Boletín Rojo

Mantengamos y elevemos el nivel de la lucha en defensa de nuestras pensiones

    Los pensionistas continúan con su lucha, que va a ser sostenida a lo largo del tiempo. Aciertan en este planteamiento porque el ataque a las pensiones no viene de hoy y previsiblemente será un comportamiento que se repita en un futuro, con el PP en el gobierno o con otro partido del arco parlamentario que le suceda.

    Para comprender lo que está sucediendo con el ataque a las pensiones por el Gobierno actual, el empresariado y los medios de comunicación del capital, es necesario repasar brevemente la historia de las reformas de las pensiones en los últimos 33 años. Ello nos permitirá ganar en perspectiva. Dicho ataque no nace de la nada ni es un hecho sin precedentes.

    Tras el fin de la fase expansiva de la posguerra que se puso de manifiesto en la crisis de 1973, el capital se lanzó a la ofensiva contra los gastos sociales y los derechos laborales, buscando así aumentar su menguante beneficio. Ello les abría, además, la posibilidad de transformar en negocio privado lo que los trabajadores habían convertido, tras décadas de lucha, en servicios públicos. La voluntad de abrir paso a los planes de pensiones privados coincide en España con el período en el que el neoliberalismo se implanta en Estados Unidos (Ronald Reagan) y en Gran Bretaña (Margaret Thatcher). En España, esa voluntad privatizadora la inicia el gobierno del PSOE, con Felipe González, el cual mientras con una mano hizo algunas políticas redistributivas por la vía fiscal, con la otra adelgazó la parte pública del Estado.

    Así en el año 1985 (Ley de 26/85) se modificó el período de cálculo para la base reguladora de jubilación e invalidez, pasándose de 2 a 8 en jubilación y a 5 en invalidez. Del mismo modo, para alcanzar el derecho a percibir una pensión se pasó de los 10 años a los 15 de cotización.

    En 1997 (Ley 24/97), con Aznar, se aprueba nueva legislación sobre pensiones, de acuerdo a lo establecido en el Pacto de Toledo. Esta ley modifica el período de cálculo de la jubilación, que pasa de 8 a 15 años. Igualmente se modifica el porcentaje de cotización para la jubilación de tal modo que, si antes por 15 años cotizados se cobraba el 60% del salario y con 35 años el 100%, con esta ley se rebaja al 50% por 15 años, aunque se mantiene el 100% por 35 años cotizados. Si la reforma del 85 fue firmada por PSOE (en el Gobierno) y empresarios, la de 1997 fue firmada por PP, PSOE y algunos grupos de la derecha nacionalista, empresarios y CCOO y UGT.

    Conviene señalar que el Pacto de Toledo del año 1995 representa el gran golpe a las jubilaciones. Éste estableció la doble fuente de financiación de las pensiones. Mientras las contributivas pasaron a depender fundamentalmente de las cotizaciones de los trabajadores, las no contributivas han sido las únicas que han continuado dependiendo de los Presupuestos Generales del Estado.

    En 2007 (Ley 40/2007), de acuerdo a los pactos establecidos en 2006 entre los mismos grupos que en 1997, la principal “innovación” en la reforma de las pensiones consistió en que, para acreditar el período mínimo de cotización necesario para poder acceder a la pensión (15 años), se computaron sólo los días efectivos de cotización y no los correspondientes a las pagas extraordinarias. De este modo, esta modificación se fue introduciendo progresivamente, pasando de los 4.700 días a los 5.475 de cotización real para alcanzar el derecho y porcentaje de pensión.

    En el período de reformas de las pensiones que va de 2010 a 2013, que tiene su punto central en la última etapa del gobierno Zapatero en 2011, y continuada por el gobierno Rajoy, se producen una serie de modificaciones legislativas que significan un mazazo histórico a las pensiones y a los propios pensionistas. Dichas reformas fueron consecuencia de un pacto entre los mismos grupos que en las dos anteriores. Supusieron cambios en la edad de jubilación, que pasó de los 65 a los 67 años, manteniéndose a los 65 solo en cotizaciones superiores a los 38 años y 6 meses. Éste fue el período obligatorio para alcanzar el 100% de la jubilación. Se aumentó el período de años tomados para establecer la base regulatoria, pasando de 15 a 25 años. La edad de jubilación voluntaria pasó de los 63 a los 65 años.

    El objetivo de los gobiernos del PSOE y del PP y de la patronal, aceptado por CCOO y UGT, durante este conjunto de reformas, ha sido el de ir quitándose de encima un gran número de trabajadores con derecho a pensiones suficientemente dignas mediante el incremento de años de cotización y de años para establecer la base regulatoria, así como del porcentaje que la jubilación representaba respecto al salario de los últimos años.

    Objetivo conseguido: hoy el 51,85% de las pensiones se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que es de 735,90 €, y un 68,28% no sobrepasa los 1.000 € mensuales. Debemos tener en cuenta que los pensionistas en muchos casos son el sostén principal de 3 generaciones (ellos mismos, hijos y nietos).

    Con salarios como los señalados, entrar en la trampa de la actualización de las pensiones al IPC es perder la batalla porque, por un lado, con unas pensiones de miseria, incrementarlas en un 1,5% del IPC equivaldría a menos de 15 € mensuales para las pensiones de 1.000 € y la mitad para las de 500; y porque, por el otro, no garantizarían la sostenibilidad de un sistema que requiere estabilidad en su financiación. Para ello debemos exigir el fin del Pacto de Toledo, origen de la doble fuente de financiación de las pensiones, la vuelta de todas ellas a los Presupuestos Generales del Estado, pues son derechos históricos como la enseñanza o la sanidad y, por tanto, es responsabilidad del Estado garantizar su mantenimiento. Así mismo debemos exigir el incremento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, pues durante toda nuestra vida laboral hemos sido su fuente de riqueza. Evitemos las trampas del reformismo sindical y de los gobiernos y su “oposición”.

    Pero junto a ello es necesario que toda la clase trabajadora, independientemente de cuál sea la situación de cada cuál (parados, ocupados, pensionistas), entienda que la garantía de unas pensiones dignas es un empleo estable, que permita un período suficiente de cotización, la demanda de más empleo y de unos salarios dignos, que aseguren unas cotizaciones suficientes.

    La defensa de las pensiones públicas no es un problema solo de los pensionistas sino de toda la clase trabajadora en su conjunto, incluso antes de incorporarse al empleo, y la reivindicación de la dignidad y el sostenimiento del sistema de pensiones requiere también de una batalla por el empleo y por los salarios.

    Como trabajadores no es nuestra responsabilidad dar alternativas al mantenimiento del sistema público de pensiones, pero sí denunciar el interés espurio que hay por parte de gobiernos, “expertos”, empresarios y sector financiero en atemorizar a la clase trabajadora para que acepte la imposición de peores pensiones y el chantaje del miedo para que suscribamos planes de pensiones privadas que solo unos pocos podrían suscribir. Junto a ello debemos exigir que el Estado capitalista garantice nuestras conquistas o se atenga a las consecuencias de una creciente movilización, tensión y enfrentamiento político y social.

Espacio de Encuentro Comunista

Este sábado 17 de marzo hay convocadas en todo el país múltiples manifestaciones en defensa de las pensiones públicas.

En Madrid, la manifestación de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones saldrá a las 18:00 horas de la Puerta del Sol, y seguirá un recorrido a través de Cibeles hasta Neptuno.

Un grupo de camaradas del EEC se han citado en Cibeles a las 18:00 horas -junto al ayuntamiento- para unirse a la manifestación a su paso por allí.

En defensa del sistema público de pensiones

    Por su actualidad e interés, hemos reproducido en la página del EEC un documento del año 2013 que se publicó en una web que ya no está operativa (http://documentopensiones.org). El documento estaba firmado por una larga lista de economistas, entre los que se encontraban nombres como los de Miren Etxezarreta, Juan Francisco Martín Seco, Pedro Montes, Vicenç Navarro, Albert Recio, etc.

    Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo. Leer el artículo completo.

Un ataque coordinado contra las pensiones públicas

artículo publicado originalmente en Cronica de Clase.

    El sistema público de pensiones es la estructura encargada de gestionar y distribuir el salario diferido. Esto es, la remuneración que reciben los trabajadores tras abandonar su etapa laboral activa. Aunque es diferido por el momento en el que se recibe, no deja de ser salario, pues inevitablemente proviene del nuevo valor que generan los trabajadores activos en el proceso de producción y que, por contrato social, destinan a los trabajadores ya retirados.

    Desde la perspectiva contraria, para los capitalistas el gasto en pensiones es totalmente improductivo, pues los perceptores ya no trabajan para ellos, y su reproducción física les trae literalmente al fresco. Es cierto que para un número de empresarios de determinados sectores los gastos de los pensionistas pueden significar unos beneficios importantes -incluso la base de su actividad-, pero para el capital en su conjunto no son sino una merma de plusvalía global. Es por ello que el carácter de sistema público se torna fundamental, pues el Estado actúa como árbitro en este conflicto capital-trabajo, estableciendo la obligatoriedad del sistema y definiendo sus reglas de funcionamiento.

    Pero un Estado burgués no actúa por principios o justicia ni se comporta como un árbitro neutral. Su papel mediador solo funcionará en una medida proporcional -aunque no en proporción directa ni simétrica- a la relación de fuerzas de las partes enfrentadas. En estos momentos el capital tiene desatada una feroz ofensiva para incrementar una siempre insuficiente tasa de ganancia [1], variable que es la razón de ser del sistema capitalista. Por su parte, los trabajadores están en sus momentos más bajos de conciencia y organización.

    Esta desequilibrada correlación de fuerzas ha desencadenado una guerra de largo recorrido en todo occidente contra los sistemas públicos de pensiones. El objetivo es doble: 1) reducir al mínimo de supervivencia [2] el gasto en pensiones, convirtiendo, por tanto, todas las percepciones suprimidas a los trabajadores jubilados en plusvalía para el capital, y 2) convertir en capital productivo (es decir, gestionado por empresas privadas en lugar de por el Estado) los ahorros para la jubilación de los trabajadores que pudieran permitírselo.

    Esta guerra contra las pensiones públicas se dirime inevitablemente en los ámbitos nacionales, donde siguen reposando las legislaciones sociales y laborales. Pero el Estado Mayor del capital se encarga de enviar a sus representantes nacionales su informe periódico de progresos y estrategias a través de organismos internacionales. Así, la OCDE publica un informe bianual con la situación de las pensiones públicas en todos los países miembros de la organización. En dicho informe explica los avances (avances para ellos, retrocesos para los trabajadores) conseguidos en cada país en esos dos últimos años para que sirvan de ejemplo al resto y, como el que no quiere la cosa, insinúa objetivos personalizados por país a lograr para los años que siguen.

    El informe de la OCDE correspondiente a 2017 [3] se publicó precisamente hace tres meses, coincidiendo con la campaña de cuestionamiento sobre el futuro de las pensiones -auténtico discurso del miedo-, que se ha desatado en nuestro país.

¿Coincidencias?

    El informe no analiza las causas de nada y se limita a dar datos a partir de una situación dada. Una situación dada que, en muchos casos, es consecuencia de que el Gobierno haya aplicado anteriormente medidas recomendadas por la propia OCDE en informes anteriores. Así, por ejemplo, ofrece datos alarmantes sobre la degradación de las condiciones de vida de los pensionistas en las próximas décadas como consecuencia de la bajada en las pensiones fruto de la última reforma de 2013. Esta degradación sirve de excusa para aportar nuevos datos que, según ellos, requieren de nuevos sacrificios.

    Los datos más resaltados por dicho informe para nuestro país son dos. Por un lado, el rápido envejecimiento de la población, que solo se espera superior en Japón y que solo crece a un ritmo parecido en Corea del Sur. Curiosamente, esta situación tan anómala se da por descontada, y el informe no intenta ni propone investigar las causas ni buscar posibles soluciones.

    Por otro lado, el informe resalta especialmente que la “tasa de sustitución” en España es de las más altas de occidente, incluso tras el seguro descenso que traerá como consecuencia la última reforma de las pensiones de 2013. Y dirán ustedes, ¿qué es esa “tasa de sustitución” cuyo valor tan alto nos debe alarmar?

    Para responder a esta pregunta aparentemente tan propia de especialistas, ha aparecido amablemente en nuestra ayuda una organización llamada Inverco que ha creado una página web donde aclara este concepto: “Lo primero de todo es entender bien qué es la tasa de sustitución o de reemplazo. Se denomina así al porcentaje del último sueldo que un trabajador cobra del sistema público cuando se jubila. Si el último sueldo de ese trabajador fue de 1.000 euros y cuando se retira cobra una pensión de 700 euros, quiere decir que la tasa de sustitución es del 70%.”

    Tras esta explicación sobre el significado de la tasa de sustitución, la afirmación de la OCDE parece sorprendente. ¿De verdad es España un lugar donde la pensión es tan alta con relación al último sueldo cobrado por los trabajadores en activo? Seguramente un extranjero que lea este informe pensará que los españoles vivimos por encima de nuestras posibilidades, cobrando pensiones superiores a las percibidas en Francia o Alemania [4]; sin embargo, un conocedor de la situación española jamás podría creerse que nuestras pensiones pequen precisamente de excesivas.

    Y es que el valor de la susodicha tasa de sustitución puede ser cierto, lo cual no quiere decir que sea significativo. Con la definición aportada, una tasa de sustitución puede ser alta tanto si las pensiones son elevadas como, también, si los salarios en el momento de la jubilación son bajos. Y aquí es donde está el secreto, pues no solo los salarios en nuestro país son bajos en general, sino que los últimos años de vida laboral de un trabajador español se ven muy penalizados por el alto nivel de paro, que tanto se ceba con los mayores de cincuenta años.

Datos de Eurostat

    A la vista de estos datos, poner el acento en que los países de la cola destacan por lo cercano entre los salarios y las pensiones y no por lo reducido del salario es una manera muy artera de enfocar el problema. A ello se suma que España es, junto con Irlanda y Grecia, uno de los pocos países que han visto los salarios medios disminuir durante los últimos ocho años.

    Sin embargo, el panorama que nos dibujan la OCDE e Inverco es aún más siniestro, pues a nuestra situación de bajos salarios añaden que la famosa tasa de sustitución va a bajar en España como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013. Veámoslo en palabras de Inverco, que destaca por lo gráfico de sus explicaciones: : “Un partido de fútbol en el que sólo puedes ver el primer tiempo. O salir del cine a mitad de la película. ¿Te imaginas tener que vivir con la mitad? Si tienes entre 35 y 45 años, puede que te encuentres en esta situación cuando te jubiles.”

    ¿Quién es esta organización, “Inverco”, tan sincera? ¿Una ONG, un centro de estudios de los sindicatos? Pues nada parecido, Inverco es la “Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones”, es decir, la gran banca. De manera amable y desinteresada se han encargado de crear una página web [5] en la que, con un lenguaje muy sencillo, divulgan justamente los datos resaltados por la OCDE y alertan a los futuros jubilados de todas las miserias que les esperan como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013. Además, para asegurarse de que el mensaje llega incluso a los que no tienen ganas de leer, se han molestado en crear un canal de Youtube en el que un humorista progre de la banda progre de Buenafuente explica a los jóvenes cómo se pueden ir preparando si no “complementan” su pensión. Por su parte, en Onda Cero y en la COPE, Anne Igartiburu [6] hace lo propio para un público más serio.

    Pero no es la tal Inverco la única a la que le ha dado por hacer difusión de economía catastrofista entre la población. De manera casi simultánea, Unespa (Asociación Empresarial del Seguro) ha presentado un informe encargado a Afi (Analistas Financieros Internacionales) con el título “Soluciones para la jubilación” [7]. El informe y su presentación siguen la linea de meter miedo: “Quien hoy se retire de la vida laboral perderá una media de 350 euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su vida como jubilado tras las últimas reformas llevadas a cabo en España.” Pero, además, van más allá y alertan sobre los efectos globales sobre la economía española de este futuro descenso de las pensiones: “El análisis advierte de que la reducción de las pensiones públicas de los jubilados [...] implicaría un efecto negativo en el conjunto de la economía para el año 2035 de 46.000 millones de euros en términos de valor añadido bruto y un recorte del empleo de 754.700 puestos de trabajo. Ello equivaldría a que la actividad económica se vería mermada en un 3% del PIB en 2035 y un descenso del empleo del 3,7% para dicho ejercicio.”

    Obviamente, la intención de Inverco y de Unespa, de la banca y los seguros, es vender -a quien pueda pagarlo- un plan de pensiones, una renta vitalicia, o cualquier otro producto con el que ellos puedan obtener beneficios. Se genera así una rueda en la que, periódicamente, el “experto” recomienda, el gobierno legisla y el capital se valoriza. Del lado contrario, la perspectiva es mucho más sombría: el trabajador más afortunado podrá recurrir a un gasto extra para compensar su menguada pensión, pero para una mayoría significará simplemente la precariedad.

¿Es el futuro realmente tan negro?

    Si no hacemos nada, sí.

    En lo que respecta a las consecuencias serán incluso peores. En los informes y en las webs referidas cuidan mucho el mensaje para dar a entender que no hay distinciones entre los afectados: antes todos cobrábamos altas pensiones y ahora todos vamos a tener que complementarlas con gasto privado. Pareciera solo una cuestión de quién gestiona mejor su futuro, quién es cigarra y quién es hormiga. Pero la realidad es muy distinta. Cuando el informe habla del poder adquisitivo que perderá un jubilado futuro tras las últimas reformas, lo hace dando por sentado que ese jubilado ha cotizado durante toda su vida laboral. Es decir, en la situación actual de precariedad en la que se encadenan paro juvenil, medias jornadas, trabajo temporal, contratos basura y paro tras los cincuenta, ese jubilado ya tendrá suerte si llega a cumplir las condiciones para cobrar una pensión contributiva. Ni que decir tiene que tampoco tendrá la posibilidad de ahorro para “complementar” nada. A la precariedad laboral seguirá la precariedad en la jubilación. Por eso el mismo informe de la OCDE ya adelanta (aviso para la próxima vuelta de la rueda) que se debería permitir el seguir trabajando tras empezar a cobrar la pensión. ¡No te jode! Es que, si no, al anteriormente conocido como jubilado no le va a dar ni para comer.

    Pero volvamos al principio.

    Hemos visto que los datos que nos ofrecen expertos, gobierno y banca provienen de presunciones arbitrariamente elegidas; una vez legislado en torno a ellos se convierten en profecías autocumplidas y excusa para otra nueva ronda de manipulación. Infórmate de las posibilidades reales de mantener un sistema de pensiones incluso mejor que el actual. En este documento, por ejemplo, podrás encontrar otro enfoque sobre la sostenibilidad de un sistema público de pensiones.

    Como planteamos al principio de este texto, la evolución vendrá dada por la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Por nuestra parte eso se traduce en organización y lucha. Los trabajadores jubilados ya se han puesto a ello. Es necesaria la implicación de todos para que no se cumplan los planes que solo ofrecen precariedad y miseria.

El 17 de marzo la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha convocado manifestaciones en todo el país.

Notas

[1] Ver, también en Crónica de Clase, el artículo “contexto económico y social 2018”

[2] En este nivel de supervivencia cobra sentido la simpatía mostrada por diversos sectores del capital por soluciones tipo Renta Básica. Ver “lo que no te cuentan los progres cuando hablan de la Renta Básica Universal”

[3] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Pensions at a glance 2017”. Contiene un resumen ejecutivo específico para nuestro país.

[4] No debería sorprendernos. Tampoco es un caso muy distinto de la campaña de desprestigio que hace unos años se desató contra los trabajadores griegos, una enorme campaña mediática que tuvo un profundo calado en nuestra sociedad.

[5] Que el ahorro te acompañe

[6] Sí, la misma Anne Igartiburu que el pasado 8 de marzo apoyaba la huelga feminista. Parece que la rotura del techo de cristal de las mujeres de su clase es compatible con unas pensiones más míseras para las mujeres trabajadoras.

[7] Una crónica de la presentación está disponible aquí. Un artículo que advierte de los riesgos de la solución propuesta por Unespa se puede encontrar aquí.