El EEC ante las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021



Todo apunta a que en 2021 se ha recompuesto suficientemente el sistema de representación política en el Estado español. Como ya hemos expuesto en textos anteriores, la esencia económica y de clase de ese sistema nunca estuvo en entredicho, asumiéndose el desgaste de la crisis de 2007 al nivel de los partidos y las personalidades que habían jugado papeles protagonistas en la ilusión democrática (“son unos corruptos”, “no nos representan”, etc.). En la última década fue necesario crear varios partidos políticos para que recondujeran el desencanto con la “clase política” de vuelta al mismo sistema de representación que había llegado a no representar a nadie, y para que actuaran como granero de votos para las mismas corrientes ideológicas que la democracia española importó de Europa.

Una vez remozadas las cúpulas -incluida la de la jefatura del Estado- y dejados atrás -que no superados- los efectos de las crisis de décadas pasadas, parece que el bipartidismo tradicional PSOE-PP deja de necesitar muletas. El primero de los comparsas en caer ha sido Ciudadanos, y la recomposición necesaria de todo el tinglado ha hecho necesario convocar elecciones en Madrid. En los diez años transcurridos desde el 15 de mayo de 2011 se han apañado para arreglar la fachada sin que nadie haya cuestionado la validez de lo que ésta escondía detrás.

El EEC ha expresado en varias ocasiones -y no es vano repetirlo- que no hay una esfera política que funcione de manera autónoma respecto a la esfera económica, pues el Estado capitalista es un Estado de clase, y no un instrumento neutral. La necesidad de obtención de beneficios por parte del capital privado es lo que marca a medio plazo las políticas viables, tanto a nivel del Estado central como de las Comunidades Autónomas, así como la intensidad con la que tienen que apretarnos las clavijas a nosotros, trabajadores y trabajadoras.

Lo estamos viendo meridianamente claro en más de un año que llevamos de pandemia de COVID-19. El gobierno central, autodenominado «el más progresista y de izquierdas de la historia de España», no sólo ha incumplido las promesas electorales de derogar “los aspectos más lesivos de la reforma laboral de Rajoy” y de continuar subiendo el salario mínimo, sino que la máxima de “salvar la economía” ha pasado por encima de la propia salud de las familias trabajadoras. Esto ha sido especialmente grave en la Comunidad de Madrid, donde su gobierno dejó morir a multitud de ancianos en las residencias, donde los centros de atención primaria y los centros de mayores siguen cerrados y los hospitales infradotados, mientras la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha dedicado a construir macro-hospitales con dinero público, que han supuesto una lluvia de millones para el sector privado.

En todo el Estado, los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal del Empleo) no cubrieron más que a un porcentaje de la clase trabajadora. Ello no evitó que algunas empresas que se acogieron a esta medida hicieran fraude obligando a ir al trabajo, incluso a hacer horas extras, a sus trabajadores. Ello ha forzado a muchos de estos trabajadores a hacer la declaración de la renta y pagar más, no porque sus ingresos lo justifiquen, sino por la situación -no buscada por ellos- de tener dos pagadores.

Pero lo peor es que ahora estamos pasando de los ERTEs a los EREs, es decir, a los despidos masivos. La banca ha declarado ya que tiene previsto prescindir de miles de empleados. El BBVA, por ejemplo, pondrá a más de 3.000 trabajadores en la calle, y Caixabank prepara más del doble de despidos tras su absorción de Bankia. Pero es toda la economía la que se está viendo afectada, desde El Corte Inglés y H&M hasta Tubacex. De los trabajadores temporales o subcontratados de estas y otras empresas que no vean su contrato renovado, ni siquiera sabremos nunca su número. Mientras tanto, el Banco de España y la propia patronal comienzan a avisar sobre la “necesidad” de dejar despedir libremente a las empresas con problemas e incluso de dejar caer a las llamadas “empresas zombis” -empresas que viven solo a base de ayudas y préstamos-. Para los empresarios es tan solo el mecanismo con el que salen de las crisis capitalistas, pero para los trabajadores están hablando de su despido.

En un país de empleo temporal e informal, para cientos de miles de asalariados, desempleados y falsos autónomos la solución de los ERTES fue inviable. Tan solo quedó la promesa del Ingreso Mínimo Vital, una forma de caridad laica -no prestación derivada del trabajo-, que en ningún caso pretende complementar más allá de los 461 euros, y eso sin cotizar para una pensión futura. El IMV ilustra perfectamente cómo la política comunicativa de un gobierno puede inducir a un engaño masivo, pues sólo está llegando a una mínima parte de los 5,1 millones de personas que viven en España por debajo del umbral de la pobreza. Y los desahucios ascendieron a casi 60.000 durante el pasado año. No puede sorprender que el reparto de alimentos en las llamadas “colas del hambre” siga siendo una realidad en aumento en los barrios donde se concentra la población trabajadora con menos recursos.

A todo ello se añade el aumento del paro, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. El de estos últimos asciende a más del 40%, y los salarios de los que tienen empleo -generalmente en trabajos precarios- son hoy un 50% más bajos que hace 40 años. Sin embargo, en el extremo opuesto del espectro de edad, el de los mayores de 65, el plan de reforma de las pensiones contempla una  subida de la edad efectiva de jubilación -ya establecida en 66 años en condiciones normales-, a la par que se amplían también los años de cotización para poder cobrarla íntegra y se dan incentivos a los planes privados. La gran mayoría de pensionistas cobran pensiones inferiores a 1.000 euros, y en muchos casos muy inferiores, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, tanto a éstos como a la multitud de trabajadores y trabajadoras con bajos salarios, los bancos les cobran comisiones abusivas. La política bancaria es claramente regresiva: cuanto menos tienes en la cuenta, más dinero te detraen anualmente y más altos son los intereses que te aplican por pequeños préstamos que son tu única posibilidad de salvar un imprevisto.

En la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular aspira a revalidar su mandato el próximo 4 de mayo, la dejación en la gestión de la sanidad y su acelerado proceso de privatización han provocado que, a día de hoy, la región esté a la cabeza en número de contagios y mortandad por COVID-19 en todo el país, y entre las grandes ciudades europeas con los índices más elevados. Tanto el gobierno central como el autonómico de Madrid han asumido los contagios y las muertes diarias como algo normal, rechazando tomar medidas que puedan perjudicar una economía basada en la pequeña y mediana empresa y la hostelería, sectores que requieren la máxima explotación para mantener la rentabilidad.

Pero se engañará quien piense que el sector de la hostelería, que parece el niño mimado del gobierno de Díaz Ayuso, ha sufrido un trato distinto, y ello a pesar de que los propios negocios hosteleros familiares no alcanzan a darse cuenta. La Comunidad de Madrid no ha dado ninguna ayuda a las empresas de hostelería y casi el 20% de sus trabajadores perdieron el empleo. Lo único que hizo la Comunidad fue dejar la máxima “libertad” que podía al mercado para que el sector se apañara con los pocos clientes más o menos sensatos que no pudieran pasar sin tomar unas cervezas. Mientras tanto los pequeños negocios hosteleros que cierran dejan el espacio libre para cadenas más grandes que pueden invertir enormes sumas en nuevos modelos de negocio. No deja de ser el mismo proceso de irrupción de grandes capitales en ámbitos anteriormente en manos de autónomos que habíamos conocido en sectores como el del taxi

Es el mismo criterio liberal con el que se marcan los objetivos del reparto del presupuesto regional. A pesar de que la tasa de pobreza severa en la Comunidad de Madrid se ha duplicado en la última década, pasando del 3% de 2008 al 7,8% en 2017, su sistema de Renta Mínima de Inserción es el más escaso de todo el país y las viviendas sociales son entregadas a fondos buitre. Y es que el trabajador tiene la libertad de morirse de hambre antes que entregarle la más mínima ayuda, no vaya a ser que rechace alguna oferta de empleo en condiciones infrahumanas. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha entregado más de 800 millones de euros a los empresarios.

El plan de vacunación en la Comunidad de Madrid está siendo desastroso, como han denunciado ya asociaciones de científicos y sanitarios. Pero solo si somos tan inocentes como para medirlo en base al interés social, porque si lo medimos según los intereses económicos privados el plan supone un avance en la conversión de la improductiva sanidad pública en un terreno de beneficio empresarial. En vez de abrir los centros de atención primaria u otras instalaciones de cercanía, se ha dado un paso más en la privatización de un servicio público fundamental al obligar a la población de toda la región a acudir a unos pocos espacios en la capital: el estadio Wanda Metropolitano, el hospital Isabel Zendal y el WiZink Center.

De cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, el PP de Isabel Díaz Ayuso, con la ayuda de las empresas mediáticas, presenta su gestión como un gran logro, que lo es, sin duda, para el capital; pero no para una clase trabajadora que sufre los recortes en servicios básicos, el aumento de los alquileres, los desahucios, el desempleo y los empleos precarios. Madrid es la Comunidad Autónoma con mayor PIB, pero también la que presenta mayor desigualdad social.

Los principales partidos llamados de izquierdas que concurren a las elecciones -PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos- presentan programas en la línea ya conocida de imprecisión y efectismo con que se presentaron a las Elecciones Generales. Las campañas electorales se han convertido en un espectáculo y los políticos en productos de marketing preparados para su consumo, dando prioridad a los discursos y propuestas basadas en lo emocional sobre lo racional. Bombardeados por encuestas, ruedas de prensa, apariciones en diferentes medios, la clase obrera hemos pasado a ser tan solo una estadística, una variable en su cálculo de probabilidades.

Si en los aspectos económicos y sociales su gestión gubernamental no puede ser clasificada más allá de lo social-liberal -frente al liberalismo abierto del PP de Ayuso-, ni siquiera la gestión sanitaria de la pandemia puede presumir de haber seguido caminos distintos. Más allá de las puyas permanentes entre el Gobierno estatal y el de la comunidad, la realidad es que el tratamiento sanitario tras la primera ola se ha regido en la práctica por las mismas pautas.

No hay margen para esperar un cambio de rumbo. No solo porque la prolongación de la pandemia va minando los empleos y la capacidad productiva. También debemos tener presente que la propia profundidad de la caída y la recuperación de la crisis económica provocada por la gestión del COVID-19 va a depender en buena medida de los fondos que lleguen de Bruselas. Unos fondos que sólo se harán efectivos si los gobiernos de turno aplican las “reformas” exigidas y estas pasan por desproteger aún más a los trabajadores en las relaciones laborales, seguir privatizando los servicios públicos, acabar con las pensiones, despedir a empleados de la administración pública y dar carpetazo, en definitiva, a los derechos asociados al trabajo.

Pero el viaje de abandono y regreso al bipartidismo llevado a cabo en los últimos diez años no nos ha devuelto a la posición de partida. Por el camino han conseguido hacer tabla rasa con los vestigios de la izquierda que mantenía un tímido análisis de clase. Lo que hoy llaman izquierda no es más que un progresismo posmoderno que resulta óptimo para el capital. Por un lado porque divide a la clase trabajadora en un millar de identidades que parecen tener intereses divergentes o incluso contrapuestos. Y por otro lado porque precisamente se esfuerza en eliminar la única contradicción que molesta al capital, la que le contrapone el trabajo: así, todos somos “ciudadanos”, y en el “diálogo social” podemos encontrar un punto en el que “todos” salgamos beneficiados.

Este abandono de las posiciones de clase por parte de la izquierda deja a la clase trabajadora carente de ningún referente que explique cuál es el problema y que no sea ella misma cómplice del problema. Conforme los ajustes laborales y sociales comiencen a cercarnos, muchos trabajadores y trabajadoras comenzarán a preguntarse por qué los que ellos suponían sus representantes usan esa palabrería vacía y no hacen más que tomar medidas que les perjudican. El problema se agudiza cuando nos damos cuenta de que la derecha más autoritaria, retrógrada y liberal intenta posicionarse para ocupar ese hueco como falsos aliados de los trabajadores. Si triunfara su engaño en un país de capitales poco productivos como es el nuestro, llevaría a la clase trabajadora por la senda de la sobre-explotación y la represión más descarnada, al nivel de lo que ocurre actualmente en Polonia y Hungría. Como hemos explicado, no parece que el capital precise llegar a activar este resorte, pues tiene a todo el arco parlamentario trabajando satisfactoriamente a su servicio, pero no deja de ser una amenaza que hará aceptable cualquier solución “menos mala” que se nos ofrezca en los próximos años.

Como ya dijimos hace dos años, como comunistas debemos tener claro que lo prioritario es la organización de la clase. No podemos hacer hoy más incidencia en este punto. Si eres de Madrid, pensar en un voto táctico en función de las dificultades del momento está bien; si un camarada piensa con ese criterio, adelante. Pero no podemos caer en la ilusión de que por ahí vaya a venir ni siquiera el alivio a nuestros problemas. Si queremos actuar con coherencia entre el análisis y la praxis marxista, lo importante es que, votemos o no, estemos a continuación trabajando en la calle por la organización de los trabajadores y por un proyecto de sociedad socialista.

Nativa o extranjera, joven o adulta, hombre o mujer, somos la misma clase obrera porque nos une el hecho de tener que vender nuestra única propiedad, la fuerza de trabajo, al capitalista que nos explota y se apropia de la riqueza que generamos. Convertir esta realidad material dada en organización política de clase -que no necesariamente parlamentaria- es el primer paso que tenemos que efectuar de forma consciente para optar a la verdadera libertad de poder satisfacer nuestras necesidades, terminar con la explotación, las desigualdades y las opresiones y establecer una relación equilibrada con el medio.

 

Espacio de Encuentro Comunista, abril de 2021

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