1.-Estado de la cuestión

La pandemia del coronavirus (COVID-19) impactó sobre la recuperación de la economía mundial y española, que venían dando síntomas de ralentización en los últimos tiempos.

La COVID-19 ha destruido no solo vidas, sino también empleo.

En el ámbito sanitario el desastre ha sido devastador. A los recortes en sanidad practicados por el anterior gobierno del PP a nivel estatal y por los partidos gobernantes en las Comunidades Autónomas (en financiación, traspaso de lo público a lo privado mediante privatizaciones, profesionales, camas hospitalarias, equipos,…) se han sumado los efectos de la deslocalización de empresas industriales desde los países desarrollados a los emergentes y del tercer mundo. Eso explica que países como España, pero también la mayoría de los de la UE o de los propios EEUU, carecieran durante los primeros meses de la pandemia de los llamados EPIs (Equipos de Protección Individual) como mascarillas o guantes, o el escaso número de respiradores en las UCIs (Unidades de Cuidados Intensivos). Y ello explica también que inicialmente las autoridades sanitarias dijeran a la población que las mascarillas no eran necesarias, sencillamente porque apenas había en el país y hubo que recurrir a la compra de las mismas en países como China, haciéndolas obligatorias solo cuando las farmacias estuvieron suficientemente surtidas. Ante la ausencia de medios de protección, no quedó otro medio preventivo frente al contagio por COVID-19 que el confinamiento y la distancia física, que entonces se mostraron eficaces pero que paralizaron la economía nacional.

La segunda oleada de la pandemia ya ha llegado, adelantándose incluso a las previsiones que apuntaban al otoño. Es significativo que el gobierno prefiera rebajarla a la categoría de segunda “curva”, apuntando quizás el cambio de nombre a su intención de gestionarla de otra manera.

Si bien el número de muertos y de ocupaciones de camas en las UCIs hospitalarias es aún bajo en comparación con los peores días del primer semestre de la pandemia, las cifras de contagiados crecen aceleradamente en todo el país.

Atribuir esta subida al fin del confinamiento y del Estado de Alarma, con el inicio de la movilidad y la actividad social es no decir nada, porque era previsible. Volcar la culpa en determinados colectivos (los jóvenes y los botellones), en las fiestas y en los encuentros familiares es pasar la responsabilidad a las personas y escurrir el bulto por parte de las autoridades políticas en todos los niveles de la administración: central, autonómica y local.

Durante todo el verano la inacción de las administraciones ha sido casi absoluta, fuera de consejos paternalistas y de una resistencia a tomar medidas, las cuales solo se han ido poniendo en práctica de manera muy parcial en actividades como el ocio cuando las cifras han disparado todas las alarmas.

La ausencia de previsión, que en el caso de la vuelta a los colegios y otros centros de enseñanza ha sido absoluta, se ha visto acompañada de la falta de inversiones en gasto sanitario durante el verano: en equipos, en rastreadores de los contagios, en aumento de camas hospitalarias, en la apertura de los centros de salud con dotación suficiente de personal sanitario, etc. Desde hace meses se están dejando de atender convenientemente no solo a los enfermos de coronavirus sino a muchos otros, y quienes los cuidan -la mayoría mujeres- sin orientación y peleando con unas consultas telefónicas para las que dan cita con bastante retraso. Debe tenerse en cuenta que la atención primaria es la primera línea de choque frente a la pandemia. Tampoco se diseñaron planes de contingencia ante previsibles rebrotes. El pasarse la pelota entre administraciones y la discusión sobre temas secundarios ha mostrado ser un recurso eficaz para ocultar el nulo interés en aumentar el gasto en servicios públicos, punto central de cualquier medida preventiva realmente efectiva.

2.-El capital y sus gobiernos apuestan por sacrificar la salud al beneficio empresarial. Los trabajadores necesitamos defender salud y empleo

La consigna no declarada de todos los partidos políticos parlamentarios y de los empresarios sobre la “nueva normalidad” durante este verano parece haber sido la de que mantengamos la actividad económica y asumamos la compatibilidad de un cierto número de muertos -¿cuántos son asumibles para ellos?- y enfermos con el objetivo de recuperar el beneficio capitalista, sin un mayor esfuerzo por proteger las vidas y salvar de la pobreza y del paro a los afectados por el impacto del coronavirus sobre una crisis capitalista que, convertida posteriormente en estancamiento, se alarga desde el 2007. Solo que el padecimiento y las muertes recaerán fundamentalmente sobre la clase trabajadora, y el cuidado de enfermos y dependientes sobre los hombros de su mitad femenina. Eso mientras se nos lanzaban mensajes desde las instituciones como “Este virus lo paramos unidos” o “España puede”, como si los intereses de capitalistas y trabajadores fueran los mismos o como si el coste de la devastación recayese por igual sobre unos y otros.

Si el número oficial de muertos en España por causa de la COVID-19 ha sido de unas 29.000 personas (probablemente la cifra real sea mucho mayor), la paralización de la actividad productiva y la economía nacional durante los meses del Estado de Alarma ha llevado al paro a una cifra que se aproxima al millón de asalariados; eso sin contar a los trabajadores precarios de la economía sumergida, que vieron paralizada en su práctica totalidad su actividad por el confinamiento, y a los afectados por ERTEs, que la cesaron en dicho período, muchos de los cuáles no se han reincorporado a sus puestos de trabajo, pero que no se suman a la lista oficial de desempleados del SEPE. La destrucción de tejido productivo en autónomos y PyMEs, de manera muy marcada en el sector servicios, es la principal causa de la caída de la actividad y del empleo.

El descenso interanual (de junio de 2019 a junio de 2020) de la economía española (PIB) ha sido el mayor de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y de la Unión Europea, con un 22.1%, el mayor de su historia en tiempos de paz, según datos de la asesoría financiera Bloomberg.

Para el Espacio de Encuentro Comunista (EEC), enfermedad y crisis capitalista, en esta etapa, van unidas, así como la defensa de la vida y del empleo deben irlo también.

Baste decir que a fecha del 31 de agosto de este año, desde el fin del Estado de Alarma, el 15,5% de los brotes de coronavirus se han producido en el ámbito laboral, lo que indica las deficientes medidas de protección y prevención por parte de las empresas hacia los trabajadores; eso sin contar los contagios que se producen en los desplazamientos hacia el trabajo, sobre todo en el transporte público (metro, trenes de cercanías, autobuses,…), mucho más difíciles de demostrar. Esto último ha sido particularmente visible en el metro de Madrid, donde este verano las aglomeraciones han sido la nota dominante, en lugar de doblar el número de trenes con el fin de evitarlas.

Es altamente significativo que la mayor parte de los brotes detectados en los barrios se hayan producido fundamentalmente en aquellos en los que predominan familias con menores ingresos, donde el hacinamiento en los hogares -en muchos casos infraviviendas-, la dependencia del transporte público y el predominio de oficios que no permiten el teletrabajo hacen más difícil lograr la distancia física que en los distritos, barrios o localidades de mayor nivel social. No, no es cierto que todos vayamos en el mismo barco y, si es así, unos lo hacen en los camarotes de lujo y otros lo hacemos en los de tercera.

Frente a la pobreza que se ha extendido incluso por encima de los primeros años de la crisis capitalista iniciada en el 2007, con imágenes de las colas del hambre, nos encontramos con que la medida estrella del llamado gobierno progresista de coalición del PSOE y Unidas Podemos, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha sido un burdo engaño. No solo por su raquítica dotación de 462 €, cuantía con la que es imposible siquiera malvivir, o por la conversión de derechos derivados del trabajo en asistencialismo laico no contributivo, lo que ofrece a sus perceptores el horizonte de pensiones no contributivas de miseria; sino porque, a casi 3 meses de su puesta en marcha, de los 850.000 teóricos hogares perceptores, prácticamente no lo ha cobrado nadie. Si descontamos los 74.000 hogares que lo recibieron en junio pasado, al ser reconocidos de oficio por la Seguridad Social (SS), por ser anteriormente receptores de la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33% -lo que significa que simplemente se le ha cambiado el nombre a la prestación-, el resto de los receptores del IMV apenas ha alcanzado el 1% de los previstos, unos 4.000 hogares.

La machacona cantinela de “no dejar a nadie atrás”, que repetía el vicepresidente tercero del gobierno, señor Iglesias, se ha demostrado un sarcasmo falaz, tanto que ya no habla de lo que pretendía arrogarse como el gran logro de Unidas Podemos arrancado al PSOE, aunque este último lo llevaba en su programa electoral. La SS, y las empresas subcontratadas para su tramitación, han actuado bajo la consigna de retrasar al máximo la concesión de las solicitudes del IMV, mientras José Luis Escrivá, ministro de la SS anunciaba, con mal disimulado orgullo, ya hace meses que, del conjunto de solicitudes presentadas, se había rechazado hasta el momento aproximadamente la mitad.

Hacia finales del pasado mes de agosto aún había más de 150.000 trabajadores en ERTE que no habían cobrado su retribución, pero desde hace unas semanas la administración ha comenzado a reclamar cuantías a una parte de los asalariados afectados por ERTE que considera que han cobrado prestaciones superiores a las debidas. Está muy claro que las prioridades de este gobierno “progresista” se establecen con criterios más cercanos a la ley del embudo que a la solidaridad con las víctimas del impacto de la COVID-19 en la economía.

Habrá que ver en los próximos meses cuántos de esos ERTEs se convierten en EREs y en despidos masivos, si la clase trabajadora lo permitimos.

El gobierno viene filtrando a los medios de comunicación desde hace semanas los nuevos pasos previstos en su ataque a las pensiones, tales como la elevación de la edad de jubilación real a la legal (67 años) y el alargamiento del período de cómputo para hallar la base reguladora de las mismas, por citar solo dos ejemplos. Eran cuestiones previstas, pero que habían sido aparcadas momentáneamente por el gobierno de coalición. Quien tuviera dudas de con qué objetivos aterrizo el ex Presidente de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), señor Escrivá, en el Ministerio de la Seguridad Social, debe ir despejándolas ya: para hacer una reforma de la misma (SS), que recorte derechos, pensiones y prestaciones de desempleo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su borrador sobre la futura ley del teletrabajo presentado a los empresarios, ha eliminado la referencia -incluida en borradores anteriores- a que “todos los costes, directos e indirectos” corren a cargo de la empresa. Mantiene que en el acuerdo trabajador-empresa para el desarrollo del teletrabajo deberá procurar el empleador los medios, equipos y herramientas para su desarrollo, pero deja en manos de los convenios colectivos la posibilidad de que se establezca un mecanismo de compensación de los gastos. Y ya sabemos el modo en el que los sindicatos de la concertación (CCOO y UGT) negocian en tiempos de crisis. Para muestra basten los botones de las negociaciones de Alcoa y Nissan en las que aceptar que un año de carga de trabajo más, sin ninguna seguridad de que no desaparezcan al siguiente las plantas de producción, se ha vendido como un éxito. Cuando los representantes de la clase trabajadora parten de la derrota, ésta está asegurada.

Las agresiones a la clase trabajadora van a dar un salto cualitativo por la mano ejecutora del gobierno de turno del capital. Los servicios públicos que aliviaban la sobrecarga de trabajo que sufren sobre todo las mujeres de nuestra clase (consultorios locales, guarderías, centros de día, becas de comedor…) sufrirán más recortes y deterioro. Y es sobre los hombros de madres, hijas y abuelas donde más recaerá el peso de lo que se recorta y privatiza.

A través de nuevas legislaciones favorables a los intereses de acumulación del capital y por la presión de los empleadores, serán millones los trabajadores y trabajadoras, en la economía legal y en la sumergida, que se verán abocados a jugarse la vida y la salud ante la amenaza pandémica de salir a trabajar sin las suficientes y necesarias garantías de seguridad con tal de no perder sus empleos.

3.-Las agresiones no son a sectores o trabajadores concretos. Afectan a toda la clase

Desde el fin del Estado de Alarma de han producido algunos llamamientos a huelgas y protestas laborales, en unos casos desconvocadas (de Médicos Internos Residentes) o aplazadas con posterioridad (de profesores), movilizaciones de pensionistas, manifestaciones de la Marea de Residencias a cargo de familiares de personas de la tercera edad,…Son luchas comprensibles a las que hay que dar apoyo porque nacen de la precariedad salarial y de las condiciones de trabajo y/o de la necesidad de proteger la salud de los trabajadores o de aquellos a los que prestan sus servicios (estudiantes, ancianos,…).

Pero es necesario trasladar y ahondar en la idea de que toda lucha parcial y particular que desvincule la protesta de un colectivo de la del conjunto de la clase, que entienda solo la cuestión de la salud o solo la del salario directo (lo que se cobra a final del mes), desvinculada de la del indirecto y el diferido (pensiones y prestaciones de desempleo), que no sea capaz de integrar en cada lucha concreta la de la generalidad de los intereses de la clase trabajadora, estará condenada al fracaso o a recoger solo unas conquistas muy provisionales que mañana se perderán ante nuevos ajustes, recortes y chantajes por parte del capital y de sus gobiernos de turno.

La clase trabajadora necesita organizar las duras luchas que se avecinan desde una perspectiva general y global. En defensa de la salud y el empleo y en defensa de lo parcial, sí, pero también del conjunto de intereses de la clase, con el fin de presentar batalla con alguna posibilidad de arrancar alguna conquista. En caso contrario nos vamos a encontrar a cada sector y a cada categoría profesional arrinconados, derrotados, e incluso enfrentados unos trabajadores frente a otros. Por un lado, los sindicatos de la concertación intentarán contener las luchas dentro de los estrictos márgenes de cada caso particular y de la negociación “realista”. Por otro, serán cada vez más frecuentes los ataques contra grupos de supuestos “trabajadores privilegiados”. Ya lo hizo recientemente el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, señor Ossorio, al acusar de privilegiados a los profesores por sus protestas, comparando su situación con la de los trabajadores de los supermercados, señalando que "Cuando estuvieron confinados, les gustó comer y tener luz, ¿no se dieron cuenta de que había gente trabajando por ello?, ¿y ahora cómo les pagan, diciendo que no hay seguridad cien por cien? No la hay, todos corremos riesgos, pero yo creo que es una traición, hay gente que se ha jugado la vida todos los días". En un contexto de gran desideologización política y de bajo nivel de conciencia de clase, este tipo de acusaciones y chantajes funciona si no nos organizamos y unimos en la defensa de las reivindicaciones comunes a toda la clase.

Partiendo de esta base, en el Espacio de Encuentro Comunista (EEC) planteamos la necesidad de presentar y difundir reivindicaciones concretas, pegadas a las necesidades inmediatas de nuestra clase y sentidas por ésta como propias, porque solo desde una perspectiva inserta en lo que realmente le afecta (salud, empleo, salario, desempleo, pensiones, servicios sociales,…) es posible elevar su nivel de conciencia hacia la comprensión de que su defensa y su conquista choca inevitablemente con la lógica del beneficio capitalista; de que es precisamente el sistema de producción y de relaciones sociales el que se opone a la satisfacción de dichas necesidades.

Otros planteamientos que se despeguen de la realidad vital de la clase trabajadora serán inevitablemente percibidos por esta como un mero brindis al sol. Nos referimos, como no, a los falsos radicalismos de la “ilusión democrática” con los que jugaron en su día Podemos y otros grupos. Pero también, y aquí la izquierda radical tiene que hacer una reflexión, a las posiciones revolucionarias para consumo y satisfacción internas, que la clase trabajadora no puede ligar en estos momentos a sus necesidades inmediatas.

Las contradicciones del capitalismo se van a agudizar por la profundización de su crisis, reactivada por la pandemia del capitalismo.

En el EEC somos conscientes de que las luchas de la clase trabajadora frente al ataque a nuestras conquistas históricas, que conllevará la reacción del capital, y sus gobiernos de turno, para intentar recuperar sus beneficios, siendo imprescindibles para frenar sus medidas antisociales, tienen un horizonte limitado. Lo que se logra hoy se pierde mañana ante otras nuevas acometidas más reaccionarias aún.

Solo en una sociedad socialista, que acabe con el trabajo explotado y sobreexplotado, es posible garantizar que nuestras conquistas se mantienen y amplían.

Pero para ello es necesario que la clase trabajadora se organice de forma unitaria, en defensa de ese proyecto de sociedad, sea parte activa de ese cambio y no se limite a ser un mero espectador a la espera de lo que nos devengue el tiempo futuro.

Desde el EEC hacemos nuestras las palabras que Lenin, escribe en su obra "Friedrich Engels" en 1895:

" El movimiento político de la clase obrera llevará ineludiblemente a los trabajadores a darse cuenta de que no les queda otra salida que el socialismo. A su vez, éste sólo será una fuerza cuando se convierta en el objetivo de la lucha política de la clase obrera."

Pero para que los objetivos finales tengan un anclaje en las necesidades inmediatas de nuestra clase, el Espacio de Encuentro Comunista (EEC) plantea las siguientes reivindicaciones:

• Trabajar por la confluencia de sectores y colectivos en una jornada de lucha común, entendiendo esta jornada como punto de partida de un proceso que prepare la huelga general. Solo la huelga general de trabajadores activos, desempleados, pensionistas e irregulares puede dotar las demandas de clase del alcance político al que las movilizaciones parciales no llegan.

• Toda lucha desde sectores de nuestra clase que necesariamente deba darse de forma parcial debe ser apoyada por el resto de la misma. Cualquiera de sus luchas es nuestra lucha.

• La salud no se vende, se defiende. Medidas de protección y prevención en todos los centros de trabajo. Exigencia al gobierno de su vigilancia y sanción cuando no se produzca. En el transporte público, el que utiliza fundamentalmente la clase trabajadora, medidas de seguridad y prevención que minimicen al máximo las posibilidades de contagio. Fin de los contratos temporales, en fraude de ley, que cubren suplencias de días e incluso horas, y que el personal sanitario femenino y las limpiadoras arrastran durante décadas.

• Incorporación de medios técnicos y humanos a la sanidad de titularidad y gestión pública a nivel nacional hasta hacer compatible la prevención y el normal tratamiento de las enfermedades habituales con los casos de coronavirus.

• Mantenimiento de los ERTEs el tiempo que sea necesario hasta la recuperación de la actividad en las empresas afectadas

• Pensión mínima igual al salario mínimo

• Ninguna prestación por desempleo debe ser inferior al salario mínimo, y todas cotizarán para la jubilación. Ello incluye tanto la contributiva, como la de subsidio y la de mayores de 52 años.

• Las prestaciones sociales de la Seguridad Social volverán a estar calculadas respecto al salario mínimo, y no respecto al IPREM introducido por Zapatero. Serán gestionadas a nivel estatal y tendrán la garantía y suficiencia económica del Estado.

• No a la separación de fuentes del Pacto de Toledo.

• No a la separación de las prestaciones contributivas y no contributivas en la Seguridad Social.

• No debe transferirse la gestión del IMV a comunidades autónomas o ayuntamientos.

• Agilización y resolución inmediata de las solicitudes del IMV

• Ningún desempleado (regular o irregular) debe quedar sin prestaciones. Nativa o extranjera, somos la misma clase obrera.

• No a la derivación de ninguna gestión o asistencia social al tercer sector (ONG, etc). La solidaridad no puede ser gestionada desde el voluntariado laico o religioso.

• No a la legalización de la prostitución como “un trabajo más” y de los vientres de alquiler, que se dirigen especialmente a la explotación de los cuerpos y capacidad reproductiva de las mujeres de nuestra clase.

• Demandamos inversión en la modernización de unos centros educativos obsoletos y deteriorados tras la privatización de los servicios de mantenimiento, limpieza y cocina, así como la creación de nuevos centros educativos que den cobertura a toda la población en edad escolar. La supresión de los conciertos a los centros privados sería suficiente financiación para garantizar una enseñanza primaria y secundaria pública, universal y de calidad.

 

Espacio de Encuentro Comunista, septiembre de 2020

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