La triunfante moción de censura contra Mariano Rajoy y su partido, que ha llevado a Pedro Sánchez y el PSOE a la Presidencia del Gobierno español, tuvo en la sentencia sobre el caso Gürtel su detonante final pero encontró sus antecedentes en una cuestión que para la mayor parte de la llamada opinión pública parece haber pasado desapercibida.

En torno a las fechas en las que se comenzó a hablar de la sentencia de la Gürtel y de la posible presentación de una moción de censura al Gobierno Rajoy, los medios de comunicación económicos, en los que el capital expresa sus posiciones, señalaban que la inestabilidad política en España podría llegar a afectar negativamente al crecimiento de la economía; para entendernos: los beneficios empresariales. Los rotativos financieros europeos hacían paralelismos entre Italia y España en relación con dicha incertidumbre. El PP era ya poco fiable para garantizar la acumulación de capital.

En lo político, que Ciudadanos, un partido que goza de simpatías entre importantes directivos de empresas del IBEX 35 y que el PNV, que acababa de hacer posibles los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la ya acabada era Rajoy, retirasen su apoyo al Gobierno del PP, refuerzan la evidencia del fin de la confianza del gran empresariado en el PP.

La deserción del PNV es más significativa aún por cuanto que es un partido con unas relaciones especialmente fluidas con algunos de los sectores más importantes del capitalismo vasco como BBVA, Iberdrola, Petronor (Repsol), Gamesa, etc.

En 6 años el PP había realizado la mayor transferencia de las rentas del trabajo al capital de los últimos 40 años, había realizado los recortes, las reformas laborales y de pensiones más brutales que se recuerdan, iniciados en la etapa Zapatero, cosa que nuestros progres parecen haber olvidado.

Pero para el capitalismo español y para el europeo era ya un partido amortizado. Su gestión de la crisis independentista catalana, convertida en problema enquistado, sus políticas represivas contra la protesta social y la corrupción sistémica bajo su gobierno -organización del expolio de las conquistas sociales de los trabajadores para crear nuevos nichos de mercado al capital mediante la privatización de lo público- han dañado a la marca España o, lo que es lo mismo, a la confianza empresarial necesaria para el mantenimiento de la recuperación del beneficio capitalista.

A Rajoy no le ha echado del gobierno ninguna alternativa “progresista”. Le ha rescindido contrato el capital por fin de obra. Y es el propio capital el que ha abierto camino a un pacto antiPP a casi todo el resto del arco parlamentario, con la excepción del propio PP y de Ciudadanos, que hubiera querido heredarle.

El PSOE no llega al gobierno por la presión popular ni por el hartazgo de la opinión pública (esta última es forjada por los medios de adoctrinamiento de masas). Lo ha hecho porque el capitalismo español y europeo ha decido que era el momento de dejar caer al gobierno Rajoy, poner el semáforo en rojo para Ciudadanos (su posición patriotera y partidaria de choque de trenes con Cataluña es un serio inconveniente para la estabilización política) y encender la luz verde al PSOE para que encabece un gobierno en minoría, destinado a ir estableciendo con casi todo el arco parlamentario pactos de “geometría variable”, incorporando así a la gran mayoría de los partidos al objetivo de la normalización política que “el mercado” necesita.  

Por este motivo se entienden mal los gritos de "Sí se puede" (versión local del lema "Yes we can" de Obama). Cabría preguntarse qué es lo que se puede y qué quieren sus emisores que se pueda realmente.

De momento, el nuevo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha despejado alguna de las incógnitas de qué es lo que se puede: “quiero subrayar que el Gobierno que pueda salir de esta moción de censura va a ser un Gobierno europeísta, va a ser un Gobierno que va a cumplir con los compromisos europeos, va a ser un Gobierno que va a cumplir con los objetivos de déficit público, con el programa de estabilidad, y por supuesto va a cumplir los Presupuestos Generales del Estado".

Tal respeto y acatamiento de las obligaciones que dicta la Comisión Europea significa que el PSOE no derogará el artículo 135 de la Constitución de limitación del déficit público, introducida por su compañero de partido Zapatero en 2011, ni la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que lo desarrolla.

Pero, por si tuviera la tentación de relajar tales condicionantes, el 2 de Junio el diario financiero Expansión titulaba “La primera línea roja de Bruselas a Sánchez: no tocar el Presupuesto”. Y añadía: “La Comisión Europea no quiere cambios en las cuentas de 2018”. Y Sánchez rápidamente  entendió el mensaje, comprometiéndose a mantener los PGE recién aprobados, aunque disfrazando su decisión de respeto a los recientes acuerdos en esta materia del PP con su nuevo socio, el PNV.

Otros titulares de prensa iban, al producirse la investidura de Sánchez, en la misma dirección:

• "Las empresas y la banca piden que Sánchez no revierta las grandes reformas”, refiriéndose entre las citadas a las laborales y de pensiones.
• “Al mercado no le asusta tanto este Frankenstein (por ahora)”. Y subtitulaba de un modo muy significativo: “El Gobierno Sánchez se ve como una etapa de transición que no desmontará la obra de Rajoy. El PNV, una garantía”
• El mundo económico descarta cambios drásticos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

En este marco de admisión plena de las reglas del juego que dicta el sistema económico, establecido el hecho de que no se revertirán ni las reformas laborales ni las de pensiones, que hicieron tanto los gobiernos Zapatero como Rajoy, las medidas del nuevo gobierno no supondrán gasto para el capital, por lo que éste no se verá apenas afectado en sus beneficios vía impositiva, ni se reducirá sustancialmente el número de personas en riesgo de exclusión social (13 millones).   

Tampoco el nuevo gobierno del PSOE pondrá fin al Pacto de Toledo, causa y origen de la actual situación de riesgo de las pensiones contributivas (la gran mayoría), al hacerlas depender solo de las cotizaciones sociales, tras haber sido sacadas de los PGE.

Las mejoras salariales, de producirse, serán las que estén dispuestas a asumir la patronal, ya que ni habrá presión por parte de los dóciles sindicatos de la concertación (CCOO y UGT), que continuarán en su absoluta e indigna claudicación ante los empresarios, especialmente ahora que contarán con un “gobierno amigo”.

No habrá una acción gubernamental para pinchar las nuevas burbujas especulativas inmobiliarias ni en la compra de vivienda ni en el alquiler. Fondos buitre y SOCIMIs continuarán impidiendo una vivienda digna para centenares de miles de trabajadores. Ninguna medida gubernamental actuará para devolver a lo público las miles y miles de viviendas sociales que fueron vendidas por gobiernos locales y autonómicos del PP a los fondos buitre, arruinando a miles de familias.

La degradación del sistema educativo y sanitario públicos y sus privatizaciones no serán revertidas. Se mantendrá la financiación con fondos públicos de la enseñanza privada concertada.

La escena del nuevo Presidente jurando la Constitución sin crucifijo ni Biblia no conllevará la denuncia del Concordato con la Santa Sede, los profesores de religión seguirán siendo pagados por el Estado, continuará la financiación a la iglesia católica y sus propiedades seguirán estando exentas de pagar el IBI.

Lo que sí hará este gobierno es tomar un conjunto de medidas cosméticas destinadas a la compra del voto por colectivos, como ya hizo en el pasado el Gobierno Zapatero.

Según apuntan ya algunas filtraciones a los medios de comunicación, las principales medidas se moverán fundamentalmente en torno a:

• La recuperación del Ministerio de Igualdad, que para los progres (el conjunto de la izquierda, sea en sus versiones social-liberal, lo que quede de la socialdemocracia y la autodenominada izquierda radical) ya no es de clase sino de género, porque ninguno de esos sectores cree ya en acabar con el capitalismo y construir una sociedad sin explotadores ni explotados.
• Una actualización de las pensiones en términos porcentuales que significará muy poco en cuantías absolutas, dado el bajo nivel de la mayor parte de las mismas y que el más mínimo repunte de la inflación acabará por comerse.
• Un nuevo impulso a la dependencia que, no obstante, si continúa dependiendo de las Comunidades Autónomas, le seguirá saliendo barato al Estado.
• Ciertos cambios en el sistema de atribución de becas universitarias, sin que ello tenga porqué significar  una notable elevación de sus cuantías ni una significativa extensión de las becas, como tampoco de descenso de las tasas académicas.
• Parches para los parados de larga duración  mayores de 50 años, mediante alguna prórroga o ampliación de los distintos tipos de Ingresos Mínimos de Inserción, los cuáles no dejarán de ser unos ingresos absolutamente raquíticos e insuficientes para una vida digna.
• La cobertura sanitaria de determinados colectivos a los que el PP dejó fuera del acceso a la sanidad, como los inmigrantes sin papeles. No obstante, no se producirá el esfuerzo presupuestario necesario para revertir la degradación de la sanidad pública.  
• En lo referente a los sectores más preocupados por las libertades, fundamentalmente de expresión y de manifestación, la derogación de los artículos más represivos del Código Penal y de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, aunque sin cambiar el tono general autoritario de dichos textos legales.
• La mejora del diálogo con el Govern catalán, tendente a la normalización del conflicto, una demanda en la que tanto el capital catalán como el español han insistido reiteradamente.

En definitiva, vamos hacia una política de signos, que no incremente notablemente el gasto público (Bruselas ya habla de cierta necesidad de relajación del rigor presupuestario) pero hábilmente distribuido para generar masa crítica favorable a las medidas tomadas y crear cierta sensación comparativa de “cambio”, que garantice una mejora de las expectativas electorales del PSOE en las elecciones autonómicas, locales y europeas, así como posteriormente generales.  

Lejos de crear un clima de solidaridad, esta forma de acción gubernamental por cuotas o colectivos potenciará un tipo de voto “agradecido”, muy en línea del conocido “qué hay de lo mío”, y contribuirá a una desmovilización de la clase trabajadora como conjunto.

Ello no cambiará la realidad de ese 22% de hogares que no podrían mantener su nivel de gasto durante un mes si perdieran su principal fuente de ingresos, el empleo pero contribuirá a generar una red clientelar del voto por parte de familias necesitadas de algún tipo de ayuda económica, y se convertirá en un instrumento de desmovilización y conformismo social.

Resulta más que comprensible la reacción de satisfacción entre amplios sectores populares por el hecho de que el partido más autoritario, reaccionario, corrupto, represor y destructor de conquistas sociales haya salido del gobierno. Pero ignorar que no lo ha hecho por la movilización popular, sino porque el capital ha decidido sustituirle por otro más diferente en la forma (talante, diálogo, retórica) que en el fondo (de políticas sociales y económicas), ahonda en la ficción del voto como sostén de la voluntad popular.

Bajo el régimen capitalista, cualquier gobierno del signo que sea, no es más que lo que Marx expresó como “el Consejo de Administración de los intereses de la burguesía”. A lo largo de la historia, los gobiernos que, asumiendo las reglas del juego “democrático” (la arquitectura legal de la que se provee el capital), han intentando una política radicalmente diferente y orientada a la defensa de la clase trabajadora, han sido desalojados de la dirección del Estado de forma más o menos violenta.

Para que esa ficción del voto como instrumento útil para las clases populares funcione es necesario mostrar como antagonismo radical lo que solo son diferentes expresiones del mercado político burgués. Estos días hemos visto cómo los entornos próximos al PP o a Ciudadanos han presentado a Pedro Sánchez como un peligroso antipatriota, a sus socios en la moción de censura a Rajoy como filoetarras (en el caso de la socialdemócrata Bildu), como comunistas a los neoperonistas de Podemos o como golpe de Estado antidemocrático a una figura, la moción de censura, que está contemplada en la Constitución monárquica y capitalista.

El recurso mediático a figuras notorias de los sectores más conservadores, como el tenista Rafael Nadal o la histriónica Belén Esteban, para azuzar la polémica en torno al acceso de Sánchez al gobierno y su voluntad de acabar la legislatura, es el modo de aparentar dos bloques político-ideológicos irreconciliables cuando la experiencia ha demostrado que tanto PP como PSOE han coincidido parlamentariamente mucho más de lo que se han enfrentado, y no solo en su evidente  apuesta por el modelo de sociedad capitalista. En los flancos respectivos, Ciudadanos y Podemos representan el simulacro de partidos alternativos a sus hermanos mayores, pero lo son mucho más en la retórica que en sus fondos programáticos.

La tensión política como teatralización del enfrentamiento actúa eficazmente, sostenida emocionalmente en el eje amigo contra enemigo, como antes lo hizo en la dualidad nacionalismo catalán contra nacionalismo español. De este modo, Sánchez refuerza su liderazgo dentro del bloque progresista y el PSOE y Podemos recuperan confianza entre su clientela política, cuando hace tan solo dos semanas estaban en horas bajas.

En esa dinámica de enfrentamiento azuzada mediáticamente en la oposición fachas-rojos, lo que sucumbe es, dentro de la base social progresista, la perspectiva de clase y la exigencia programática hacia el bloque antiPP y antiCiudadanos de una política de clase y para la clase trabajadora.

Nada de esto último parece importarle a buena parte de la base social que apoya al bloque liderado por Sánchez. Se restablece la confianza en un PSOE del que no parece quererse recordar que sus políticas, tanto en la etapa González como Zapatero, han sido siempre la avanzadilla de las medidas antisociales que luego acentuaron tanto Aznar como Rajoy.  

El riesgo de una mayor desmovilización de la que ya existe, para no dañar al “gobierno amigo”, puede ser la gran trampa a la que determinados colectivos sociales quieran conducir a los trabajadores, olvidando que independientemente de quién gobierne, solo la lucha y la organización desde la clase y con una perspectiva de clase puede dar frutos en defensa de las conquistas históricas de los trabajadores.

Desde el EEC llamamos a no bajar la guardia, insistimos en la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras nos organicemos autónomamente frente a gobiernos reaccionarios como el anterior o progresistas como el actual, porque la experiencia histórica ha dado ya suficientes lecciones a quienes quieran entenderlas y porque, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden.