Hay un error frecuente en amplios sectores de la clase trabajadora y de sus organizaciones, estables o coyunturales: la creencia en que dentro del Estado burgués y de una sociedad capitalista hay gobiernos amigos y enemigos. No existe tal cosa, del mismo modo que tampoco existe la cuadratura del círculo.
La apariencia de mayor o menor sensibilidad a nuestras demandas y exigencias como clase tiene que ver con la forma; casi nunca con el fondo de la cuestión.
En un Estado capitalista en el que el capital exige la austeridad a los gobiernos, y en el que lo que es gasto social se opone a la idea de rentabilidad y beneficio para el sistema económico, no hay lugar para grandes esperanzas en que la situación de la clase trabajadora, se encuentre ésta en su etapa biológica activa o de pensionista, vaya a cambiar significativamente.
Frente a la “ilusión democrática” y de progreso que han generado en distintos momentos los gobiernos del cambio (González y Zapatero), la experiencia histórica se ha mostrado siempre tozuda. En ambos momentos los recortes de conquistas sociales que supusieron las sucesivas reformas laborales y de pensiones de uno y otro fueron anticipaciones a las posteriores vueltas de tuerca que luego aplicaron aún con más dureza los sucesivos gobiernos de Aznar y de Rajoy.
Con estas experiencias, no cabe esperanza alguna que no se base en la propia confianza en la lucha y a arrancar conquistas de cualquier gobierno, del signo que sea, a partir de la autoorganización de clase, la movilización, la lucha y la presión populares.
Los ejemplos que estos días nos han dado CCOO y UGT de no exigir al gobierno la derogación de la reforma laboral, cuestión ésta que ha cogido al vuelo la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, al afirmar que "la reforma laboral no se puede derogar alegremente" y de la desconovocatoria de la movilización que tenían prevista para el sábado 16 de Junio de cara a la negociación sobre salarios, es el camino más seguro para la claudicación y la traición a nuestra clase.
Tanto el gobierno anterior como el nuevo y sus voceros mediáticos se han empeñado de modo insistente en que la cuestión de las pensiones se centrase en la actualización de las mismas en torno al IPC, para escamotear los planes regresivos sobre sus recortes futuros a través del llamado factor de sostenibilidad o las propuestas de complementariedad de las pensiones públicas a través de los planes de pensiones privados.
El martes 12 de Junio la reunión del Pacto de Toledo ha cerrado filas en torno a la cuestión de la actualización de las pensiones en torno al IPC. El debate entre los progres y la derecha oficial sobre si se debe blindar dicha actualización para todos los pensionistas o solo para los perceptores de las cuantías más bajas, o de si ha de haber o no flexibilidad respecto a que las pensiones se eleven al IPC en los años de expansión económica o también en los de contracción, oculta factores estructurales sobre el modo de garantizar que sigan siendo públicas y suficientes a largo plazo. Ésta es la trampa de los parches que los partidos del capital (todos los parlamentarios) van poniendo para no abordar el elemento central de la cuestión: la fuente de financiación.
En Marzo pasado el ECC en un comunicado titulado “Tras el éxito del 17M, clarifiquemos posiciones en la lucha en defensa de nuestras pensiones” las siguientes exigencias, que eran también las de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que siguen siendo vigentes, porque no son coyunturales sino estructurales:
Desde el EEC venimos defendiendo desde hace tiempo también que la defensa de las pensiones públicas requiere:
- El rechazo al Pacto de Toledo, a su separación de fuentes y a su apoyo con desgravaciones fiscales a los fondos privados de pensiones.
- Pensión mínima igual al salario mínimo (1084 euros) y revalorización según IPC
- Derogación de las dos últimas reformas de las pensiones: la del PSOE (2011) y la del PP (2013).
- Jubilación ordinaria a los 65 años
- La superación de la doble fuente de financiación de las pensiones contributivas (a las que se hace depender de las cotizaciones sociales), por un lado, y de las no contributivas (que dependen de los Presupuestos Generales del Estado, PGE)
- La unificación de ambas fuentes en una sola, vinculándola a los PGE, del mismo modo que se hace con la enseñanza y la sanidad, pues la garantía de los derechos históricos conquistados por la clase trabajadora a través de sus luchas es responsabilidad del Estado.
- El incremento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de los impuestos a los empresarios y grandes fortunas, pues ha sido nuestro trabajo a lo largo de nuestras vidas lo que ha hecho posible sus beneficios empresariales. La explotación laboral del trabajador y la sobreexplotación del mismo es la base de la plusvalía en la que se asienta la ganancia del capital.
Por todo lo anterior proponemos mantener la presión, la movilización y las reivindicaciones concretas porque lo que se negocia en el Pacto de Toledo no representa nuestros intereses, ni nosotros, los trabajadores futuros perceptores de las jubilaciones y pensionistas actuales, estamos presentes en esas negociaciones haciendo valer nuestras reivindicaciones.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN
