con los estibadores portuarios, para los que la liberalización de los puertos españoles ha abierto la puerta a la de la contratación, que dará paso a la precarización de su situación laboral, con la posible entrada de ETT´s en el sector, y a una rebaja salarial que el gobierno y la patronal de empresas portuarias pretenden situar en un 60% menos. No hay trabajadores privilegiados. Aquellos que aún mantienen buenas condiciones contractuales y salariales es porque han luchado decididamente por conquistarlas y lo han logrado a base de sacrificio y represión. Los privilegiados son los directivos y altos ejecutivos de empresas que cobran millones de euros al año, arrancándoselos a la riqueza que producen sus trabajadores.

A medida que la toma de conciencia de la clase trabajadora se incremente, la represión se agudizará

Las reformas del Código Penal y de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana no se produjeron por casualidad. El capital y sus gobiernos necesitaban anticipar la posibilidad de un incremento de la tensión y las luchas sociales.

Tímidamente, una vez visto que tras la “ilusión por lo nuevo” solo había palabrería hueca y circo mediático, destinados a vaciar las calles de la protesta social y a sustituirla por esperanzas en las urnas, las movilizaciones empiezan a recuperarse.

Ello está trayendo más represión. Represión que es política y de clase porque el Estado, su principal ejecutor, gobierne quien gobierne, respetando las reglas de juego del capital y de su arquitectura legal, es el de una clase social concreta: la burguesía capitalista.

El Estado, con sus instituciones judiciales, sus tres administraciones (central, autonómica y municipal), sus aparatos policiales y su legislación, tiene por función que una clase social reprima a otra.

Reforzando la acción represora del Estado, los empresarios convierten la empresa en un mandarinato en el que cualquier aspecto que cuestione las reglas del juego es amonestado o sancionado. La representación colectiva de los intereses de los trabajadores se convierte en ficción y, cuando se intenta ejercer de verdad, la persecución al sindicalista es la norma general.

Los medios de comunicación del capital, privados o públicos, criminalizan las resistencias contra el capital, acusando a la protesta de violenta, y buscan la desmovilización, culpando a quienes luchan de poner en peligro una recuperación económica que los trabajadores no vemos por ningún lado. Quieren que acatemos las políticas antiobreras y nos autocensuremos incluso la palabra.

Cualquier lucha antirrepresiva ha de partir de dos conceptos clave: la represión es de una clase social contra otra y es política porque quienes impulsan y aplican la austeridad toman una decisión política. Quienes la impugnamos adoptamos y asumimos una postura política al hacerlo.

O partimos de una posición de clase contra clase o caemos en un democratismo pequeñoburgués que defiende las libertades en genérico, sin concretar para qué han de servir y quiénes necesitan de ellas por encima de todos los demás grupos sociales.

Nuestra clase no se fortalecerá si no defiende sus propios intereses, al margen de los intereses de otras clases, y se niega a dejarse guiar por los reformismos prosistema. La experiencia del PSOE en el gobierno desde la transición política, la “ilusión democrática” del 15M y las propuestas vacías de Podemos son más que suficientes para saber qué cabe esperar de los “progres” con su ideología de clase media.

¿Qué es represión política y de clase hoy?

Cuando se habla de ella, la respuesta más inmediata es mencionar a quienes estuvieron a punto de ser condenados (como los 8 de Airbus), a los que hoy están presos (Alfon, Andrés Bódalo o Nahuel, entre otros). Estos son presos políticos, por mucho que diga el Estado español y todas sus instituciones que en este país no los hay. Lo son porque los motivos por los que han sido encarcelados son políticos.

Denunciamos el comportamiento canallesco e indecente de Podemos como partido, y de sus diputados en el Congreso, con uno de los suyos, Andrés Bódalo, a quien han dejado tirado e ignorado tras la negativa del gobierno a concederle el tercer grado penitenciario.

Pero también las multas, que pueden llegar hasta los 600.00 €, son una forma de represión política y de clase. La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) fue creada ex novo para reprimir la protesta social y a los periodistas alternativos que son testigos molestos y gráficos de la violencia policial en las calles (caso de Raúl Capín, multado con 1.260 €).

Represión política de clase es amedrentar al trabajador que protesta en la empresa por condiciones de trabajo inadecuadas, agotadoras o peligrosas o amenazar con el despido (ya casi no hay despidos improcedentes,) por crear una candidatura sindical contraria al gusto de la empresa.

Represión política de clase es que la empresa amenace a los trabajadores que van a la huelga. Crear miedo entre los trabajadores a defender sus derechos es ejercer la represión política de clase.

Hay una represión política de clase fundamental que solemos olvidar. No tener trabajo supone el riesgo de ser condenado a la marginación social, verse aislado de la lucha de los trabajadores ocupados, tener que concentrarse en el objetivo fundamental de encontrar un nuevo empleo, autolimitarse en la lucha por temor a que la implicación en la misma pueda llegar a conocerse por las empresas potencialmente contratantes.

Los inmigrantes son miembros de nuestra clase. Se ejerce represión política de clase cuando se persigue, criminaliza e impide ganarse la vida a los manteros por Ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona, exponentes de a dónde llega “la nueva política”. Se ejerce también en los CIES, prisiones sin garantías jurídicas para el preso. En ninguno de los dos casos encontraremos clases medias sino trabajadores y personas de muy escasos recursos. Es cínico limitar la crítica a la situación de ambos colectivos a la falta de derechos humanos o de represión en genérico, sin más.

Es cínico que gran parte de los “progres” se rasguen las vestiduras ante la terminación de la valla entre Estados Unidos y Méjico que pretende hacer Trump y callen ante la existente en Melilla, que está costando vidas y heridos.

No basta con asumir una posición de respuesta política y de clase frente a la represión

Es urgente superar cualquier visión parcelada, particular, aislada y descontextualizada de la represión política de clase.

La atomización de las solidaridades en múltiples plataformas de cada encarcelado dificulta el logro de la libertad de nuestros compañeros presos por luchar por los derechos de los trabajadores. A su vez, esa dispersión de plataformas hace que cada una de ellas no defienda con la misma energía la libertad de todos los demás reclusos por las mismas causas.

Se hace necesario que cada plataforma se conecte con el resto, de tal forma que los apoyos particulares alcancen un nivel general de exigencia por la libertad de nuestros presos políticos de clase.

Por este motivo desde el Espacio de Encuentro Comunista (EEC) hemos constituido un grupo militante dispuesto a potenciar la unidad de acción de las mismas y a generar conciencia de que la represión política, que hoy se ejerce desde el Estado burgués y sus aliados, tiene un carácter de clase y ha de ser respondida igualmente desde una posición de clase, y no genéricamente antirrepresiva. Te invitamos a participar en ella, poniéndote en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico: encuentrocomunista@yahoo.es

Por encima de la reivindicación inmediata de cada caso concreto más sangrante, es indispensable que hagamos visible lo que es la represión política de clase en toda su extensión, para influir en la conciencia de los sectores alejados de la lucha más decidida y ayudarles a comprender lo que es la represión, desde el grado máximo, la pérdida de libertad, hasta el supuestamente mínimo, la pérdida de la voz ante lo injusto y opresivo.

Solo si somos capaces de poner ante los ojos de nuestra clase lo que significa no atreverse a ser, a hablar o a manifestarse, tener miedo a las represalias, ser perseguido por defender nuestros derechos o acabar en la cárcel, lograremos extender nuestra voz más allá de nuestras familias y nuestros más próximos y hacer que traspasen el acero de la puerta del silencio al que nos han condenado.

 

Llamamos a apoyar las manifestaciones de las Marchas por la Dignidad del próximo sábado 25 de Febrero.

 

Por unas pensiones públicas dignas. ¡No al Pacto de Toledo!

Por trabajo estable y salarios dignos: Derogación de las reformas laborales

Por la la libertad de todos los presos detenidos y procesados por luchar.

Por el no pago de la deuda. ¡Fuera la UE y el FMI!

 

 


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