El capitalismo español ha logrado estabilizar su sistema de representación política
En junio de 2018, tras la moción de censura de Mariano Rajoy, el Espacio de Encuentro Comunista (EEC) expresaba en un documento político titulado “La Moncloa cambia de inquilino. El poder sigue en las mismas manos” que nada sustantivo cambiaría en favor de la clase trabajadora con un nuevo inquilino en la Moncloa, tras la salida del gobierno del PP y su sustitución por el PSOE. Tampoco ha cambiado nada en lo sustancial para la clase trabajadora con la actual coalición PSOE-UP salida de las elecciones del 10 de noviembre de 2019.
En el EEC sabíamos muy bien que el PSOE heredaba las políticas económicas del PP, del mismo modo que, en su día las de González fueron continuadas por las de Aznar y las de Rajoy se basaron en las reformas laborales y de pensiones de Zapatero, algo que los progres de hoy pretenden que desconozcamos. Así hemos visto que la coalición PSOE-UP, en su promesa de derogar “los aspectos más lesivos” de la reforma laboral, hizo hincapié en que estos eran los contenidos en la reforma de Rajoy, ocultando que ésta era heredera de las del PSOE.
Pero cuando se produjo la moción de censura a Rajoy, en 2018, estábamos ante una crisis de confianza del gran empresariado en el PP como partido de gobierno capaz de dotar de estabilidad a su necesidad de acumulación capitalista. La falta de estabilidad del Gobierno Rajoy, marcado por la contestación a sus políticas antisociales, la crisis catalana y la corrupción del partido indicaban un fin de etapa inevitable.
Decíamos entonces que “para el capitalismo español y para el europeo [el PP ] era ya un partido amortizado” y que a Rajoy no le [había] “echado del gobierno ninguna alternativa “progresista”. Le ha rescindido contrato el capital por fin de obra”
Este hecho convertía al gobierno Sánchez, miembro de un partido de históricas renuncias a favor del capital, en la opción del momento. A partir de entonces, el “no es no” del secretario general del PSOE se iría convirtiendo en el no es lo que sea necesario para mantener al nuevo gobierno.
Decía entonces Sánchez: “quiero subrayar que el Gobierno que pueda salir de esta moción de censura va a ser un Gobierno europeísta, va a ser un Gobierno que va a cumplir con los compromisos europeos, va a ser un Gobierno que va a cumplir con los objetivos de déficit público, con el programa de estabilidad, y por supuesto va a cumplir los Presupuestos Generales del Estado". Ni se derogaría el artículo 135 de la Constitución de limitación del déficit público, introducida por su compañero de partido Zapatero en 2011, ni la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que lo desarrolla.
Quedaba claro que la sujeción a Bruselas no significaría ningún roto en unas cuentas intervenidas por el capital de Bruselas desde la época Zapatero. Si acaso, algunas concesiones pactadas con Bruselas, como una ligera subida del SMI.
En abril de 2019 en un segundo documento político titulado “El Espacio de Encuentro Comunista ante el electoralismo”, el EEC aludía a la situación de una clase trabajadora que no estaba en la agenda de la formación de un nuevo gobierno ni de sus potenciales aliados de “izquierda”.
Decíamos que la clase trabajadora vivía un proceso de explotación creciente marcado por cuestiones como la precariedad laboral, la temporalidad, la subcontratación, las horas extra no pagadas, los pagos en negro, los trabajos sin contrato, etc. y que eran la consecuencia de la necesidad del capital de incrementar la explotación para continuar aumentando sus ganancias.
La dinámica de “crisis-ajuste-crisis”, propia del largo período de recorte de conquistas sociales y creciente sobreexplotación laboral, añadida a la ya clásica explotación en la que asienta sus ganancias el capitalismo, ha sido la respuesta del sistema económico de dominación, sus gobiernos de turno, en los niveles nacionales, y las instituciones internacionales como la UE, que actúa como especie de supraestado, así como otras organizaciones, acuerdos, pactos y alianzas económicas y militares, hasta la multitud de supervisores e interventores “técnicos”, como puedan ser el FMI o la OCDE, en el plano internacional.
Hemos visto en los apartados anteriores las dificultades del capital para asegurar beneficios, y su ofensiva de clase para aumentar la explotación sin hacer ascos a la sobre-explotación. En este contexto, la necesidad de mantener la cohesión del sistema se sustenta sobre dos elementos ya clásicos en el análisis marxista:
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Por un lado, la dominación ideológica, o lo que Marx definió bajo la expresión “Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época”. Al adaptarse las relaciones sociales al modo de producción las dos partes (trabajo y capital) asumen su rol social y productivo sin cuestionarlo. Se naturaliza de este modo la explotación, que el propio trabajador cree inexistente, al considerar su salario como intercambio justo por su trabajo. Medios de comunicación, instituciones educativas y culturales, etc., juegan un papel fundamental como sustentadores ideológicos del orden social.
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Por otro lado, los agentes de la representación política y sindical de los trabajadores actúan como legitimadores de un sistema económico al que pueden llegar a criticar en aspectos puntuales pero al que no cuestionan desde su raíz en el trabajo asalariado, base de la explotación y del beneficio empresarial, ni de modo global. Ambos están interesados en mantener el discurso del pacto social -que ya hemos desenmascarado como falso- que se impuso como piedra angular de la reconfiguración del Estado capitalista en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial.
Las recetas de los gobiernos PSOE y PP no se han diferenciado en sus respuestas de políticas de austeridad, desregulación del sistema laboral, pérdida de derechos sociales de los trabajadores, etc. a los distintos períodos de la crisis capitalista. Ambos partidos han sido brazos ejecutores de la creciente transferencia de las rentas del trabajo al capital.
Del mismo modo, los sindicatos de la concertación han sido elementos centrales en pactos que han respondido al mantenimiento de la lógica del beneficio del capital.
La metamorfosis experimentada a la izquierda del PSOE, desde un PCE socialdemocratizado y pactista, pero que aún mantenía un vaciado discurso de clase, hasta un Podemos, y su apéndice, la actual IU, que ha sustituido el antagonismo de clase por críticas parciales al sistema (la corrupción como explicación de los males del sistema, la idea de que la crisis no es crisis del capitalismo sino “estafa”, la crítica al neoliberalismo en sustitución del cuestionamiento del capitalismo,…) o la sustitución del eje de clase por un indefinido “la gente” o por un sinfín multicolor de identidades (corriente patrocinada por los gobiernos “progres” y su influencia en el feminismo, el ecologismo, el animalismo, el antirracismo, o las identidades sexuales,…) que parcializa la crítica política y tiende a escamotear la raíz material de la desigualdad es el mejor aliado que el sistema político del capital puede encontrar para legitimarse y acallar cualquier cuestionamiento profundo del sistema económico de dominación burgués.
Durante un tiempo, en el reformismo de nuevo cuño, social-liberal en las formas y liberal en el fondo, por mucho que la derecha política y sus voceros la tilden de “izquierda radical”, ha funcionado este esquema de transversalidad de clase, política e ideológica que mantiene incólume la negación de crítica profunda y frontal al sistema capitalista. Pero, si en lo ideológico aún les funciona, en el nivel de representación política empieza a hacer aguas en la medida en que su actor principal, Unidas Podemos y sus convergencias, entraron en una crisis de credibilidad que intentaron salvar por todos los medios sustituyendo menor apoyo electoral por influencia de sus principales líderes dentro de un gobierno de coalición, ocupando, de hecho, la vicepresidencia y algunas carteras ministeriales, resultado de su pacto de gobierno con el PSOE.
Frente al electoralismo que sustituye lucha de clases y organización de la clase trabajadora por delegación del voto en un difuso progresismo, decíamos entonces, en ese segundo documento político del EEC algunas cuestiones que hoy reafirmamos si cabe con mayor énfasis que entonces:
“Nuestro proyecto no encuentra una zona de intersección con el reformismo. Una concepción marxista de la realidad y una línea política comunista exigen que la perspectiva de clase ocupe el lugar central de nuestra elaboración teórica y que dé sentido coherente al conjunto de nuestra acción política. No apelamos a los ciudadanos, a “la gente”, al 99% ni al interclasismo. Como trabajadores con conciencia de clase, defendemos ante todo nuestros intereses y la lucha de clase contra el capital. Estudiamos, nos formamos, difundimos, hacemos propaganda, nos organizamos con la clase e intentamos participar en los procesos de lucha que ésta emprende. Puede que este discurso resulte seco, pero no pretendemos ilusionar ni prometer utopías, lo que podamos conseguir dependerá de nuestro trabajo militante.
Tampoco entramos a jugar desde la base de las dicotomías que presenta la burguesía, ni pretendemos gestionar para salvar al capitalismo de sus problemas. No vamos a entrar a disputar el concepto o el sentimiento de patria o nación, nuestra postura solo puede ser internacionalista. No pretendemos introducir la democracia en las empresas, queremos el control de los medios de producción. No nos vanagloriamos de pagar la deuda capitalista antes de tiempo ni de cumplir los objetivos de déficit, ambos son mecanismos de transferencia de riqueza de los trabajadores al capital. No queremos consensuar las pensiones dentro del Pacto de Toledo ni ligar los salarios a la productividad de la empresa, queremos el control social del excedente. No vamos a defender que el futuro de los trabajadores locales esté en el euro o en la peseta, una opción u otra nos mantienen con las manos atadas mientras permanezcamos dentro de un capitalismo cada vez más globalizado. Si alguien quiere sentarse a hablar de alguno de estos aspectos como alternativa táctica o paliativo, desde una posición de clase y asumiendo la situación coyuntural, bienvenido sea el debate. Pero al que esté pidiendo el voto usando estos conceptos para salvar a la ciudadanía desde el parlamento, no lo consideraremos más que un charlatán.
Nosotros no reconocemos el capitalismo de estado como paso previo al socialismo. Reivindicamos mejoras en nuestras condiciones de explotación y queremos que tengan el máximo rango de garantía en el Estado capitalista para que sea más difícil arrebatárnoslas. Por eso peleamos para que se hagan ley. Pero nosotros estamos contra el Estado, contra el Gobierno de turno, contra la Ley, contra los jueces y contra las instituciones, pues todas ellas no son más que piezas del Estado burgués. No se trata de ninguna contradicción. Si conseguimos arrancar un buen Convenio Colectivo, lo que queremos es asentarlo para que nos dé cobertura durante un tiempo, pero sabemos que la vía para acabar con la explotación no son los Convenios Colectivos. Estamos siempre jugando con la utilización de elementos políticos, pero sin reconocer a la institución. Los jueces defienden al Estado capitalista, así que no podemos esperar resolver nuestras reivindicaciones por la vía judicial; nos da igual que esté Marchena o que estén los de Jueces para la Democracia. Si se consigue una sentencia favorable, es porque se aplica al caso particular, pero cuando se trata de obtener o mantener derechos de clase, los criterios que vuelven a primar son los de la clase capitalista.
Tampoco estamos en ningún caso por martirizar a la clase trabajadora. Estamos por la defensa de las libertades democráticas. Como sabemos lo que significa la dictadura, queremos libertad de asociación y libertad de reunión. Sabemos lo que son las detenciones y las multas, por tanto estamos en contra de la Ley Mordaza: nos quita libertad de asociación a la clase trabajadora y nos penaliza. Pero eso no significa que estemos de acuerdo con el resto del Código Penal. Queremos que el sistema no nos reprima, por eso estamos por la defensa de las libertades básicas dentro de la democracia burguesa: libertad de organización, libertad de manifestación. Como sabemos que la acción represiva tiene una orientación de clase, exigimos poder convocar una huelga general sin acabar con trescientos camaradas presos. Sin embargo, todo esto no quiere decir que creamos en la democracia burguesa, pues sabemos perfectamente que ésta no es más que la forma más cómoda para el capital de intensificar la explotación.
Tenemos que luchar porque no nos bajen el salario, tenemos que luchar porque no nos repriman, tenemos que luchar contra los trabajos temporales, tenemos que luchar contra las opresiones, etc. Pero tenemos que ser conscientes de que todas estas luchas necesarias no acaban con el sistema; todas ellas no son más que paliativos mientras acabamos con el sistema.
De igual modo, nosotros no evitamos la lucha política en cualquier terreno que se pueda dar: desde los comités de empresa, desde los sindicatos de clase, desde las asociaciones vecinales, desde las asambleas o desde el parlamento burgués, si llegara el caso. Pero no es lo mismo acudir a las elecciones y entrar en el parlamento como herramienta de lucha que pretender que la participación en el gobierno puede acabar con los males de los trabajadores cambiando el sistema desde dentro. Es mentira que algún gobierno pueda aplicar medidas anticapitalistas; y tenemos ejemplos en la historia que lo demuestran. En este país, cuando se intentó ir más allá de lo que el sistema permite, provocaron una guerra civil y cuarenta años de dictadura. En Argentina y en Chile mataron y desaparecieron a decenas de miles de personas. En Grecia, el gobierno reformista tuvo que aceptar la humillación de tener que aplicar la política contraría a la que su pueblo le había reclamado en referéndum unos días antes[14]. Y es que esta gente no va a permitir que nosotros apliquemos por la vía electoral más que los paliativos que mejoren ligeramente nuestras condiciones, y sólo mientras no interfieran con su necesidad de incrementar los beneficios. Y, por supuesto, tampoco es lo mismo presentarse a las elecciones como movimiento calculado tras un trabajo organizativo de largo recorrido ajeno a los ciclos electorales, que hacerlo de forma rutinaria cada cuatro años para limitarse a comprobar si se han perdido o ganado mil votos”
En el tercer texto que dimos a conocer con motivo de la segunda convocatoria electoral (2019), en la que Sánchez aún continuaba como Presidente provisional, titulado “Hay vida más allá de las elecciones y de la formación de gobierno”, insistíamos en algunas de las cuestiones anteriores: los sucesivos gobiernos desde la transición y en especial los de Zapatero y Rajoy como garantes del beneficio empresarial y autores de la legislación empobrecedora de la clase trabajadora –Reforma de las Pensiones, Reforma del Mercado Laboral, políticas de ajuste duro y recortes sociales, etc.-, marco nacional e internacional de un sistema capitalista instalado en una crisis permanente, con débiles y breves fases de recuperación, insuficientes para recuperar la tasa de ganancia del capital, lo que conlleva nuevas medidas políticas antiobreras, sistema político de representación en el que derecha e izquierda asumen las necesidades de sostenimiento de reproducción del capital.
En España, el llamado “milagro de la recuperación” que, de un modo u otro, se fue vendiendo hasta 2018, tuvo que ver con la transferencia de las rentas del trabajo al capital, vía recortes presupuestarios, contención salarial, abaratamiento del despido, horas extras no pagadas, reformas laborales y de pensiones, etc.
Pero esa recuperación tanto en España como a nivel internacional se ha acabado, y el problema del capitalismo en la actual fase de la crisis es que no encuentra sectores productivos rentables en los que invertir sus ganancias, sin los cuáles la valorización del capital se adentra en vía muerta.
Es sabido que toda crisis capitalista la pagan los trabajadores. De ahí que los círculos empresariales y sus organizaciones hayan estado en los últimos tiempos urgiendo a la creación de un gobierno estable. El capital necesita nuevas medidas de austeridad y recortes sociales. Sirva como ejemplo la insistencia de los medios económicos en la crisis del sistema de pensiones y en la necesidad de elevar progresivamente la edad de jubilación.
Los mensajes de Sánchez y su gobierno en cuanto a la contención del gasto hacia el empresariado y las instituciones económicas de Bruselas indican hasta qué punto está dispuesto a ser el tercer gobierno de la saga inaugurada por Zapatero en recortes sociales y legislación contra los intereses de la clase trabajadora (mochila austriaca, pensiones,…). Por otro lado, los dineros de la UE destinados a compensar las pérdidas causadas por la crisis del Covid-19 no son a fondo perdido, lo que redundará en mayor déficit, y están condicionados a la implantación de ciertas reformas. Además, la inflación no deja de subir, rebajando cada vez más los salarios reales y dejando sin efecto la reciente subida del SMI. No es, como nos dice el gobierno, la guerra en Ucrania la causante de que la inflación esté desbocada, pues esta comenzó su tendencia alcista mucho antes de que dicho conflicto estallara el 23 de febrero de 2022.
La democracia burguesa es la coartada para someter a la clase trabajadora a los dictados del capital. Para ello dispone de tres alternativas en función de la dinámica de los conflictos de clase:
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La primera es la del consenso social y la conciliación de intereses capital-trabajo. Es la propia de las épocas de expansión económica y supone el pacto social derecha-izquierda y empresarios-sindicatos reformistas en los ejes básicos que permitan la estabilidad necesaria para garantizar los beneficios empresariales.
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La segunda es la “tecnocrática”, consistente en una supuesta neutralidad ideológica que enfatizaría la eficacia en la “gestión” en aras a unos supuestos intereses económicos. Este fue el caso de la designación no electoral de Mario Monti en Italia, la electoral de Macron (selección de un líder por las élites, que crea su propio partido para sustentar su figura política y a su gobierno), las alianzas de conservadores y socialdemócratas (gran coalición) en Alemania, en “beneficio del país” o la transversalidad de la autodenominada izquierda radical catalana en apoyo de su gobierno reaccionario y antisocial (que contó también con el apoyo de En Comú-Podem a los presupuestos del Govern) en beneficio de los intereses pretendidamente superiores de Cataluña.
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La tercera se emplea, cuando el capital y sus servidores políticos son incapaces de hacer compatibles sus beneficios con las demandas crecientes sectores de trabajadores otras capas subalternas, es la autoritaria y disciplinadora. En España lo representaron el actual Código Penal y la ley mordaza, así como la creciente inversión del Estado en material antidisturbios y represivo. Los gobiernos de Trump, Orban o Bolsonaro han sido la expresión del mismo fenómeno a nivel internacional.
Desde los días previos a la formación del nuevo gobierno hasta el presente, hemos visto una derecha y una extrema derecha echadas al monte exhibiendo un nacionalismo salvapatrias cuartelero y de taberna en el que no ha faltado incluso cierto europarlamentario de VOX llamando al ejército a intervenir para impedir “la voladura de España”
En el juego de apariencias de esta democracia burguesa al nuevo gobierno le viene bien este comportamiento extremo de una derecha que ha actuado como extrema derecha en bloque porque le legitima y otorga una pátina de progresismo que, por supuesto, está muy por encima de su práctica política real. No es solo que no haya cumplido ninguna de sus principales promesas electorales (derogación de la reforma laboral, de la ley mordaza…), sino también su enganche sin reservas al servilismo de la UE a los intereses imperialistas de EE.UU, como quedó patente en la aprobación del envío de armamento al gobierno de Ucrania y el aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa.
Si había dudas acerca de la orientación política de este gobierno, la elección de Nadia Calviño como Ministra de Economía y Empresa y vicepresidenta económica, una personalidad muy apreciada por el gran empresariado español y de José Luis Escrivá como Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un tecnócrata “transideológico” cuya principal tarea es la reforma de las pensiones y que ya habla abiertamente de “aproximar la edad de jubilación real a la legal”, siguiendo la estela de la reforma Zapatero, muestra bien a las claras que en el gobierno actual el papel de los ministros podemitas es el de guindas del pastel o maquilladores sociales de unas políticas antisociales para la recuperación del beneficio por parte del capital. Los cielos siguen a salvo de cualquier tímida insinuación de asalto pero se ha arreglado la vida de algunos ministros/as y de aquellos que engrosan sus equipos. Cuando abandonen los cargos tendrán la vida mucho más resuelta que millones de trabajadores españoles.
En este sentido cobra especial relevancia el hecho de que el Ministerio de Derechos Sociales, que estuvo primero a cargo del vicepresidente Iglesias y ahora de Ione Belarra, nueva cabeza de UP, es un órgano carente de competencias reales. Lo mismo sucede con la responsabilidad de Irene Montero, Ministra de Igualdad. En ambos casos las competencias de dichos ministerios fueron transferidos hace ya largo tiempo a las Comunidades Autónomas. Les queda el papel de la propaganda política desde sus cargos -como el intento de aprobación de una Ley Trans a nivel estatal, o la reciente aprobación de la ley “Sólo sí es sí”, que ha dejado en la legalidad los múltiples burdeles que pueblan carreteras y ciudades. Y poco más.
En cualquier caso, las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox, cada vez más parecidas entre sí, son conscientes de que, una vez desinflado el asunto catalán, les quedan las cuestiones morales e ideológicas en esa especie de guerra cultural que desde la emergencia de la “alt-right” (derecha alternativa o prefascista) en EEUU y Europa vienen librando y que tan buenos réditos les ha dado con victorias como fue la de Trump o la de Europa central (Austria, Hungría, Polonia), o la instauración de un gobierno neo-fascista en Ucrania en 2014 auspiciado por EE.UU y resto de países de la OTAN.
Es significativo que esas derechas acusen al nuevo ejecutivo español de social-comunista cuando aquellas apenas centran sus críticas en la política económica que éste está llevando a cabo, algo nuclear en un auténtico gobierno socialista, o al menos socialdemócrata, y mucho más en uno con ministros comunistas. Esta derecha reaccionaria y prefascista sabe que el actual gobierno se limita a medidas efectistas que no efectivas en lo social, como el Ingreso Mínimo Vital, a meros paliativos de bajo coste y relumbrón porque los límites de su acción de gobierno los marcará la CEOE y la Unión Europea y buena parte de sus medidas están ya descontadas y más o menos asumidas por esa bicha que los progres nombran como el IBEX para no hablar del capitalismo en su conjunto como sistema de explotación, sobreexplotación y dominación social, económica y política.
Conocen de sobra que en este gobierno no hay un solo ministro o ministra socialista ni mucho menos comunista. Son conscientes de que con tal calificativo nos insultan a quienes sí somos comunistas. Pero saben que el anticomunismo, en una sociedad en la que abunda tanto la ignorancia política y que está experimentando un giro profundo hacia la reacción, lo anticomunista vende. Calificar de socialista o comunista a lo que no se sale de la versión más pusilánime del neokeynesianismo (el keynesianismo no deja de ser el hijo “rebelde” del liberalismo) le sirve a la derecha para intentar desacreditar al marxismo por las políticas que llevan a cabo quienes nada tienen que ver con él.
Para los socios de gobierno el calificativo “comunista” no es un insulto sino una especie de galardón que los legitima ante su base electoral que responde a un antifascismo de pose, se conforma con cambios cosméticos y siempre está dispuesta a acabar sustituyendo el eslogan del “sí se puede” por el de “esto es todo lo que se podía hacer”.
El empresariado está tan contento con este gobierno (véase la satisfacción expresada por la patronal con la reforma laboral pilotada por la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz), que ya no se puede hablar de una crisis de representación política. El gobierno PSOE/UP ha reencauzado el malestar que hubo tras el mandato Rajoy, ha vaciado las calles de protestas, ha reavivado la fe en la participación política y el diálogo social.
En la práctica, se ha vuelto a la situación de bipartidismo, pero con muletas a cada lado. Vox, que siempre fue una parte del PP, se ha convertido en partido independiente. Y Unidas Podemos hace la misma función que la Izquierda Unida de toda la vida, solo que ahora se presta a compartir gobierno estable con el PSOE. Allí donde las hay, las coaliciones PP-Vox y PSOE-UP funcionan en lo esencial como lo hubieran hecho el PP y el PSOE en solitario.
De cara al futuro, la inflación disparada puede tener efectos graves en la economía y la política nacional. El hundimiento de los salarios reales sacará probablemente a los trabajadores y trabajadoras a la calle. Pero ni la izquierda ni los sindicatos de concertación van a llamar a la movilización, porque no quieren “traicionar” a su gobierno, de modo que pondrán la alfombra roja para que sea la derecha la que tome la iniciativa.
Si la UE no lograse o no quisiese controlar la inflación, podría ser un factor que hiciera perder las elecciones de 2023 al actual gobierno. Si el PP no consiguiese la mayoría absoluta, es posible que formase gobierno con algún tipo de apoyo del PSOE. No parece que en estos momentos el capital necesite jugar la carta de la extrema derecha. Lo más probable es que la Unión Europea opte por un pacto de Estado entre los dos partidos mayoritarios.
Frente a la complejidad del momento sólo nos queda mantener y reforzar el discurso y la práctica de clase contra clase. Sólo queda la autoorganización de la clase trabajadora como salida a lo que se nos avecina, que será aún más duro que en la fase anterior del capitalismo porque a los que se quedaron descolgados por la crisis les acompañarán ahora nuevas víctimas de los recortes sociales y las políticas de austeridad que el próximo gobierno, sea cuál sea su color, impondrá. Esto sucederá en un contexto en el que las familias no se han recuperado en su capacidad de ahorro y gran parte de los salarios siguen siendo realmente reducidos.
Sólo desde la creación de tejido social de clase, solidario, participativo y de lucha será posible reconstruir todo lo que los viejos y los nuevos reformismos han destruido bajo la mentira, que siempre acaba en una urna, del “si se quiere se puede”, No basta con querer, hay que crear organización y militantes formados y conscientes, preparados para una lucha que se hará cada vez más dura.
Espacio de Encuentro Comunista, octubre 2022
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