El Gobierno más "feminista" de la historia se olvida de las trabajadoras



Las contradicciones de clase excluyen la posibilidad de que las obreras sean aliadas de las burguesas. Pero ello no significa que las rechacen si éstas se posicionan junto a las obreras en la lucha contra el enemigo común en diferentes frentes”.

Clara Zetkin

 

Por su origen, el 8 de Marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Y, no: No todas las mujeres son trabajadoras, como alguna vez se ha oído decir para justificar el genérico Día de la Mujer, que la ONU instituyó en 1975.

 

Trabajadora es la que depende para su supervivencia únicamente de un salario en cualquiera de sus formas, ya sea propio o de algún otro miembro de la unidad familiar. Trabajadora es una posición de clase. Otra distinta es la de las empresarias y rentistas, precisamente porque sus ingresos provienen de la explotación de trabajadoras y trabajadores.

 

Sean pocas o muchas -no es cuestión de cantidad-, las mujeres de la burguesía que explotan el trabajo ajeno son nuestras enemigas de clase, así como las mujeres que ocupan cargos de poder en la política y sostienen dicho régimen de explotación.

 

Lo son también las que contribuyen a mantener nuestra opresión como mujeres apoyando la explotación sexual y reproductiva, que recae mayoritariamente en las trabajadoras más pobres; las que fomentan la cosificación del cuerpo femenino, los estereotipos sexistas y la violencia machista (mediante la publicidad, la pornografía, la trata…); y las que, desde sus posiciones de poder, provocan la agresión a terceros países mediante guerras y sanciones, que se ceban también y especialmente con las mujeres y, en general, las familias de clase obrera.

 

Ello no significa que no denunciemos los ataques de carácter machista, racista o lesbófobos de que nuestras enemigas de clase puedan ser objeto.

 

En este 8 de Marzo de 2022, debemos recordar que la llamada reforma laboral recién aprobada en el Estado español no supone ninguna mejora para al menos tres sectores de actividad donde las mujeres son abrumadora mayoría: las empleadas de hogar, las socio-sanitarias de ayuda a domicilio y las camareras de piso.

 

Las ministras del actual gobierno de coalición PSOE-UP, autodenominado el más progresista y feminista de la historia, llevan ya media legislatura sin haber cumplido la promesa de incorporar a las empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social. “Instan” a hacerlo, no se sabe a quién, porque son ellas las que tienen la potestad. La justicia europea acaba de dar otro toque al gobierno de España para que acabe con esta flagrante discriminación laboral por sexo.

 

Las ministras que hablan tanto de los “cuidados” e incluso de hacer un “Pacto de Estado por los cuidados”, se han negado a escuchar las demandas de las trabajadoras de la ayuda a domicilio (SAD), que lo que hacen, precisamente, es cuidar de personas dependientes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les dio con la puerta en las narices cuando acamparon frente a su ministerio. La “escucha” de la que tanto presume la presidenciable no incluye a estas trabajadoras.

 

La reforma laboral que Díaz ha pactado con patronal y sindicatos de concertación deja intacta la subcontratación con empresas privadas la prestación del servicio de ayuda a domicilio y la actividad de limpieza de hoteles, como recientemente han denunciado las Kellys, que, según una de sus portavoces, se han “sentido engañadas y utilizadas por Yolanda Díaz”. Esto significa que se mantendrán en la misma situación de precariedad que hasta ahora.

 

La ministra de Trabajo ha dicho en reiteradas ocasiones que “los trabajadores y las trabajadoras ganan derechos con esta reforma”. Se cuida mucho de usar el femenino y el masculino en sus discursos, quizás para encubrir que, en los hechos, deja a un buen segmento de lo femenino en la estacada; aunque, en realidad, deja en ella a toda la clase trabajadora puesto que esta reforma no modifica sustancialmente la que en principio se iba a “derogar” y solo ha acabado pasando por el salón de belleza para hacerla más presentable.

 

Hay también en los gobiernos central y autonómico políticas, como Mónica Oltra, que apuestan por legalizar lo que llaman “trabajo sexual”, es decir: la prostitución, una de las formas más horribles de explotación y violencia hacia las mujeres. No olvidemos que, en España, un alto porcentaje -el 80%- de mujeres prostituidas lo son por redes de trata de personas, una de las zonas oscuras de la acumulación capitalista.

 

Además, en los últimos años este funesto negocio ha sido de los primeros en aprovechar la ola de digitalización capitalista -y de paso intentar un blanqueamiento por la vía tecnológica-, convirtiendo en trabajadoras sexuales explotadas a los centenares de miles de mujeres que, empujadas por su mayor dificultad para acceder a un empleo y sus peores condiciones laborales, se ven forzadas a acudir a plataformas empresariales como Onlyfans.

 

También hay políticas que ven con buenos ojos la legalización de los vientres de alquiler, lo que llaman eufemísticamente “gestación subrogada”. Aunque este comercio de madres y bebés está legalmente prohibido en nuestro país, el gobierno de Rodríguez Zapatero, en 2010, abrió una puerta al registro de los bebés que se adquieren por este método en el extranjero. En este sentido, debemos denunciar igualmente que el empobrecimiento de la clase trabajadora en Ucrania, galopante desde el golpe de Estado de 2014 (auspiciado por EE.UU y la UE), ha permitido utilizar a muchas ucranianas como incubadoras para las familias pudientes de España y resto de Europa.

 

Mientras la violencia machista, incluso en sus formas más brutales, no para de crecer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se limita a poner “puntos violeta” en farmacias y otros establecimientos y a mandar mensajes estereotipados de condolencia y condena en redes sociales. No tiene la intención de ir a las raíces del problema, a sentar las bases para que una mujer no deba depender ni un minuto de un maltratador por no tener un trabajo propio bien pagado, o a que los medios públicos que deberían estar para ayudarla se encuentren bajo mínimos por culpa de que el gasto social se ha eliminado para bajar los impuestos del capital.

 

En este punto queremos dejar claro que ningún hombre de clase trabajadora es nuestro hermano si ejerce, anima a ejercer o justifica la violencia machista en cualquiera de sus formas. En este caso, también lo consideramos nuestro enemigo.

 

Esto que hemos reflejado hasta ahora es parte del corto recorrido que tiene el “feminismo” del gobierno de España y sus comunidades autónomas, así como de todo el “progresismo” al que pueden llegar, teniendo en cuenta que sus ministros y ministras están ahí para garantizar que el capital siga extrayendo plusvalías a la clase trabajadora, aunque sea reforzando indirectamente la violencia sexista que supone la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, así como el fomento del borrado de las palabras “mujer”, “madre” y “viuda” del léxico oficial, al haberse entregado todo el entramado institucional a la ideología posmoderna de las “identidades de género” y sus emergentes industrias transgeneristas.

 

Aunque sabemos que el 8 de Marzo ha sido colonizado por las corrientes liberales y posmodernas del feminismo -hegemónico en los ambientes institucionales-; ese feminismo que, contrariamente a lo que pregonan, no atemoriza en absoluto a la clase dominante y ni hace temblar su sistema socio-económico -más bien le es totalmente funcional-, debemos seguir luchando por recuperar el carácter de clase de esta fecha conmemorativa, y, por supuesto, por el socialismo.

 

En el marco del modo de producción capitalista, no hay espacio para la emancipación de las mujeres trabajadoras, ni para la emancipación social en su conjunto.

 

Comisión de Feminismo del Espacio de Encuentro Comunista (marzo de 2022)

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