Las dos últimas décadas de ajuste permanente

Tal y como se ha explicado en la sección sobre la Unión Europea, las últimas dos décadas de la economía de nuestro país han estado muy marcadas por el hecho de compartir una misma moneda con otras economías de un nivel mayor de desarrollo dentro del modo de producción capitalista. Ello no significa que mantengamos que la no pertenencia al euro o a la Unión Europea hubiera significado algún tipo de mejora en las condiciones sociales o laborales de los trabajadores, pues ya hemos repetido a lo largo del documento la dificultad de obtener beneficios a nivel global, la necesidad para ello de la alta explotación, así como de la imposibilidad de las soluciones nacionales. Pero sí tenemos claro que la pertenencia al club de la moneda única ha marcado las pautas de las dos fases que hemos vivido en ese período, tanto los primeros años de un crecimiento basado en el capital ficticio, un espejismo que terminó con la crisis de 2007, como los quince últimos años de una crisis y un estancamiento más duros que los de países vecinos.

Ya abordamos con detalle el inicio de este proceso en el texto de la IV Asamblea, y aquí haremos un resumen muy esquemático de los acontecimientos:

• El capitalismo español tuvo un desarrollo tardío, y se posicionó en el mercado mundial en puestos de baja productividad y escaso valor añadido

• Cuando se integró en el euro junto a países más productivos se produjo un proceso por el que comenzamos a importar de ellos mercancías mejores y más baratas y absorbíamos como préstamos el capital excedente que se acumulaba en ellos

• Estos préstamos se utilizaron principalmente en un sector en el que la productividad y la competencia exterior no eran un problema: la construcción. Este bucle era de interés tanto para los prestamistas centroeuropeos como para los capitalistas locales

• La ganancia esperada provenía de la propia autorrevalorización de los activos inmobiliarios. Cuando en 2007 aparecieron los primeros síntomas de enfriamiento (una vez más hablamos de la bajada de beneficios que anuncia un fin de ciclo), se cortó abruptamente el crédito y el castillo de naipes se desmoronó

• Con objeto de pagar con plusvalía real los capitales ficticios anotados en las cuentas de los acreedores en los años previos, así como para reactivar la obtención de beneficios del capital local, los gobiernos de Zapatero y de Rajoy (y los de Portugal o Grecia) ponen en marcha planes de ajuste que recaen íntegramente sobre los trabajadores

• El ajuste comienza a dar sus frutos a partir de 2013. No porque se note en el bienestar de los trabajadores, sino porque a costa de su sobre-explotación el capital remonta la crisis

• Se le da el nombre de recuperación económica a la vuelta a los beneficios empresariales, pero en la calle dicha recuperación solo deja empleos temporales o a tiempo parcial, con contratos en prácticas o en situación de falso autónomo, con una alta proporción de oferta en los sectores de servicios menos cualificados.

Los economistas vulgares miran la superficie y dicen que la riqueza no se reparte o que el problema del capitalismo moderno es la desigualdad, como si hubieran encontrado las causas de los problemas y no los efectos. No se trata de que no se haya repartido la riqueza, es que arrebatar la riqueza a los que la producen (explotación) es la esencia del sistema incluso cuando las cosas van bien, y si el capital quiere salir de una crisis necesita poner los medios para arrebatar más (llegando a la sobre-explotación si hace falta). En efecto, cuando retiras salarios indirectos como la educación superior gratuita, la vivienda de protección pública, etc., o cuando se provoca un proceso de proletarización, se genera desigualdad; pero es que el modo de producción capitalista no persigue ninguna igualdad, sino la acumulación de beneficios en manos de los poseedores privados de los medios de producción.

Por eso las medidas que tomaron los gobiernos de Zapatero y Rajoy fueron las necesarias para materializar los beneficios pasados (devolver los préstamos) y asegurar los beneficios futuros. Por eso la Unión Europea y el Banco Central Europeo no ofrecieron ayuda -en forma de compra de deuda pública y de empresas- hasta que los gobiernos europeos que más tenían que apretar las clavijas -entre ellos los del PSOE y el PP- no acabaron de aprobar todas las reformas legislativas para contener el gasto público y liberalizar el mercado laboral.

En los once años transcurridos entre 2008 y 2019 los salarios reales descendieron un 4,5%¹. Desde que comenzó la tan cacareada “recuperación” de 2013 tan solo en el año 2015, y ligeramente en 2018 y 2019, se produjo un ascenso anual del salario real. Pero es importante volverlo a repetir: incluso cuando las cosas van mejor para los trabajadores porque hay más para repartir, incluso en esos momentos ellos ganan más en el reparto que nosotros.

Pero al descenso de los salarios directos, hay que añadir el ahorro en salarios indirectos y diferidos, que también repercute positivamente en los empresarios a través del ahorro en impuestos y cotizaciones sociales. En este ámbito hemos visto cómo las pensiones públicas se han hecho más inaccesibles y han perdido poder adquisitivo, cómo la sanidad ha perdido calidad y cómo se ha ido extendiendo el copago de medicamentos, cómo se extiende la educación concertada, cómo suben las tasas en la educación superior y los dos últimos años de carrera pasan a ser de pago, cómo la vivienda social es vendida a fondos buitre, cómo crece el número de desempleados mal o totalmente desprotegidos, etc.

A partir del año 2013 estas medidas dieron sus frutos al capital. La sobre-explotación aplicada a los trabajadores que habían mantenido sus empleos hizo la producción de sus empresas más competitiva. Ello sumado a la incapacidad de consumir del gran número de desempleados, hizo que por primera vez en mucho tiempo las exportaciones superaran a las importaciones. Sin embargo, aunque el crecimiento se mantuvo desde ese año hasta 2020, a partir de 2015 el incremento era más débil cada año. Ello significaba que la euforia tras la incipiente recuperación se había esfumado en solo dos años y la economía española tendía hacia el estancamiento que reinaba en el resto de Europa.

Esa era la poco prometedora situación cuando la coalición PSOE-UP llegó al gobierno. Pronto se declaró la pandemia de COVID-19 y se convirtió en la excusa sobre la que hacer pivotar todo.

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Se ha querido defender que la gestión de la crisis económica que se produjo a raíz de la pandemia de COVID-19 ha dejado demostrado que la Unión Europea y el Gobierno español han aprendido de los supuestos errores cometidos en la gestión de la crisis de 2008 y que esta vez han aplicado las recetas contrarias. Según este relato, si en 2008 se optó por la austeridad, en 2020 se ha optado por la protección y el estímulo, y ese sería el motivo de que la crisis de 2008 durara tanto tiempo y fuera tan traumática, mientras que ahora todo parece haberse superado en unos meses. De esta manera se llega a la conclusión de que la duración y la gravedad de la crisis de 2008 fue consecuencia de los capitalistas, que no supieron gestionar su propio sistema, encabezonándose en agravar una crisis que podrían haber resuelto sin mayores problemas y con mucho menos perjuicio para todos nosotros y para ellos mismos.

El motivo de que en este relato todos parezcan actuar estúpidamente es que no se está partiendo de los presupuestos en los que se basa la realidad que nos rodea, independientemente de que nos guste o no. Y es que no se trata de que las crisis de 2008 y de 2020 hayan tenido distintas caracterizaciones en función de las medidas que se han tomado para gestionarlas, sino que los gestores capitalistas han aplicado distintas medidas porque las dos crisis tenían orígenes muy diferentes. Ya hemos explicado en extenso cómo la crisis de 2008 era una crisis intrínseca, en la que las contradicciones que desarrolla el capitalismo en períodos de expansión genera una sobreabundancia de capital excedente que no encuentra modo de revalorizarse. Estas son las crisis más graves, y se corresponde con lo ocurrido en las décadas de 1930 y de 1970. Como ya hemos visto, el capital sabe que en estas situaciones no tiene más remedio que dejar operar a la destrucción de capitales (quiebras, absorciones, etc.), despedir masivamente, eliminar gasto social, y sobre-explotar a los trabajadores que mantienen un puesto de trabajo. Frente a aquella situación, y por mucho que podamos defender que el daño humano que ha provocado el coronavirus está más ligado a su gestión capitalista que a su agresividad como enfermedad, no tenemos ningún problema en afirmar que, a efectos de provocar una crisis económica, aparece como un factor “externo” al capital, un evento sobrevenido que interviene por sorpresa y desde fuera. Así que por mucho que afirmemos que el sistema estaba en estancamiento desde hacía unos cuantos años, no se había evolucionado hasta una situación de contradicción límite que forzara a los capitalistas a dejar actuar a la destrucción de capitales. Así pues, los gobiernos capitalistas a lo ancho de todo el globo tomaron medidas tendentes a proteger esos capitales (mantenerlos en hibernación) mientras se superaba el período más o menos largo de contracción económica. Es decir, las medidas tipo ERTE que se implementaron según las especificidades legales nacionales tuvieron por objeto mantener a los trabajadores ligados a su sector de actividad el tiempo necesario para que las empresas de cada sector pudieran capear lo peor de la pandemia y recuperar la velocidad de crucero de la explotación. Cuando dentro de unos años (no sabemos si serán dos o diez, pero ocurrirá) se vuelva a declarar una crisis del tipo de la de 2008, veremos cómo el capital vuelve a aplicar la receta que usó en aquel momento, nada parecido a la actuación en 2020.

Sin embargo, aunque el origen de la crisis de 2020 haya aconsejado a los gestores capitalistas conducirla de una forma menos destructiva para la clase trabajadora que en 2008, lo que se ha mantenido igual es la gravedad relativa con la que cualquier crisis afecta al capitalismo español si se lo compara con los países de nuestro entorno. La economía de nuestro país (medida por el Producto Interior Bruto o PIB) sufrió en 2020 el mayor descenso de toda la Unión Europea (un 10,8%), y ello a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez no sacrificó la economía para salvar vidas, pues la mortalidad COVID en España está más próxima a la del Reino Unido (donde el confinamiento fue muy poco estricto) que a la mucho más baja de Alemania². El motivo vuelve a ser la preponderancia en nuestro país de pequeñas y medianas empresas y su pertenencia a sectores económicos de bajo valor añadido, como el turismo. En estas circunstancias, escuchar una y otra vez a políticos de todo el arco parlamentario exponer -en un tono de incomprensible orgullo- que España es un país de PYMES, no hace más que reflejar su impotencia para reorientar unas condiciones materiales que les vienen dadas por el papel asignado a nuestro economía en las cadenas globales de valor, un posicionamiento en el que jugó un papel protagonista la Unión Europea cuando exigió la reconversión (aniquilación) industrial como requisito previo a la entrada en el Mercado Común.

Sin embargo, a pesar de haber seguido una lógica pro-capital impecable, el Ejecutivo de PSOE y Podemos ha conseguido colar el discurso de que su gestión de la pandemia ha sido positiva para la clase trabajadora, para lo cual solo cuenta con el argumento de que toda la gestión económica ha seguido el camino trazado por Bruselas y de que un gobierno del Partido Popular hubiera sido aún peor. No cuesta mucho aceptar la validez del segundo argumento, pues el PP representa las posiciones más descarnadamente sobre-explotadoras y retrógradas, ante las cuales no precisa de un disfraz social. Sin embargo, el hecho de que la bendición de Bruselas suponga todavía ningún marchamo de progresismo solo refleja la confusión en que la supuesta izquierda parlamentaria ha sumido a la clase a la que dice representar. La Unión Europea dejó marcado desde el Tratado de Maastricht el camino del control del gasto público como uno de los pocos pilares fundamentales en los que descansa la Unión. Tanto el PSOE como Podemos asumieron públicamente su respeto a los techos de gasto marcados desde Europa, y el hecho de que estos controles se hayan relajado temporalmente como consecuencia de la pandemia nunca ha dejado de ser una situación con fecha de caducidad. En ese momento no solo volveremos a sentir toda la presión que ya se vivió en 2011, sino que vendrá agravada por el importante incremento de la deuda (pública y también privada) que se ha producido en 2020 y 2021 para mantener a flote al capital. Mientras llega ese momento, las iniciativas legislativas de los dos primeros años del gobierno de coalición han sido elaboradas de forma que brinden un titular periodístico aparentemente progresista, pero en su desarrollo no hacen sino continuar las políticas pro-capital que ya hemos repasado en los últimos treinta años.

• La reforma de las pensiones ha devuelto momentáneamente el incremento según el IPC (el incremento según el IPC de una pensión ridícula no la hace menos ridícula al año siguiente), pero el famoso “factor de sostenibilidad” que haría descender las pensiones según la esperanza de vida solo ha quedado suspendido, no descartado. El ministro Escrivá no ha hecho más que dejarlo pendiente de una revisión futura de la “sostenibilidad” del sistema, una sostenibilidad que nunca podrá ir a mejor mientras las relaciones laborales sigan primando el empleo de baja calidad y la reducción de las cotizaciones sociales. La Unión Europea ya ha sugerido que tal revisión debería adelantarse al año 2023, y que del cumplimiento de sus “recomendaciones”, dependerá la liberación de los fondos europeos de ese año. Si en los dos años en el Gobierno ya se ha retrasado la edad de prejubilación, se ha incentivado el seguir trabajando pasada esta edad y se ha dado vía libre a la gestión privada de los fondos de la Seguridad Social, los globos sonda para las nuevas “recomendaciones” apuntan a que la pensión se calcule sobre toda la vida laboral o a que el incremento por el IPC vuelva a ser limitado ante periodos de inflación como el actual.

• Mientras tanto, el Ingreso Mínimo Vital y la salida de la Seguridad Social de las prestaciones no contributivas suponen un paso muy importante hacia la supresión de los derechos ligados al trabajo. Dada la inestabilidad de las nuevas carreras laborales debida a las nuevas prácticas del capital, cada vez menos trabajadores serán considerados perceptores de una prestación ligada a un derecho adquirido por el trabajador, y pasarán a entrar en el campo de las medidas de gracia y asistencialismo que se convertirán en terreno abonado para la demagogia, el populismo y las campañas difamatorias.

• El nuevo mecanismo RED de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo iniciados por necesidades de un sector productivo sustituye la temporalidad informal de toda la vida por un mecanismo organizado de subvención a la empresa gestionado por el Estado, el cual asume parte del salario de los trabajadores que son momentáneamente innecesarios, penalizando a estos con la pérdida de meses en una posterior prestación por desempleo.

• Mientras tanto, ya hemos visto anteriormente cómo los salarios directos (los que recibimos al final de mes) han perdido poder adquisitivo desde 2006. Si en los últimos años el Gobierno ha hecho bandera mediática en subir sólo el salario mínimo hasta llevarlo hasta cierto porcentaje del salario medio, una vez se está a punto de alcanzar ese porcentaje y detenerse definitivamente estas subidas, resulta que la enorme inflación prevista al menos entre 2021 y 2023 va a hacer bajar todos los salarios, incluido el mínimo. El resultado final habrá sido que el conjunto de los trabajadores reciben menos en salarios directos, a cambio de la medida cosmética de que un conjunto de ellos ha perdido menos de forma relativa.

• Los Fondos de Recuperación de la Unión Europea son una subvención destinada al capital. A partir de los impuestos de los trabajadores europeos se está pagando a las empresas para que acometan cambios productivos que no han realizado ellas mismas mediante inversión propia. Les estamos pagando para que transformen sus factorías para producir coches eléctricos, algo que ya han hecho todas las marcas en Asia y Tesla en EEUU; para que lleven a cabo la famosa digitalización que creará desempleo y suprimirá el contacto directo con nosotros (sus clientes además de sus trabajadores); para que den unos primeros e inútiles pasos en un sector de la microelectrónica que han despreciado hasta ahora y en la que ya no tienen posibilidad de ponerse en cabeza con tecnología propia… En fin, toda la “recuperación” basada en financiar negocios privados con fondos públicos y a cambio solo recibimos desatención sanitaria y educación universitaria privada para quien se la pueda pagar.

Para el capital, el incremento de la explotación no es un proceso con un final, y el Gobierno de PSOE-UP, como gestores de turno de una economía capitalista, ha sido funcional hasta ahora a los intereses a los que realmente responden. La situación internacional apunta a que en los próximos meses, para seguir cumpliendo su papel, ni siquiera podrá mantener la falsa cara amable con la que ha intentado presentarse la primera fase de la legislatura. Tras una salida de la pandemia en la que el caos propio del capitalismo asfixió la tan ansiada recuperación económica antes de que arrancara, ahora los capitales europeos han decidido (imposible saber hasta qué punto por su voluntad) sumarse a la cruzada estadounidense por el mantenimiento de su estatus imperialista mundial. Ahora, a los problemas sanitarios y de las cadenas de suministro se suman el desabastecimiento de materias primas, energía y alimentos, una situación que ha disparado la inflación.

En estos momentos no hay alternativas benignas para la clase trabajadora, y el Gobierno español no podrá actuar más que como ejecutor local de las decisiones que el capital europeo adopte en Bruselas. El PSOE ha demostrado sobradamente en el pasado estar preparado para ello. En cuanto a sus socios buenrrollistas de Unidas Podemos tendrán que demostrar hasta dónde son capaces de retorcer su discurso para permanecer aferrados al sillón traicionando todas las promesas idealistas con las que llegaron a lo que ellos llamaban “el poder”. Si el capital internacional opta por intentar controlar la inflación, la subida de tipos de interés dará lugar al parón económico, e incluso a la quiebra de las empresas que no puedan devolver sus préstamos (algo especialmente grave en España); pero si elige convivir con la inflación, los trabajadores y trabajadoras nos enfrentamos a que nuestro salario se reduzca cada año tanto como todo lo perdido en los últimos quince. Si finalmente la situación desemboca en una recesión económica abierta, el nivel actual de la deuda pública (de un 115% a día de hoy frente al 60% con el que se entró en la crisis de 2007) será la justificación para tomar medidas de bloqueo total del gasto público y la siguiente ronda de recorte brutal del salario indirecto.