No es cierto que exista una política que beneficie a todos; los gobiernos representan los intereses de la clase social dominante. En una economía capitalista el incremento del beneficio empresarial supone el empeoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores. Y si esto es menos perceptible en fases de crecimiento, se manifiesta con toda su crudeza durante las crisis. Tanto el actual gobierno del PP como el último de Zapatero han hecho todo lo necesario para recuperar la tasa de ganancia del capital.
En el manifiesto del primero de mayo de hace dos años ya lo decíamos bien claro: El constante empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras no es consecuencia de la corrupción de un puñado de políticos, ni de la gestión de un gobierno reaccionario, ni el resultado de un repunte de la crisis económica. Esto se llama lucha de clases. La caída de la tasa de beneficios del capitalismo significa que van a procurar explotarnos más, disminuir la masa salarial, incrementar la jornada laboral y recortar las prestaciones sociales, es decir, eliminar formas de salario indirecto y diferido como son los servicios públicos o las pensiones.
Así pues, no hay misterio en la recuperación de los beneficios empresariales: se basan en la disminución de los salarios. Mientras el gobierno actual del capital habla del fin de la crisis económica, ésta continúa en la economía real, la que afecta a nuestras vidas como trabajadores y trabajadoras.
El aumento de la competitividad, impuesta con las políticas de austeridad de la Europa del capital, se logró mediante la llamada “devaluación interna”. Tampoco hay misterio tras esta terminología de apariencia neutra: es un brutal trasvase de las rentas del trabajo a las del capital, empeorando las condiciones de vida de los trabajadores para mejorar los beneficios empresariales.
Esto se ha conseguido a través de una triple vía:
- Con la rebaja del “salario directo”, el sueldo del mes. Al inicio de la crisis se congelaron los sueldos. Los pasos siguientes fueron la espiral a la baja de las nuevas ofertas, la supresión de complementos, el trabajar más horas no pagadas para compensar los despedidos, el trabajo a jornada parcial cuando se necesita un sueldo completo, etc.
- Los "recortes" aplicados por los sucesivos gobiernos gestores de la crisis suponen la disminución de nuestro “salario indirecto”: el empeoramiento de los servicios sanitarios públicos, los copagos, la supresión en ayudas de guardería o de comedor, la elevación de tasas universitarias y la bajada de becas, el vaciamiento de la Ley de Dependencia, etc.
- También ha sido objeto de agresiones la tercera variante del salario, el diferido. En esta categoría entran las pensiones, cuya disminución progresiva a través de reformas en las bases de cálculo o, directamente, en la mísera actualización anual, ha llegado al punto de provocar el estallido social que vivimos en los últimos meses.
El ataque a las pensiones es la mayor agresión que podamos recordar los trabajadores. Afecta a todas las edades desde que los diferentes gobiernos de la “democracia” empezaron en 1985 a reformar la Seguridad Social hasta el gobierno de Rajoy en 2013:
A los jubilados, con las subidas ridículas del 0,25%, derivado del Art. 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que desvincula las pensiones del IPC y lo liga al Índice de Revalorización, según ingresos y gastos de la Seguridad Social. Así el salario de nuestros pensionistas depende de su número o de la política de empleo del gobierno de turno, afectando a la tasa de actividad.
A los jóvenes, porque su “salario diferido” dependerá de más años de cotización, al pasar en las sucesivas reformas del PSOE y del PP el cálculo de la base de cotización de 2 a 25 años.
A los trabajadores próximos a la jubilación, introduciendo en 2019 el Factor de Sostenibilidad, que disminuirá la pensión desde su inicio según la esperanza de vida, algo totalmente arbitrario
Pero si el gasto en trabajadores ya jubilados es improductivo para el capital, también lo es el mantenimiento de una administración pública digna de prestar los servicios de un auténtico Estado social. En esta linea tenemos que entender el ERE encubierto que se está cociendo en el sector público.
En septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que reconocía a los trabajadores temporales interinos el derecho a indemnización en caso de extinción de contrato al igual que los trabajadores del sector privado.
Con esta sentencia se reconoce que la administración española ha abusado de las contrataciones temporales. Se insta a que la ley española incluya más elementos disuasorios que eviten esta temporalidad. Los funcionarios interinos que encadenen este tipo de contratos podrán ser considerados trabajadores indefinidos no fijos. Además, la sentencia demuestra que la condición de indefinido no fijo es aplicable al personal funcionario y estatutario víctima de un fraude en su contratación por las Administraciones Públicas, sin que ello suponga reconocer una categoría nueva para este personal.
También declara que el personal estatutario y funcionario que ocupa plaza vacante durante más de tres años, incumpliendo el art. 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, está en fraude y puede declararse indefinido.
En este contexto, se busca despedir fulminantemente a 700.000 interinos, muchos con más de 20 años de servicio, años que han esperado la convocatoria de su plaza que nunca salía con la excusa de la crisis.
El plan de estabilización firmado por gobierno y sindicatos de concertación es el mayor ERE encubierto de nuestra historia, superando los de Seat y Telefónica con 10.000 afectados cada uno.
El impacto de este ERE tendrá consecuencias nunca vistas, no solo por la cantidad de trabajadores que serán despedidos gratis, tras trabajar muchos años en la administración. También se verán afectados los servicios públicos. En la administración la plantilla siempre ha sido escasa pero, si echa a la calle a unos 700.000 empleados, la disminución de puestos abriría paso a la gestión privada de servicios públicos que tanto ha costado conquistarlos.
La destrucción de servicios públicos presenta dos ventajas para el capital. Ya vimos arriba cómo supone un ahorro en salario indirecto. Pero es que, además, supone la conversión en prestación mercantil para aquellos que puedan permitírselo. Es decir, convertir un valor de uso como son los servicios sociales públicos, en un valor de cambio que genere ganancia. En este sentido, la importancia de un asunto como el máster de Cifuentes no se centra en la honestidad personal de cada quién, no se trata de si le ofrecieron el título o lo exigió ella. Se trata de que la educación pasa a estar mercantilizada y, tras el plan Bolonia, el acceso a los niveles superiores de enseñanza está estrictamente supeditado a que puedas permitírtelo. Mientras tanto, con total coherencia, la misma Cifuentes rebaja las cuotas de acceso a guarderías públicas solo para los casos de extrema necesidad, mientras ofrece un cheque guardería a cualquiera que quiera llevar a sus hijos a un centro privado.
Y por si fuera poco con los ataques a las pensiones y al empleo y servicios públicos, en las últimas semanas el gobierno manifiesta su intención de remodelar las ya míseras prestaciones a parados de larga duración, aprovechando para acortar en la mayoría de los supuestos los tiempos de percepción del subsidio. Como si la ayuda de 430 euros fuera una bicoca y no una ayuda más propia de organización caritativa u ONG. El anuncio se hace con la misma desfachatez con la que se regatea con el contenido final de los Presupuestos Generales del Estado: a base de anuncios de triunfalismo económico, de amagar con propuestas o condiciones que cambian dos días más tarde o presentando para el titular una o dos medidas positivas, mientras en el trasfondo se incrementan los recortes al salario en sus diferentes formas. De ello depende que continúe su recuperación.
De ahí que nuevamente volvamos a reivindicar cosas elementales, pero vitales para la clase trabajadora.
- Salario Mínimo Interprofesional y Pensión Mínima de 1084 euros
- Pensiones a cargo de los Presupuestos del Estado
- Supresión del IPREM. Prestaciones sociales iguales al SMI
- Ninguna persona parada sin prestación por desempleo
- Servicios públicos de titularidad y gestión públicas. Ni caridad ni gestión mediante ONGs.
La emancipación de los trabajadores sólo podrá ser obra de la propia clase obrera
No al Diálogo Social. No a la burocracia sindical
Por un 1º de mayo de lucha y combativo
