«Aquello fue una muestra de lo poco que el general Franco quería a España. Una muestra de desprecio al país que llevaba cuarenta años gobernando. Era demostrar otra vez más que el poder lo tenían cuatro o cinco, o diez o quince a los que les importaba mucho y muy poco el género humano» 

Ovidi Montllor

María Torres / 27 septiembre 2011 / Actualizado 26 septiembre 2016

 

En el amanecer del sábado 27 de septiembre de 1975, cinco jóvenes militantes antifranquistas, dos de ellos pertenecientes a ETA (Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot, Txiki) y tres al FRAP (Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla y Ramón García Sanz) perdieron la vida ante los últimos pelotones de fusilamiento de Franco, con el apoyo unánime de todos los ministros de su gobierno, a cuyo frente se encontraba Carlos Arias Navarro, quien había inaugurado su mandato con el asesinato a garrote vil de Salvador Puig Antich.

 

El día anterior, 26 de septiembre, el Gobierno presidido por Arias Navarro y compuesto por los ministros: Antonio Carro, Santos Blancú, Nemesio Fernández Cuesta, Martínez Esteruelas, Rodríguez de Miguel, Alejandro Fernández Sordo, Licinio de la Fuente, Pedro Cortina Mauri, Joaquín Gutiérrez Cano, Allende y Garda Baxter, Rafael Cabello de Alba, Ruiz Jarabo, junto los militares y también ministros: León Herrera Esteban, José Solís Ruiz, Francisco Coloma Gallego, Gabriel Pita da Veiga y Mariano Cuadra Medina, se reunió,bajo la presidencia del Jefe de Estado Francisco Franco, alrededor de una mesa sobre la que se encontraban las confirmaciones de once penas de muerte.

 

Tres horas y media después el portavoz del Gobierno, León Herrera y Esteban, leyó el siguiente comunicado oficial:

 

«El gobierno, en relación con cuatro causas instruidas por la jurisdicción militar por delito de terrorismo y agresión a la Fuerza Armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por "enterado" de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echevarría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Solla y Juan Paredes Manot. Su Excelencia, el Jefe del Estado, de acuerdo con el Gobierno, se ha dignado ejercer la gracia: del indulto en favor de los también condenados a la pena capital, José Antonio Garmendia Artola, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Concepción Tristán López, María Jesús Dasca Penelas y Manuel Cañaveras de Gracia. (...)  No ha habido el menor disentimiento por parte de ninguno de los miembros del Gobierno y los acuerdos del mismo… han sido tomados con absoluta y solidaria unanimidad».

 

Apenas faltaban dos meses para la muerte del dictador, pero éste quiso dejar su sello homicida hasta el último momento. Se celebraron cuatro Consejos de Guerra, cuatro simulacros en Barcelona, Burgos y dos en Madrid. Juicios sumarísimos que dieron como resultado  once penas de muerte. Seis de ellas fueron conmutadas.

 

Hoyo de Manzanares, 09:10 h. del 27 de septiembre de 1975. Ramón García Sanz (Pito) acaba de ser fusilado por un grupo de miembros de la policía armada. Minutos antes había rechazado que le vendaran los ojos y ser atado a un poste colocado para la ocasión.

Su cuerpo queda destrozado por las balas y se deniega su identificación posterior.Minutos antes había rechazado ponerse una venda en los ojos y ser atado a un poste colocado para la ocasión. Su cuerpo quedó destrozado por las balas y desegándose su identificación posterior.

 

«Yo sé que esto es el final, pero me molesta el garrote, pido ser fusilado». «No os preocupéis por nada camaradas, estoy preparado».

 

No dispuso de abogado, ni de familia que le despidiera con un abrazo. Compartió sus últimas horas con los funcionarios de la prisión y unos tragos de coñac.

 

Tenía 28 años y era natural de Zaragoza. Huérfano desde niño, se había criado en el orfanato Pignatelli junto a su hermano Santiago enfermo de poliomielitis, del que más tarde se haría cargo. Era soldador y trabajaba en una cerrajería de Madrid.

 

 

Hoyo de Manzanares, 09:30 h. del 27 de septiembre de 1975. Otra descarga de fusiles de un grupo de policías siega la vida de José Luis Sánchez Bravo. Al igual que sus compañeros se niega a que le venden los ojos y se le sujete al poste.

 

La noche anterior había recibido la visita de sus familiares y de su esposa Silvia, que estaba embarazada de tres meses y encarcelada en Yeserías.

 

Su hermana María Victoria relataría después: «Había dos guardias al lado de mi hermano y otros dos fuera, en la puerta; había unos cuarenta por los pasillos. Cuando mi hermano los llamaba fascistas, ellos se reían. Mi hermano se agarraba a las rejas con rabia. Aparentemente parecía tranquilo. Claro que se le notaba un odio y una rabia... Mi hermano lamentaba también no haber podido hacer más por el pueblo y no poder saber lo que iba a pasar en España después de su muerte... Cuando su mujer estaba allí, él ha tocado su vientre y ha dicho: 'Si el hijo es un varón quiero que se llame José Luis Ramón. José Luis porque es mi nombre y Ramón, porque nuestro camarada Ramón muere sin familia'.»

 

La hija de Sanchez Bravo nació en París en febrero de 1976 y se le pusieron los nombres de Luisa Ramona Humberta.

 

José Luis Sánchez Bravo tenía 21 años, era natural de Vigo e hijo de una familia numerosa. Desde muy joven comenzó a trabajar. Vendía libros mientras estudiaba bachillerato nocturno en el Instituto Santa Irene. Cuando a los quince años perdió a su padre tuvo que hacerse cargo de toda la familia.

 

Una semana antes de su ejecución consiguió entregar a su hermana una carta que no fue interceptada por la policía de la cárcel:

 

«...Yo no tengo miedo y estoy tranquilo, sé que si sucede lo inesperado estaremos preparados ... Si hay algo que me molesta es la "lástima" o la "compasión", hay que aceptar las cosas y la realidad exterior tal cual es y no dejarse arrastrar por influencias o depresiones. Aunque yo os parezca fuerte, tengo mis debilidades y mis limitaciones, y sufro como cualquier ser humano o más que muchos, ya que mi sensibilidad y la soledad agudizan esa depresión. Si ves alguna vez a mi mujer, entrégale la carta... y dile que no quiero que sea una mártir, pues sería egoísta e irracional por mi parte… Si por un casual tuviera un hijo me gustaría que llevase mi nombre y que le contaseis algún día que, como leo en una pared grabado: "la vida es una gran y larga carrera que hay que ganar"... Estoy ya bien y con mis compañeros y camaradas, y mi conciencia es cada vez más clara y fuerte».

 

 

Hoyo de Manzanares, 10:15 h. del 27 de septiembre de 1975. Suena una descarga. Xosé Humberto Baena Alonso acaba de ser fusilado por un pelotón formado por guardias civiles. Al igual que sus compañeros se había negado a que le vendaran los ojos y le ataran al poste colocado para la ocasión. Hasta el último momento mantuvo ante su familia su inocencia. Había aceptado la sentencia con serenidad: «todo lo que yo quiero es que las muertes de mis camaradas y la mía sean las últimas que se produzcan ante un Tribunal Militar en España bajo estas circunstancias» manifestando su deseo de ser enterrado en su ciudad natal. Unas horas antes pudo compartir con su padre y hermano apenas quince minutos de despedida. El abrazo tan deseado no pudo llevarse a cabo. Los barrotes que les separaban lo impidieron.

 

«Papá, mamá... me ejecutarán mañana, quiero daros ánimos. Pensad que yo muero pero que la vida sigue. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente. Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. Mala suerte! una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven pero estoy contento y convencido» (Xosé Humberto Baena, fragmento de la carta enviada a su familia horas antes de ser ejecutado)

 

Había nacido en Vigo en octubre 1950. No llegó a cumplir los 25 años. Militante del Partido Comunista de España (marxista-leninista). Hijo de Fernando, trabajador jubilado y de Estrella, jornalera. Gracias a la ayuda de unos parientes pudo estudiar el bachiller superior y matricularse en Filosofía en Santiago de Compostela. Hizo el servicio militar en Colmenar Viejo y al finalizar encontró trabajo como peón de fundición.

 

Detenido el 22 de julio de 1975 en Madrid es trasladado a la Dirección General de Seguridad donde le comunican «que había participado en la muerte de un policía armada y que iban a golpearme hasta que declarase, pero que me iban a dejar vivo para que pudiese firmar la declaración, aunque sería por poco tiempo porque me iban a liquidar a garrote vil. Ante mi negativa a declarar, empezaron los golpes y las torturas. Me lanzaban de un extremo a otro de la pared, golpeándome con porras y con los puños. Caí varias veces al suelo pero me levantaban rápidamente para seguir golpeándome. En una ocasión, mientras me sujetaban por la espalda, me agarraron por el cuello y me golpearon repetidamente la cabeza contra un mueble metálico, produciéndome heridas en la cara, sobre todo en la frente, pómulo y ojo izquierdo. Siguieron golpeándome y en uno de los golpes me arrancaron una muela, aunque en el parte médico de la DGS figura solamente la palabra 'caries'. Otras torturas que me hicieron fue el obligarme a arrodillarme y golpearme con un palo la planta de los pies de manera que cuando los apoyaba en el suelo sentía como si se me abriesen. También me colocaron de cara a la pared y me golpearon durante media hora la parte izquierda de la columna vertebral con la punta de un bolígrafo. Al principio no dolía demasiado, pero después esto me impedía hacer el menor movimiento...»

 

 

El único civil que presenció la ejecución de Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, fue el párroco de Hoyo de Manzanares, quien después relató los escalofriantes hechos de aquella madrugada:

 

«Les dije que estaba allí por si querían algo, pero ninguno de los tres quería nada. Fue todo muy rápido. Murieron de una forma absolutamente íntegra, sin decir una palabra y sin que se les escapara un quejido».

 

«Además de los oficiales y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente del pelotón y le dio el tiro de gracia, sin dar tiempo a que me separara del cuerpo. La sangre me salpicó».

 

Los cuerpos fueron arrojados en ataúdes sin ningún cuidado ni respeto. El de Sánchez Bravo es depositado en una caja de cinc y trasladado a Murcia ese mismo día. Xosé Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz son enterrados cuatro horas más tarde en el cementerio de Hoyo de Manzanares, prohibiéndose el acceso al público. Cuentan que algunos miembros de la Brigada Político-Social se pusieron corbatas floreadas y de colores vivos.

 

La familia de Xosé Humberto Baena no obtiene a tiempo la autorización para trasladar sus restos a Vigo, acto que se realiza con posterioridad, el 9 de noviembre de 1975.

 

 

Burgos, cárcel de Villalón, a las 08:00 h. del 27 de septiembre de 1975. La descarga del pelotón de fusilamiento integrado por miembros de la policía armada, acaba con la vida de Ángel Otaegui Echeverría, nacido en 1942 en Nuarbe (Guipúzcoa).

 

Su familia espera a las puertas de la prisión, hasta que les entregan el cuerpo a las cuatro de la tarde y la comitiva fúnebre se dirige hacia Nuarbe. A las diez de la noche, en la más completa oscuridad y discreción es sepultado en el cementerio de su localidad natal.

Había sido detenido el  18 de noviembre de 1974 en su domicilio, declarado culpable de participar el 3 de abril de 1974 en la muerte del cabo primero de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón y sentenciado a la pena de muerte en el consejo de guerra celebrado el día 29 de agosto de 1975. 

 

Cerdanyola, proximidades del cementerio, 8:30 horas del 27 de septiembre. Juan Paredes Manot, alias Txiki, es fusilado en un claro del bosque con los brazos atados a un trípode por un pelotón de seis guardias civiles voluntarios. Muere cantando el himno guerrillero vasco. Unas horas antes había escrito: «Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad», palabras que serían utilizadas como epitafio en su tumba.

 

Tenía 21 años y había nacido en Zalamea de la Serena, Badajoz. A los nueve años se traslada con su familia a Zarautz. Era el segundo de cuatro hermanos.

Detenido el de 30 de julio de 1975 en Barcelona, fue juzgado por un tribunal militar el 19 de septiembre y condenado a muerte al declararle culpable del asesinato del cabo primero de la policía armada Ovidio Díaz López, en el transcurso de un atraco en la sucursal del Banco de Santander de la calle Caspe de Barcelona el 6 de junio.

 

En el consejo de guerra del 19 de septiembre contra Txiki, el fiscal militar reiteró la petición de pena de muerte contra el acusado, según dijo por «razones prácticas, históricas y estadísticas».

 

Fue enterrado en Barcelona y la familia no pudo trasladar sus restos a Zarauz hasta un año después.

 

 

*

 

 

El abogado Christian Grobet, observador de la Liga Suiza y de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, estuvo presente en los consejos de guerra celebrados en Madrid el 11 de septiembre de 1975 bajo la presidencia de los por entonces coroneles Francisco Carbonell Cadenas de Llano y Ricardo Oñate de Pedro, y elaboró un informe que tuvo una gran repercusión mundial.

 

«El que suscribe no puede por menos que comprobar una vez más que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad ha sido menospreciado en España de la manera más grosera.

 

El proceso de los cinco militantes del FRAP ha constituido un simulacro...

Es evidente que el régimen franquista no podía dejar impune el asesinato de un policía, sobre todo en el clima actual de represión que ha alcanzado su paroxismo con la promulgación de la Ley Antiterrorista, cuya finalidad es amordazar cualquier forma de oposición. 

Era preciso encontrar culpables para infringirles el castigo ejemplar exigido por ciertos sectores del régimen... ¿Pero son realmente culpables los miembros del FRAP que están siendo juzgados? ¿No pagan éstos por otros?. 

El que suscribe nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva a una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que se reserva a los acusados».

 

Otro informe del observador y  abogado alemán Rainer Frommann, señalaba:

 

«Los acusados declararon que pertenecían al Partido Comunista de España (marxista-leninista) y al FRAP, que sus confesiones eran falsas ya que habían sido arrancadas mediante la tortura.

 

El acusado Sánchez Bravo declaró que le habían puesto una pistola contra la cabeza y que habían amenazado, en el caso de que no confesara, de matarlo en el acto. También declaró que el juez de instrucción le había amenazado con enviarlo de nuevo a la policía (DGS) en el caso de que se retractara de sus declaraciones ante la policía, eso significa la continuación de la tortura.

 

Todos los acusados -salvo Fonfría- declararon más o menos lo mismo. Hablaban de golpes en la cabeza, en la planta de los pies, en los órganos genitales. Dijeron que les habían aplicado choques eléctricos en la planta de los pies».

 

Frommann dirigió a la opinión pública mundial un escrito pidiendo como abogado y demócrata la anulación de las penas de muerte y denunciando que:

 

«Los antifascistas acusados no han dispuesto incluso de los más elementales derechos que deben ser garantizados en un proceso penal. La preparación de la defensa era imposible. Los defensores fueron excluidos al principio del proceso y reemplazados por defensores militares no profesionales. En el proceso no se han presentado pruebas. Las sentencias se han aplicado en base a confesiones que, según los acusados, han sido arrancadas mediante la tortura.

 

En tanto que jurista, en tanto que abogado, en tanto que demócrata me siento en la obligación de condenar los procedimientos del Ejército español y exigir urgentemente la anulación de las penas de muerte».

 

A pesar de la censura informativa impuesta por la dictadura, las movilizaciones,  huelgas, paros y otras acciones de protesta crecieron dentro y fuera de España en los días previos y los posteriores a las ejecuciones. Miles de personalidades protestaron por los fusilamientos y condenaron a la dictadura franquista. Naciones Unidas y gobiernos europeos solicitaron el indulto para los condenados, se intentó asaltar embajadas, boicotear intereses españoles, vetar la entrada en la Alianza Atlántica, se solicitó la expulsión de la ONU. El gobierno mexicano rompió con el régimen, no sin antes echar del país al embajador franquista. Los gobiernos europeos protestaron oficialmente ante el gobierno franquista y tras las ejecuciones un total de diecisiete  gobiernos retiraron a sus representantes diplomáticos en España: Alemania, Inglaterra, Francia. Italia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Portugal, Austria, Suecia, Irlanda, Luxemburgo, Canadá, Polonia, Hungría y la RDA. La URSS,  EE.UU. y China no realizaron ninguna protesta.

 

Desde la guerra española, no se habían conseguido tantas muestras de solidaridad internacional.

 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que manifestaba «el reconocimiento de la sentencia impuesta a los terroristas». Pidieron clemencia para los condenados, al igual que lo hizo el Papa porque «el perdón no pone en entredicho la firmeza de una sentencia que sea en sí justa, sino que la subraya».

 

El dictador ignoró, como siempre, cualquier petición de clemencia, y convocó para el 1 de octubre una manifestación de adhesión a su divina crueldad en la Plaza de Oriente, a la que acudió acompañado del entonces príncipe Juan Carlos. «Todo lo que en España y Europa se ha armao obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece». afirmó. Se ordenó el cierre de todas las fábricas, empresas y comercios. Se facilitó el traslado con autobuses gratuitos a quienes desearan asistir desde cualquier parte de España.

 

Fue, afortunadamente,  su última aparición pública.

 

Luis Eduardo Aute escribió "Al Alba" como un alegato contra la pena de muerte, unos días antes de que se produjeran las últimas ejecuciones en España (1975). Para tratar de esquivar la censura estatal, escribió una canción de amor en el que el mensaje de fondo queda oculto tras el lamento de un enamorado. La primera en grabar la canción fue Rosa León, y el propio Aute la incluyó finalmente en su disco "Albanta" en 1978.