Introducción

 

Hace unos días se publicó el último informe de la OCDE sobre la situación económica de España. El último databa del año 2014. Como siempre que se publica un informe sobre nuestro país realizado por un organismo internacional (OCDE, FMI, etc), los periódicos reflejan en su portada al día siguiente las supuestas conclusiones del informe. Incluso los medios progresistas encuentran en estos textos titulares con los que acusar al Gobierno español de ser demasiado liberal, ya que el propio organismo -la OCDE en este caso- parece considerar que en nuestro país se ha cruzado determinada frontera social no deseable. Así, podemos leer en “eldiario.es”: “El informe ‘Estudios económicos de la OCDE: España 2017’ alerta de que la crisis ha dejado unas cicatrices que menoscaban el bienestar, sobre todo los niveles muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad” o en El País: “‘La pobreza también ha aumentado, debido principalmente a la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo y unos ingresos adecuados’. Para remediarlo, la organización reclama medidas contra la pobreza y esfuerzos para subir la productividad”.

Este enfoque es totalmente engañoso, algo que revela una lectura completa y en detalle del informe. Así, la propia organización que lo redacta se jacta de que nuestro país ha seguido con disciplina las recomendaciones del informe anterior, lo que la hace cómplice de las consecuencias que ahora dice rechazar. Por otro lado, el análisis de las razones del desajuste no tiene nada de científico o imparcial, pues por un lado parte de la inevitabilidad de unos ciertos axiomas económicos que considera indiscutibles, y por otro lado carga sistemáticamente la responsabilidad de los desajustes en las espaldas de una clase social, exonerando a otra con diferentes excusas. Por último, las recetas que aconsejan aplicar en los años sucesivos parten de ese análisis desequilibrado, con lo que vuelve a solicitar una vuelta de tuerca más a la presión que ya soportan aquellos a los que dicen querer ayudar.

Un análisis pormenorizado del informe parece necesario. Por un lado, para aclarar la engañosa incoherencia de tener a una institución global del capitalismo acusando a un Gobierno de su palo de actuar precisamente de acuerdo a sus dictados. Por otro lado, porque las recomendaciones que realmente da el informe (más allá de lo que parece derivarse de los titulares) será la guía de la política económica y social de este u otro Gobierno capitalista en nuestro país en los próximos años.

Veamos un desglose según distintos conceptos.

 

Gasto público

 

El informe comienza por saludar las reformas estructurales (reforma laboral, de las pensiones, rescates bancarios, LOMCE, topes de déficit, etc) que ha realizado el Gobierno de Mariano Rajoy en su primer mandato, considerándolas como el motivo de la supuesta recuperación que ahora vivimos. Como recomendación, no sugiere más que proseguir con valentía por el mismo camino. Sugiere mantener el gasto público al ralentí además de obtener nuevos ingresos a través de eliminar ciertas exenciones al Impuesto sobre la Renta, sacar ciertos productos del IVA reducido o incrementar ciertos impuestos especiales, en particular los impuestos verdes. Los datos sobre las pensiones son de tal relevancia que merecen un apartado propio.

 

Pensiones

 

El informe se suma al coro de los que nos predicen los peores males si nos empeñamos en mantener las pensiones públicas.

La OCDE vuelve a felicitar a los Gobiernos anteriores por la valentía demostrada con las reformas de las pensiones realizadas en 2011 y en 2013. Como ejemplo de lo beneficiosas que van a ser, presenta datos sobre cómo se van a ver reducidas las pensiones públicas en el futuro gracias a estas reformas. Como no parece muy ilustrativo decir que el gasto en pensiones del año 2060 va a suponer un 2,5% menos del PIB que en el año 2013, vamos a presentar dos ejemplos muy visuales tomados del mismo informe.

El primer ejemplo (Figura 1) afecta a la pensión máxima, la que pueden cobrar los trabajadores que han cotizado cuarenta años. Compara el salario que cobran el mes antes de jubilarse con la pensión que cobran justo el primer mes de su jubilación. Pues bien, tomando el salario como 100%, podemos ver cómo la pensión que cobrarán los nuevos jubilados del año 2053 (columna amarilla) será sensiblemente inferior a la que cobran los que se jubilaron en el año 2013 (figura roja).

Fig. 1

 

Es decir, la OCDE considera un motivo de felicitación una reducción en la pensión a cobrar por los trabajadores que han cotizado toda su vida laboral.

Pero aún más sangrante es la reducción en la pensión media, aquella que compara el salario medio con las pensiones medias. Pues bien, en la Figura 2 podemos ver cómo, siendo el salario medio la referencia (columna azul), la pensión media del año 2060 (columna amarilla) será enormemente inferior a la del año 2013 (columna roja).

Fig. 2

 

El efecto de la reforma es mucho más drástico en este segundo caso ya que la predicción prevé que todos los que ahora salen y entran del mercado laboral afectados por el paro, la temporalidad y el desempleo juvenil, no van a poder cotizar nunca para obtener la pensión máxima.

Pero la OCDE no ve suficiente esta progresiva caída de las pensiones que afectará con el máximo rigor a los jóvenes actuales. Proponen nuevos recortes “imaginativos” y “valientes”, como se podría catalogar en el lenguaje neoliberal la propuesta de suprimir las pensiones de viudedad, dejándolas sólo para casos de necesidad, algo que esta organización internacional reclama a nuestro país desde el año 2010.

 

Cotizaciones a la Seguridad Social

 

El informe incluye las cotizaciones a la Seguridad Social en el apartado genérico de impuestos, pero una visión de clase aconseja extraerlas a un apartado propio. El retorcimiento del lenguaje que aplica la OCDE es realmente sibilino, haciendo pasar por un mensaje progresista lo que no son más que nuevos ataques a los trabajadores. Así, comienza diciendo que los impuestos sobre el trabajo en nuestro país son muy elevados, lo que, en una lectura superficial, parecería indicar que están apostando por más impuestos sobre el capital. Sin embargo, resulta que la OCDE incluye en los impuestos sobre el trabajo las cotizaciones sociales, tanto la parte que paga el trabajador como la que paga el empresario. Y lo que al final acaban reclamando es la reducción de las cotizaciones sociales a cargo del empresario.

En primer lugar, felicitan al Gobierno por la medida que tomaron entre febrero de 2015 y agosto de 2016 de hacer exenta a la empresa de la base de cotización correspondiente a los primeros 500€ de un contrato indefinido. Proponen incorporar este descuento al empresario como una bonificación permanente en todos los contratos a trabajadores de bajo salario.

Llegados a este punto hay que observar la relación entre el apartado previo, referente a las pensiones públicas, y el apartado referente a las cotizaciones a la Seguridad Social. El hecho de que la OCDE considere adecuado simultáneamente una reducción de la pensión que reciben los trabajadores (el gasto) y de la cotización que se aplica a los empresarios (el ingreso), quiere decir que la OCDE está abogando por una transferencia neta de dinero desde la clase trabajadora a los capitalistas. Lo que los últimos dejan de pagar como reducción de cotizaciones sociales, los primeros lo dejan de cobrar como pensiones -salario diferido-.

 

Impuestos

 

Ya se han adelantado antes algunas de las recomendaciones que la OCDE hace en materia de impuestos, pero veámoslas en detalle. En linea con la política fiscal capitalista de las últimas décadas, la apuesta continúa por la conversión de los impuestos directos, más progresivos, por impuestos indirectos.

El IVA es uno de los impuestos cuyo reforzamiento se reclama una vez más. Una subida del tipo máximo no parece muy recomendable, pues ya estamos en los niveles más altos de los países de la OCDE. Sin embargo, sí que es posible todavía aumentar su recaudación mediante el recurso a suprimir las exenciones que ahora disfrutan determinados artículos de primera necesidad.

Una vez más, la excusa que se ofrece toma tintes aparentemente progresistas. El informe aduce que determinados tipos de IVA reducido benefician más a los ricos que a las clases populares. Ofrecen como justificación otro informe de la propia OCDE del año 2014. Cuando uno acude a ese informe se encuentra con que la supuesta justificación no es más que un razonamiento de perogrullo recogido en una simple frase. Dado que los hogares con más ingresos hacen más gasto en comida (catalogada obviamente como bien de primera necesidad) que los hogares con menos recursos, un IVA reducido repercute en más beneficio neto para un hogar rico. Es decir, nos propone a los trabajadores que nos saquemos un ojo por la alegría de ver a los capitalistas perder los dos. Lo que este razonamiento no quiere ver, como ocurre en general con toda conversión de impuestos directos en indirectos, es que los trabajadores se suelen gastar practicamente el cien por cien de su salario cada mes en sobrevivir, mientras que los capitalistas gastan una parte, ahorrando el resto. Esto quiere decir que el IVA afecta al total del salario del trabajador, y solo a la parte gastada de los ingresos del capitalista. Así pues, una subida del IVA en los artículos de primera necesidad, siendo más elevada en términos netos para el capitalista, es mucho más agresiva en términos relativos para el trabajador, que ve reducida su capacidad de consumo global mensual.

También se apuesta por una mayor extensión de los impuestos catalogados como “verdes”, que en nuestro país están por debajo de la media de la OCDE. Especial hincapié se hace en la subida de los impuestos sobre el diésel que, siendo un combustible más contaminante que la gasolina, tiene un menor porcentaje de impuestos en nuestro país. Siendo esto cierto, es sorprendente que durante décadas se haya estado fomentando la venta de vehículos diésel con esta diferencia de impuestos y, ahora que una parte importante del parque automovilístico usa este combustible, se cambien las reglas del juego y se eleven súbitamente los impuestos al nivel de la gasolina. Obviamente, los hogares que no puedan permitirse cambiar de vehículo de un día para otro serán los que se verán atados al pago de este impuesto hasta el día que la necesidad les obligue a comprar un nuevo coche. Las predicciones de la OCDE sugieren que se podrían obtener 4.000 millones de euros extra con solo equiparar la carga de impuestos del diésel al nivel de la gasolina.

Igual se puede decir de la deducción en el IRPF del pago de la primera vivienda que, aunque ya no es posible para las compras realizadas a partir de 2013, todavía persiste para los que la compraron con anterioridad. La OCDE aboga por suprimir esta deducción tajantemente con efecto retroactivo, sin tener en cuenta los ingresos de cada contribuyente, una medida que, nuevamente, tendrá un impacto muy superior en un hogar modesto que en un hogar de altos ingresos.

El informe saluda la exención del pago del IRPF a los trabajadores que ganan menos de 12.000€ al año y anima a mantener esta tónica.

Por último, se hace referencia al Impuesto de Sociedades, valorando positivamente la reducción del tipo general del mismo desde el 30% al 25%. En cuanto a la pretensión del gobierno -todavía por demostrar- de reducir exenciones y ampliar la cantidad recaudada de este impuesto, el informe ofrece un tibio apoyo pero advierte de que un movimiento semejante pueda hacer a nuestro país menos atractivo para la inversión que los del entorno. ¡Ahí queda el recadito!

 

Derechos laborales

 

Quizás baste decir que el informe considera muy acertadas las reformas laborales acometidas por el PSOE y por el PP, y que sólo apuesta por endurecer los aspectos de las mismas que se han demostrado como insuficientes. Pero, dado que los deseos de los organismos internacionales son ordenes para el Gobierno, vamos a enumerar los consejos de la OCDE pues posiblemente serán tema de debate en los próximos meses.

La OCDE comienza por considerar que la compensación por despido injustificado es todavía demasiado alta en nuestro país. En linea con la retórica empleada en el resto del texto, la OCDE apoya esta recomendación en la necesidad de combatir una lacra de nuestro mercado laboral: la elevada tasa de temporalidad. Es decir, después de haber fomentado por todos los medios la contratación temporal, ahora hay que combatirla mediante la pérdida de derechos de los trabajadores fijos. No es más que un paso adicional hacia la igualación de derechos laborales por abajo, convergiendo todos los trabajadores hacia las peores condiciones laborales posibles. No es precarización, es proletarización.

En cuanto a la negociación colectiva, los avances -retrocesos para los trabajadores- logrados en la reforma laboral de 2013 se consideran insuficientes. Un punto en concreto centra gran parte de la atención de la OCDE: el que el máximo de empresas se aprovechen del debilitamiento de la negociación colectiva.

En concreto, propone que la legislación actual, que permite a las empresas “descolgarse” del convenio ante causas cada vez más laxas, dé un vuelco de 180 grados, haciendo que la negociación colectiva no genere vinculación para el empresario. Es decir, en un escenario totalmente inédito, las empresas en lugar de “salirse” del convenio, deberían adherirse voluntariamente a él.

En un nuevo juego de palabras engañoso, la OCDE aboga por una mayor representatividad en la negociación colectiva. El truco está en quién considera esta organización que está actualmente insuficientemente representado, y se desvela cuando comprendemos que se están refiriendo a los empresarios. En opinión de la OCDE, en las mesas de negociación actuales están representados los grandes empresarios y los trabajadores, y están excluidos los pequeños y medianos empresarios. Esto es considerado un desequilibrio, ya que los grandes empresarios -con sus costosos departamentos de recursos humanos- negocian según su propia capacidad de aprovechamiento de los acuerdos, capacidad que no es compartida por los empresarios más pequeños. La presencia de organizaciones de la pequeña y mediana empresa en la mesa de negociación haría, según la OCDE, que los acuerdos beneficiosos para los empresarios fueran de aplicación más rápida y extensa al conjunto de las empresas.

 

Desempleo y gasto social

 

Un informe sobre España no podría quedar completo si no abordara la situación de desempleo y subempleo masivo que vive nuestro país. El documento de la OCDE no esconde los índices de desempleo -general, juvenil y de larga duración-, la alta tasa de temporalidad no deseada o los porcentajes de pobreza -extendida incluso entre los que tienen un empleo- general o infantil. Al menos tienen la vergüenza -que no tienen otros- de no hablar de “pobreza energética” u otros tipos de extrañas pobrezas parciales.

Sin embargo, la tendencia manifiesta es a usar este panorama como introducción para justificar la reducción de derechos a los que disponen de un trabajo o para restar futuros derechos a los que pretenden ser admitidos en el mundo laboral. También se cargan mucho las tintas en la supuesta falta de preparación de los desempleados, minimizando realidades como la alta tasa de emigración de universitarios o el nivel de experiencia de los parados de mayor edad. Este discurso descarga en el Gobierno la responsabilidad de ponerles al día, pero no puede escaparse el mensaje implícito de culpabilización del parado por su supuesta falta de preparación.

Ya hemos comentado cómo en otros aspectos -reducción de cotizaciones sociales o exención de IRPF- se intenta promover la creación de empleos de bajo salario. También se usan con este fin determinadas prestaciones sociales.

En esta linea de soluciones imaginativas de que hace gala la OCDE, se recomienda la compatibilización de la prestación por desempleo con la incorporación a un trabajo remunerado en un puesto de salario reducido. Así, un trabajador que es contratado con un sueldo bajo, seguiría cobrando un porcentaje del paro al que aún tenía derecho para compensar la escasa remuneración y evitar que el trabajo no le compense.

De igual forma, se alaba con mucha insistencia las iniciativas de Renta Básica que han asumido distintas Comunidades Autónomas, aconsejando al Gobierno central que las institucionalice a nivel nacional y las enfoque según un patrón definido. Para la OCDE estas Rentas Básicas deberían jugar un papel central en aliviar los niveles más extremos de pobreza -con incidencia especial en los casos de pobreza infantil-. Pero también abre la puerta a la investigación en el uso de la Renta Básica como mecanismo compensador en los casos de bajos salarios, abundando en la linea anteriormente seguida con la prestación por desempleo.

Se dibuja en conjunto un interés de los autores del informe por la estabilización en nuestro país de un porcentaje de trabajadores permanentemente ubicado en el trabajo de baja cualificación y sueldos reducidos, con entradas y salidas en la actividad laboral según la necesidad del empleador y con las ayudas públicas actuando de colchón amortiguador que haga que la situación no estalle.

 

Conclusiones

 

Las organizaciones económicas internacionales no son neutras, no juegan en ningún momento en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, sus informes públicos van a tener una amplia difusión, por lo que deben tener un gran cuidado por presentar un titular aparentemente bienintencionado, incluso progresista. Pero una vez vertidas estas lágrimas de cocodrilo, el fondo apunta inexorablemente por la linea de ataque meticuloso contra las conquistas de los trabajadores que guía todo el entramado capitalista.

Más allá del tirón de orejas que los grandes medios, siempre condescendientes con el capital, creen apreciar en una lectura superficial del informe en cuestión, la OCDE felicita efusivamente al Gobierno de Mariano Rajoy (cuyo “éxito” reclama compartir), apunta en qué objetivos se ha quedado corto y señala blancos para nuevos puntos de ataque.

La OCDE da cuenta del panorama de desigualdad, pobreza, inseguridad y de pérdida general de calidad de vida que los ajustes han traído a los trabajadores españoles. Pero también da cuenta de la “recuperación”, calificando como tal el incremento del PIB que se ha mantenido en los últimos meses. La suma de esos dos componentes de la ecuación da un resultado incontestable: si el PIB ha crecido y los trabajadores estamos en peores condiciones, quiere decir que la “recuperación” ha caído íntegra en manos del capital, el otro elemento en discordia. Frente a esto, la OCDE aboga por continuar por la senda de los ajustes, volcando más la balanza del lado de los beneficios empresariales.

Por otra parte, una vez asentada mediante el chantaje del desempleo masivo la rebaja sustancial del coste del trabajo, es hora de devolver cierta estabilidad al sistema. En esta linea hay que entender la llamada de la OCDE a favorecer la estabilización en un trabajo -eso sí, de mínima calidad- a la inmensa cantidad de trabajadores que ahora andan a salto de mata. También en esta linea hay que entender recientes movimientos del Gobierno del PP, como la promesa de convertir en funcionarios a una gran parte de los interinos que ahora prestan servicio en la administración. No se está creando empleo nuevo -ni siquiera se apuesta por hacerles fijos a todos, un porcentaje de incertidumbre siempre es necesario para que no se envalentonen-, sino devolviendo una mínima estabilidad que favorezca que estos trabajadores consuman con más confianza y den aliento al maltrecho crecimiento de las economías de centroeuropa, que no tienen quien les compre.

Mientras tanto, nuestro país adapta a los nuevos tiempos un modelo que nunca nos ha abandonado: el de país de servicios y productos de bajo valor añadido, de pequeñas y medianas empresas incapaces de desarrollar la productividad de los países del capitalismo central, que compite con la única baza de tirar el precio del trabajo por debajo de los ya maltrechos niveles del pelotón de cabeza. Es en este escenario donde cobran sentido las recomendaciones de la OCDE por un refuerzo de la FP, por un tipo de contrato de bajo salario sin cotización social del empleador, por el mantenimiento de un mínimo exento del IRPF para bajos salarios, por un desempleo a cobrar mientras se trabaja o por una renta mínima de inserción como ayuda complementaria a los subempleados. Todo apunta más a un asentamiento del subempleo institucionalizado que a un deseo de supresión del mismo.

Esta es toda la recuperación que puede ofrecernos el capitalismo.