Si sigues las publicaciones del Espacio de Encuentro Comunista sabrás que varios de los artículos que últimamente hemos publicado en nuestra web mencionan el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y uno en concreto se centra en él. Habrá quien se pregunte si el tema tiene tanta importancia. A fin de cuentas parece un asunto de segundo orden: un gobierno que se define a sí mismo como progresista asigna una ayuda a personas con pocos recursos. ¿Dónde está el problema?

Lo que ha cambiado desde el anterior análisis es que ya se ha publicado en el BOE la ley que establece el IMV. Así que ahora podemos comprobar en el texto legal si lo que expusimos en su momento como sospechas -por muy fundamentadas que nos parecieran- ha quedado confirmado en la práctica.

Podemos adelantar que así ha sido. Creemos que el decreto ley deja muy claro que el IMV no es una mera cantidad de dinero que se destina a una situación excepcional, sino que se ha introducido con la intención de producir cambios de largo alcance en la protección social de los trabajadores y trabajadoras, unos cambios que a medio y largo plazo sentiremos como un retroceso. Como organización de clase, el EEC considera que este tema debe ser explicado con todo el detalle que haga falta, y que es de interés para los trabajadores y trabajadoras el comprender el objetivo real de determinadas medidas que se esconden tras palabras bonitas, y que son introducidas o defendidas por los que dicen trabajar a nuestro favor. A estas alturas tenemos muchas experiencias de modificaciones legales que en su día fueron promovidas o apoyadas por partidos de “izquierda” o sindicatos de concertación y que, con el paso del tiempo, se han demostrado nefastas para los intereses de la clase trabajadora. Algunos ejemplos claros son el modelo de la Europa del euro firmado en Maastricht; la ley 15/97 que permitió la introducción de empresas privadas en la sanidad pública; o el Pacto de Toledo, que se convirtió en el corsé que asfixió las pensiones públicas. No se puede argumentar en estos casos que era imposible prever las repercusiones futuras de tales medidas, ya que en su momento recibimos advertencias premonitorias por parte de los muy escasos políticos y economistas que hacían honor a su encuadre como comunistas o social-demócratas.

Algunos camaradas nos han hecho llegar comentarios acerca de nuestro anterior texto sobre el IMV, señalando determinados conceptos que eran muy técnicos e impedían comprender la explicación que se desarrollaba a partir de ellos. En este texto vamos a intentar ser más claros.

 

La larga lucha para conquistar las prestaciones contributivas

La expresión “no contributiva” aparece veinticuatro veces en el texto del decreto ley, lo cual nos da una pista de que esto de lo “contributivo” y lo “no contributivo” debe ser un concepto que tenemos que esforzarnos en explicar y en comprender. Tampoco lo esconden los autores de la Ley, que afirman que “... la creación del ingreso mínimo vital constituye un hito histórico que viene a equilibrar la configuración de un modelo integrado por una doble esfera, contributiva y no contributiva, en el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario”. Así que lo primero que consideramos necesario aclarar es de qué va esto de lo contributivo y lo no contributivo, por qué los gobiernos consideran necesario cambiar de uno a otro en mitad de una crisis, y quién se beneficia con el cambio.

Los servicios de protección social nacionales (más o menos equivalentes a lo que aquí se conoce como Seguridad Social) se desarrollaron en todo occidente como una respuesta del Estado ante la lucha organizada de la clase trabajadora. Durante la turbulenta primera mitad del siglo XX el capitalismo llegó a estar puesto en cuestión por el encadenamiento de dos guerras mundiales, entre las cuales se hundió en una profunda crisis económica. A la salida de la Segunda Guerra Mundial y tras la lección de lo ocurrido al acabar la contienda anterior, el capital sintió una presión real (le podemos llamar miedo) para hacer determinadas concesiones a una clase trabajadora fuerte que reclamaba una mayor seguridad vital tras décadas de miseria y guerra. Al ritmo que lo permitió la fuerte recuperación económica posterior a la segunda gran guerra, el Estado burgués se vio obligado a asumir la implementación de sistemas públicos de sanidad y pensiones, que en algunos casos tomaban el relevo de sistemas de protección creados por los propios trabajadores a través de sus sindicatos, o bien de mutuas y seguros. Fuera de eso solo habían existido la caridad y la beneficencia paternalistas y domesticadoras. En aquellos momentos era difícil ocultar el carácter de clase del mecanismo que se estaba poniendo en pié, pues lo que hizo en esencia fue dar protección general a todos los trabajadores ante situaciones de enfermedad (atención sanitaria) o de imposibilidad para trabajar (desempleo y jubilación). Una vez este sistema se asienta y se ordena, su carácter contributivo se hace palpable, pues las prestaciones que reciben los trabajadores enfermos, desempleados o jubilados proceden de contribuciones que los trabajadores en activo aportan al sistema, descontándolas de su salario directo. Es decir, la clase trabajadora separa parte de su salario directo, y la deposita en manos del Estado para que éste la devuelva en los momentos adecuados como un salario indirecto (sanidad) o diferido (desempleo y pensiones). (ver tipos de salarios aquí)

El carácter de clase también se traduce en no dejar a nadie fuera. Por eso en aquel momento también se tiene en cuenta el facilitar prestaciones y servicios públicos a aquellos miembros de la clase trabajadora que no han podido participar en lo que el capitalismo considera actividades productivas. Así, se establecen también prestaciones no contributivas a favor de aquellos que no han podido aportar al sistema. Esta es una idea que también tiene su origen en los fondos de apoyo mutuo que implementaban los trabajadores con anterioridad, que intentaban cubrir la protección de lo que entonces se limitaba al concepto de “huérfanos y viudas”, o de los trabajadores que quedaban incapacitados por accidente laboral.

Pero en todo el período de ascenso de los sistemas públicos de protección social, la concepción era clara: que el sistema era de los trabajadores y trabajadoras para los trabajadores y trabajadoras. Por eso las reivindicaciones feministas de los años 1960 y 1970 persiguen que la mujer debe incorporarse al sistema productivo, entre otras cosas para optar en las mismas condiciones tanto a la hora de aportar como de beneficiarse de las protecciones públicas. Es decir, la clase trabajadora estaba inmersa en un proceso por reducir la esfera no contributiva y ampliar la contributiva.

 

El viaje de vuelta desde las prestaciones contributivas a las ayudas no contributivas

Pero si hay un beneficio en ascenso para los trabajadores, la lógica capitalista dicta que en algún lugar debe haber una merma para los capitalistas en forma de reducción de beneficios. Y es que, como ya hemos dicho con anterioridad, las contribuciones que los trabajadores realizan para luego poder disfrutar de prestaciones sociales son salario. Podemos decir que este salario es indirecto o diferido porque a nivel de cada persona particular se disfruta en otro momento de la vida, pero visto en conjunto no deja de ser un salario que unos miembros de la clase aportan cuando no lo necesitan para que otros lo usen cuando les hace falta. Por tanto, como salario que es, todo ello supone un detrimento de la ganancia de la clase capitalista. No importa que la cuota de la seguridad social la pague directamente el empresario o dé un rodeo descontándose de la nómina del empleado, en ambos casos va en detrimento de los beneficios empresariales.

Por eso, a raíz de la crisis de rentabilidad del capital que se pone de manifiesto a partir de comienzos de los 1970, la mayoría de las políticas pro-capital que se pusieron en marcha para rescatar los beneficios empresariales se han centrado en reducir estos salarios indirectos y diferidos (sanidad, prestaciones por desempleo y pensiones) cada vez más.

Aunque el proceso descrito hasta ahora afecta a todo el capitalismo occidental, el Estado español presenta la peculiaridad de que permite ver toda esta película a cámara rápida. Si la Seguridad Social solo se instaura en la segunda mitad de los años 1960, la crisis capitalista mundial que tiene lugar casi inmediatamente supone la necesidad de escenificar cuanto antes el fin de la “especificidad española” y unirse sin demora al resto de países occidentales en las políticas de rebaja de salarios en todas sus variantes. Así, en un período de siete años contando desde la muerte del dictador, se lleva a cabo: a) la legitimación del capitalismo nacional mediante un cambio de régimen; b) la normalización de las relaciones capital-trabajo con la inclusión de todas las fuerzas políticas y sindicales y la escenificación del “pacto” entre clases; c) la apresurada y conflictiva instauración de una legislación laboral garantista; para, d), finalizar en 1982 con el PSOE asumiendo el poder para iniciar la demolición progresiva y metódica de todo lo conseguido.

Será difícil que quien tenga menos de cincuenta años tenga conciencia de todo lo retrocedido desde aquel momento. Puede encontrar información detallada en el documento del EEC “Situación de los trabajadores en el Estado español 2019”, en el apartado “Cómo hemos llegado a esta situación”. La situación de partida en 1982 puede sonar a ciencia ficción para un trabajador de hoy día, pero fue una realidad asentada en el contexto de disputa por el poder de la clase trabajadora organizada a mediados de los 70: despido nulo con readmisión del trabajador si este lo pedía o indemnización de hasta diez años de sueldo; salario de tramitación sin límites a costa del empresario; puesto de trabajo reservado en caso de enfermedad; no autorización de las subcontratas o de las empresas de trabajo temporal; horas extra pagadas al 175% de la hora normal, dos años y medio de desempleo al 80% y al 60% del salario por haber trabajado seis meses, acceso a la pensión de jubilación con solo diez años cotizados con la base reguladora calculada sobre los diez últimos años; etc.

Partiendo de ese punto, las decenas de reformas tanto del PSOE como del PP en la legislación laboral y de la Seguridad Social han ido perfilando lo que es la sombría realidad laboral del trabajador actual, un trabajador que puede estar sujeto a contratos temporales para realizar trabajos de naturaleza permanente, que puede estar subcontrado o actuando como falso autónomo, que en caso de ser fijo se puede despedir con una indemnización de 792 días y sin salario de tramitación, con un desempleo que baja al 50% a los seis meses, con una jubilación que le obliga a haber cotizado 37 años y que tiene en cuenta más de 20 para calcular el importe de la pensión, etc.

Es en este contexto donde se desencadena la crisis actual. Una crisis en la que los trabajadores entran despojados de casi todas las barreras que han llegado a protegerles en caso de despido, quemadas todas durante los últimos cuarenta años para mantener viva la llama de la ganancia. La situación de sobre-explotación es tal que ni siquiera tener un empleo garantiza estar por encima del umbral de la pobreza, algo que también reconoce el decreto cuando afirma que “uno de los retos más complejos a los que se enfrentan estos programas es el crecimiento en todos los países del porcentaje de trabajadores que reciben remuneraciones inferiores al umbral de pobreza”. Pero el texto legal del IMV no advierte solo contra la crisis que acaba de estallar; pinta un escenario mucho más negativo en el que se tienen en cuenta “… carreras laborales más inciertas, […], transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos …”. Es decir, prevén un futuro cercano en el que la robotización y la inteligencia artificial hagan desaparecer empleos, en el que los trabajos duren menos, las profesiones no sean para toda la vida y los ingresos se hagan aún más irregulares.

Hemos visto que volver a levantar las protecciones sociales como derechos del trabajo no es opción para ellos: los mismos que están ahora en el poder las eliminaron conscientemente para dar más rentabilidad al capital. Así que la pregunta que se hacen es: ¿qué alternativa podemos encontrar para evitar que la situación degenere a medio plazo en un estallido social? Aquí es donde los legisladores internacionales se sacan de la chistera la revitalización de los subsidios asistenciales como forma más rentable de mantener la situación bajo control. Y es que, en contra de lo que nos han hecho creer en este país, esta solución no es de “izquierdas”, sino algo en lo que se ponen de acuerdo políticos e instituciones tan conservadoras como el famoso ex-ministro de economía de Rajoy, Luis de Guindos o el Foro Económico Mundial de Davos.

 

El ingreso mínimo vital como nuevo referente (a la baja) de las reivindicaciones

El importe del mínimo vital es fácil de calcular. Es igual a una pensión no contributiva dividida entre doce meses. Si se trata de un núcleo familiar se establecen ciertos multiplicadores. Los cálculos exactos se desarrollarán en normas sucesivas. Con los valores extremos fijados en el decreto, el mínimo actual para una persona sería de 461,5€ y llegaría hasta los 1015€ para una familia de cinco miembros o más.

Al ligar el mínimo vital a la pensión no contributiva, nos podemos hacer una idea de que estos serán los niveles que podamos esperar permanentemente de esta ayuda, ya que la pensión no contributiva no ha subido nunca más de un 3% anual en todo lo que llevamos de siglo XXI. Además, el texto legal deja claro que el mínimo vital irá haciendo que desaparezcan ayudas existentes con anterioridad, tarea que inicia el propio decreto al eliminar la asignación por hijo a cargo. También autoriza a las comunidades autónomas a que integren sus ayudas ya existentes dentro del IMV.

Es decir, todo apunta a que el mínimo vital va a ser el umbral único al que pueda aspirar cualquier trabajador que no llegue a generar su propio colchón o que ya lo haya agotado. Con un valor de 461 euros para un adulto en el año 2020, resulta cuanto menos chocante las frases tan altisonantes que utiliza el decreto ley: “Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica...”. No dudamos que aquellos que hayan perdido todos sus ingresos encuentren en este subsidio un gran alivio, pero de ahí a considerarlo como la vía a la realización plena de la vida social y económica demuestra que desde la tribuna del Parlamento se tiene una perspectiva del mundo real distinta a la de la clase trabajadora. Si primero hicieron tabla rasa con la legislación que nos protegía en el trabajo y con las prestaciones que de verdad nos daban cobertura mientras encontrábamos otro, ahora pretenden que nos sintamos realizados con un subsidio.

En realidad, nos podemos dar cuenta de que con esta “nueva normalidad” en la legislación laboral, lo que están haciendo es rebajar las expectativas de lucha de toda la clase trabajadora para las próximas décadas. Si hasta hace un año los mismos reformistas del PSOE y Podemos hacían bandera del salario mínimo de mil euros, hoy intentan convertir en un sueño dorado el recibir menos de la mitad. Si hasta ese momento se hablaba de la necesidad de subir las exiguas pensiones no contributivas al nivel del salario mínimo, hoy nos podemos dar con un canto en los dientes cualquiera de nosotros que se vea abocado a sobrevivir con esa misma pensión no contributiva.

Y no es solo una cuestión de ingresos mensuales actuales, ya que cobrar el ingreso mínimo vital también deja secuelas en el futuro. El motivo es que las prestaciones no contributivas no computan para la jubilación. Si tengo un trabajo en el que cobro el salario mínimo de 950 euros y me quedo en paro, todavía a día de hoy tengo derecho a dos años de desempleo (prestación contributiva) en los que ganaré algo más que el mínimo vital, y durante los cuales la Seguridad Social seguirá cotizando para mi jubilación. Sin embargo, mientras solo disponga del mínimo vital, nadie estará cotizando para mi pensión, con lo que entro en una trampa de subsidio no contributivo de por vida.

 

El ingreso mínimo vital mientras sigues trabajando

Pero el ingreso mínimo vital no solo está pensado para beneficiar al empresario bajando los salarios diferidos. El decreto ley ha hecho de este subsidio la herramienta más potente para facilitar la temporalidad, el trabajo a tiempo parcial y la discontinuidad tan necesarios en un capitalismo tan necesitado de aumentar sus beneficios. Flexibilidad lo llaman ellos.

El concepto es muy sencillo: el subsidio no se otorga a todo o nada, sino que se puede mantener parte de él si te salen trabajos que no superan su importe. Por ejemplo, si estás cobrando un mínimo vital de 461 euros y consigues un trabajito que te deja 300 euros unos meses, esos meses puedes cobrar un mínimo vital de 161 euros para cubrir la diferencia. El texto legal lo recoge así en el artículo 8: “la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual...”

El motivo con el que justifican este tratamiento novedoso de las prestaciones suena un tanto a tomadura de pelo. Según los autores del texto legal, su intención es que los perceptores no se acostumbren a vivir solo del subsidio, y, con la posibilidad de compaginarlo con un trabajo, les están ayudando a dar el salto de vuelta al mundo laboral.

En realidad ni se creen estas excusas ni han inventado ellos este sistema. La posibilidad de compaginar prestaciones y trabajos de bajo nivel está muy extendida allí donde aumentar la explotación requiere de estrategias cada vez más refinadas. En Alemania ya es posible simultanear el cobro de prestaciones -incluso la pensión de jubilación- con un minijob (trabajos a tiempo parcial y baja remuneración). ¿Hemos dicho que es posible?, quizás sería más correcto decir que es necesario, porque la jubilación ya no es suficiente para que muchos trabajadores de los países más avanzados de occidente lleguen a fin de mes. El IMV abre esta puerta a los empresarios patrios (“patriotas”, les llaman Sánchez e Iglesias), que ahora dispondrán de un ejercito de trabajadores a los que sacar unos días del paro según sus necesidades.

 

De la prestación al asistencialismo

En los días previos a la presentación de la ley del IMV, los telediarios nos sorprendieron con la noticia de que Sánchez había acordado con el PNV que esta prestación pudiera ser gestionada por las comunidades autónomas. La redacción definitiva de la ley ha ido mucho más lejos, pues el texto legal afirma buscar “[l]a implicación de comunidades autónomas y entidades locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector...”. Para quien no esté al tanto, con el “tercer sector” hacen referencia a las organizaciones no públicas sin ánimo de lucro, lo cual incluye a ONGs, asociaciones, fundaciones, etc., ya sean religiosas o laicas. Con esta medida ya podrán dormir tranquilos los obispos, que se habían puesto inicialmente muy nerviosos cuando pensaron que el Estado iba a entrar a competir con ellos en el negocio de la caridad.

La fragmentación por comunidades ya supone una ruptura del papel redistributivo global de la Seguridad Social, con lo que volvemos a encontrarnos, como ya ocurre con la Sanidad o con la Ley de Dependencia, con un mosaico de diecisiete mínimos vitales en los que, dependiendo de tu lugar de residencia, puedas a optar a una ayuda de primera, de segunda o de tercera.

Pero es que, con la redacción final de la ley, la Seguridad Social pone el presupuesto, pero en lugar de convertirlo en ingresos directos para los destinatarios, como ocurre con otras prestaciones, el dinero comienza a circular por los servicios sociales de comunidades autónomas y ayuntamientos, y pasa a través de ONGs, organizaciones caritativas, fundaciones, etc. Todo pensado para extirpar de las mentes de los trabajadores el concepto de prestación como fruto del trabajo, sustituyéndolo por el de asistencialismo y caridad, entendidos como gracia opcional del gobernante benévolo.

 

Conclusiones

• El ingreso mínimo vital es necesario ahora porque durante cuarenta años se ha legislado contra la seguridad y la estabilidad en el trabajo y se han reducido las cotizaciones sociales. Ambas cosas se han hecho con objeto de aumentar los beneficios empresariales a costa de reducciones en los salarios en sus múltiples formas: directo, indirecto y diferido.

• Debido a estas reducciones, ha llegado el momento en que las prestaciones que todos asociamos a trabajar o a haber trabajado no pueden proteger a los trabajadores cuando vienen mal dadas. Ahora es el coronavirus, pero los legisladores están pensando en los robots, la digitalización y en las nuevas formas de temporalidad e inseguridad que éstas van a propiciar.

• Esta prestación es una contra-revolución. Se decreta la incapacidad de mantener derechos laborales -por el desmantelamiento previo que ellos mismos han promovido- y se pone en su lugar una prestación basada en la disponibilidad de presupuesto y la buena intención subjetiva del político de turno. Es decir, se cambian derechos por asistencialismo. Una muestra más de lo vana que es la pretensión reformista de arreglar en la distribución los problemas que tienen su origen en la propiedad privada de los medios de producción.

• El mínimo vital supone un descenso aún mayor de las expectativas con las que la clase trabajadora plantea su lucha. Si hace un año los sindicatos de concertación habían asumido la temporalidad permanente, la caída de los salarios reales, la extensión de los falsos autónomos, la reforma laboral de ZP, el Pacto de Toledo, la privatización de la sanidad, etc., y se centraban solo en jalear al pre-gobierno con el salario mínimo, ahora la lucha ha caído a ver con cuánto dinero se puede asistir a trabajadores que hace años hubieran cobrado por derecho una prestación contributiva.

• El PSOE ha sido protagonista en el proceso de destrucción de los derechos del trabajo durante los últimos cuarenta años. Los profesores de sociología y políticas de Podemos lo saben perfectamente y se presentan sin ningún rubor como sus aliados. Los sindicatos de concertación no piden más que asistencialismo y que el gobierno ayude a los empresarios a prorrogar los ERTEs. La lógica del capital les arrastra.

Y esto no ha hecho más que empezar. En breve vendrán las normas que desarrollen el IMV, la nueva reforma de las pensiones, la reforma del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la Mochila Austriaca. La izquierda realizando -una vez más- el trabajo sucio con el que hacer más rentable al capital.

Como marxistas sabemos que mientras permanezcamos en el modo de producción capitalista, los asalariados solo podemos luchar por mejorar nuestras condiciones de explotación, no por suprimirla. Esperar del capitalismo rentas garantizadas es, pues, una utopía o, más probablemente, palabras vacías que solo esconden un engaño. Para nosotros el trabajo es un derecho y un deber, así que no le pedimos al capital que nos pague por no trabajar; pero si el capitalismo es incapaz de mantener los puestos de trabajo, sí que le exigimos la mejor prestación como trabajadores.

Desde este planteamiento presentamos las siguientes reivindicaciones:

• Pensión mínima igual al salario mínimo

• Ninguna prestación por desempleo debe ser inferior al salario mínimo, y todas cotizarán para la jubilación. Ello incluye tanto la contributiva, como la de subsidio y la de mayores de 52 años.

• Las prestaciones sociales de la Seguridad Social volverán a estar calculadas respecto al salario mínimo, y no respecto al IPREM introducido por Zapatero. Serán gestionadas a nivel estatal y tendrán la garantía y suficiencia económica del Estado.

• No a la separación de fuentes del Pacto de Toledo.

• No a la separación de las prestaciones contributivas y no contributivas en la Seguridad Social.

• No debe transferirse la gestión del IMV a comunidades autónomas o ayuntamientos.

• No a la derivación de ninguna gestión o asistencia social al tercer sector (ONG, etc). La solidaridad no puede ser gestionada desde el voluntariado laico o religioso.

 

Espacio de Encuentro Comunista, julio de 2020

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