Un llamamiento vigente: por la vida y el trabajo, unifiquemos las luchas



A lo largo del 2020 el Espacio de Encuentro Comunista ha estado denunciando la gestión sanitaria y económica de la pandemia de COVID-19, dejando claro que es imposible separar ambos aspectos. Desde el mismo 15 de marzo ya advertimos que las repercusiones en nuestra salud y en nuestro sustento vienen marcados por la clase social a la que pertenecemos. Así, los trabajadores que pudieron mantener el empleo, con ERTE o sin él, no pudieron seguir más reglas que las que marcaba su patrón, ya fuera trabajar sin medios de protección, pagárselos ellos mismos, coger las vacaciones forzados, trabajar en casa asumiendo los gastos, infectarse en transportes públicos atestados, convertirse en trabajadores esenciales de la noche a la mañana, etc. La lista la puedes completar con tu propia experiencia. Si en aquel momento los ERTE ayudaron a salvar el puesto de trabajo de muchos asalariados, no es menos cierto que el interés estaba mucho más en sostener de esta forma a sus empresas, muchas de las cuales no han dudado en utilizar estas ayudas públicas de forma fraudulenta para mantener a la plantilla trabajando a pleno rendimiento a costa del Estado. Pero en un país de empleo temporal, estacional e informal, los ERTE no cubrieron más que a un porcentaje de la clase trabajadora. Para cientos de miles de asalariados, desempleados y falsos autónomos solo quedó la promesa del Ingreso Mínimo Vital, cuyo carácter de caridad laica -y no de prestación- ya denunciamos.

El fin del confinamiento estricto pareció cambiarlo todo. El “plan” del Ejecutivo de Pedro Sánchez se había basado en la simple ilusión de que la apertura de fronteras de julio devolvería las cosas parcialmente a la normalidad: la llegada de los turistas y el aumento del consumo interno volverían a traer el crecimiento. Sin embargo, la tozudez de un virus que no sabe de vacaciones mantuvo el retraimiento generalizado, tanto de los particulares con cierta sensatez como de la permisividad de los gobiernos extranjeros, y supuso un bofetón de realidad para un gobierno que se decía “progre”, pero que carecía de un plan B ante la eventualidad de que le fallara la apertura de mercados más liberal de toda la Unión Europea.

El fracaso supuso un punto de inflexión tras el confinamiento de primavera. Si al comienzo de lo que luego se llamó segunda ola hubo cierto intento de aparentar una imagen de protección social frente a la postura más liberal encarnada por la Comunidad de Madrid, los derroteros que ha tomado la acción gubernamental en el último trimestre del año deberían haber acabado con las esperanzas de sus defensores más acérrimos. Fue en este contexto de hechos palpables cuando el Espacio de Encuentro Comunista presentó su campaña “Por la vida y el trabajo, unifiquemos las luchas”.

Desde entonces, la evolución de los acontecimientos ha demostrado la gravedad de la situación que pronosticábamos en nuestro llamamiento. El Gobierno de Sánchez -incluidos sus socios de Podemos- ha asumido los contagios y la muertes diarias como algo normal, y rechaza abiertamente la toma de medidas que puedan perjudicar una economía basada en la hostelería y la pequeña y mediana empresa, unos sectores que requieren la máxima explotación -incluido el desprecio por la salud- para mantener la rentabilidad. Si las 80.000 muertes extraordinarias de 2020 deberían parecer un escándalo, la irresponsabilidad de la tercera ola -fruto de la campaña comercial navideña- nos demuestra que no hay propósito de enmienda. El año que se ha ido ha hecho crecer el paro en 725.000 trabajadores, y las negociaciones para prorrogar los ERTE hasta mayo han dejado constancia de que la patronal tampoco garantiza a futuro el empleo de los 750.000 trabajadores adicionales que siguen en esta tierra de nadie. La alta proporción de empleos temporales e informales, los primeros en caer en todas las crisis, vuelve a dar lugar a que el desempleo se cebe otra vez con los jóvenes (nada menos que 20 puntos por encima de la media europea) y con las mujeres. Tras dos oleadas de contagios y muertes en los que comprobamos que los servicios sanitarios públicos carecían de medios y de personal, siguen sin aumentar la inversión en sanidad; ya ni siquiera se molestan en llamarles héroes por miedo a que se conviertan en mártires. Y si al menos los sanitarios han recibido el reconocimiento del COVID como enfermedad profesional, la mezquindad de la Seguridad Social deja fuera al resto de trabajadores hospitalarios y otros trabajos esenciales. El Ingreso Mínimo Vital ha terminado el año llegando tan solo a la quinta parte de las personas que se prometía en el mes de mayo, mientras las organizaciones vecinales y de clase se veían desbordadas por las colas de trabajadores en busca de alimentos. El ministro Escrivá, el incrustado de la Unión Europea en el gobierno, ha conseguido de esta manera “ahorrar” las cinco sextas partes de lo que publicitó en su momento. Ahora su objetivo es pegar el gran hachazo en las pensiones de jubilación, para lo cual cuenta con el respaldo, no solo de los partidos que le apoyan en el Parlamento, sino también de toda la derecha a través del Pacto de Toledo. La ministra de economía, Nadia Calviño, responsable en Bruselas de que en España se “hagan los deberes” (traducción: recortar derechos a los trabajadores), acaba de presentar ante la Unión Europea las líneas maestras de la reforma de las pensiones y de la futura reforma laboral para demostrar que somos merecedores de las ayudas europeas que deberían empezar a llegar con cuentagotas a partir de este año.

Así llegamos al arranque de 2021, donde se empeñan en ocultarnos que la pendiente sigue yendo hacia abajo. Sánchez, carente de vergüenza, vuelve a utilizar la misma mentira cuando afirma que en julio de este año comenzaremos a volver a la normalidad. Casi simultáneamente, el consejero científico del nuevo presidente Biden advertía que no se puede esperar un relajamiento de las precauciones antes del otoño, y ello solo si se asume que todos los interrogantes que tenemos ahora se resuelven en positivo.

Mes arriba o mes abajo, la estrategia del Gobierno de España -igual que la del Gobierno de Estados Unidos o de la Unión Europea- no aspira a acabar con la pandemia. Tal y como viene ocurriendo desde septiembre, el alcance de las medidas que se adoptan no va más allá de intentar regular la velocidad de extensión de la enfermedad de manera que no colapse el sistema sanitario. Es decir, se busca la máxima libertad de los propietarios privados de los medios de producción, jugando con el número máximo de muertes que sean manejables. Ni siquiera son capaces de utilizar la tan anhelada vacuna como un medio para acabar con la enfermedad, y malgastan sus posibilidades empleándola tan solo como un instrumento con el que desplazar el mencionado equilibrio entre el mercado y los fallecimientos a favor del primero. La erradicación de la enfermedad requeriría de un confinamiento estricto que eliminara la transmisión generalizada, previo al uso masivo de la vacuna para impedir el rebrote. Al quedar descartado el confinamiento estricto y la acción planificada en aras del beneficio económico, se nos condena a seguir conviviendo por largos meses con los contagios y las muertes, dando la posibilidad al virus de que mute en una variante más resistente a las vacunas. Para imponer este destructivo sistema, el capital cuenta con el cansancio progresivo de los trabajadores tras meses de encierro, normas cambiantes, sanidad desbordada, culpabilización de los individuos, inseguridad laboral o desempleo. Sin embargo, por mucho que estos factores estén ahí y minen nuestra capacidad de plantar cara, no podemos dejarnos llevar por la aceptación de que nosotros y nuestras familias seamos simplemente pérdidas que minimizar solo en función de que sigamos produciendo plusvalía. Los asalariados no tenemos la posibilidad de priorizar la salud dejando de lado todo lo demás, pero a nivel colectivo no podemos abandonar la lucha por reclamar la mejor gestión sanitaria.

Y es que el Ejecutivo asume de manera cada vez menos acomplejada el papel que se espera de un Gobierno capitalista: el de ejercer de garante de los intereses del capital.

La “izquierda” reformista -en realidad no son más que social-liberales- ya está ensayando el viejo sistema defensivo que utiliza cuando está a punto de volver a traicionar a la clase trabajadora, y es afirmar que la realidad ha jugado en su contra. Parece ser que, ajenos a analizar los hechos del momento, la experiencia de décadas y la lógica capitalista, montan sus castillos en el aire en base a promesas idealistas. Así, tenemos que aguantar ahora que el “politólogo” Pablo Iglesias nos ilumine con su reciente descubrimiento acerca de que “estar en el gobierno no es estar en el poder”. Si tuviera de marxista algo más que el título de comunista que tan generosamente otorga la derecha caciquil española, esto es algo que debería haber sabido desde hace mucho tiempo.

Caerse del guindo les valdrá -una vez más- para romper todas las promesas hechas a los trabajadores, y para exigirnos todos los sacrificios “patrióticos” con los que recuperar los beneficios del capital. Si dijeron de subir el salario mínimo, ahora no solo no es el momento, sino que los salarios en general bajan inevitablemente durante la pandemia. Si hablaron de controlar los precios de la energía, la energía dispara su precio cuando peor está la situación económica y cuando más necesario es su consumo. Si dijeron de hacer una banca pública, privatizan la banca rescatada en la anterior crisis, mandan a miles de empleados al paro y permiten las comisiones por tener una simple cuenta. Si se comprometieron a revocar “los artículos más lesivos de la anterior reforma laboral” (no la de ZP), ahora van a realizar su propia reforma laboral; veremos cómo de lesiva es.

La “izquierda” parlamentaria y el sindicalismo de concertación, al partir de la aceptación del sistema capitalista, se encuentran siempre en la necesidad de anteponer los intereses del capital, algo que se acentúa durante las crisis. A los trabajadores no les ofrecen más contrapartida que una vaga insinuación de que la futura recuperación empresarial representará para ellos un goteo de empleos, cada vez más inseguros y peor remunerados. La lógica que la derecha puede aplicar con naturalidad se convierte bajo la gestión de los reformistas en una contradicción permanente entre las expectativas (ni siquiera las promesas) y los hechos. Pero este fracaso no puede repetirse una y otra vez sin pasar factura, y menos cuando llevamos acumulados trece años de crisis y estancamiento. Para una clase trabajadora sin organización propia, que confunde a la “izquierda” parlamentaria con sus representantes, las traiciones inexplicables se acumulan en cada legislatura. No es de extrañar que gran parte de esta clase, junto a los profesionales y a los pequeños propietarios en proceso de proletarización, puedan caer víctimas de supuestas explicaciones de digestión fácil difundidas desde posiciones autoritarias, nacionalistas y tradicionalistas. O que acepten resignadamente la imposición de la figura del tecnócrata capitalista al que nadie ha elegido. Es necesario trabajar desde ya para desactivar estas posibles derivas autoritarias, pues no debemos olvidar que las libertades democráticas facilitan nuestra lucha, y tenemos que defenderlas de la misma manera que defendemos otras conquistas de la clase trabajadora, como las protecciones laborales o sociales. Pero para evitar que la clase trabajadora sea arrastrada en contra de sus intereses a las posiciones de un capitalismo que tantea la vía reaccionaria, el primer paso es explicar con claridad por qué las posturas reformistas están condenadas a incumplir sus promesas y no se puede esperar otra cosa de ellas. Hay que transformar la crisis de credibilidad en los “representantes” en una crisis de credibilidad en el modo de producción capitalista.

Pero que nadie se confunda. El que la solución no pueda provenir del Parlamento no quiere decir que los trabajadores no debamos elevar el planteamiento de nuestras reivindicaciones del nivel económico al nivel político. Todo lo contrario. Es hora de que comprendamos que las luchas económicas individuales deben elevarse para tomar forma de reivindicación política colectiva. Si no nos damos cuenta de que el problema del médico residente es el mismo que el del falso autónomo que reparte comida en moto o que el del jubilado que recibirá una pensión no contributiva de miseria, nos será imposible alcanzar el nivel de organización y combatividad que la situación requiere en estos momentos. En estos tres ejemplos y en los que queramos buscar operan los mismos resortes: el capital necesita recuperar la tasa de beneficio que ha perdido, lo cual pasa por concentrar el capital, aumentar la explotación y mercantilizar servicios que hasta ahora eran públicos. El Estado capitalista está ahí precisamente para garantizar que La lógica del capital fluya, especialmente en tiempos de crisis. Arrollará sin miramientos a las luchas que se le enfrenten individualmente.

 

Partiendo de esta base, en el Espacio de Encuentro Comunista planteamos la necesidad de presentar y difundir reivindicaciones concretas de la clase trabajadora, porque solo desde una perspectiva inserta en lo que realmente nos afecta (salud, empleo, salario, desempleo, pensiones, servicios sociales,…) es posible elevar el nivel de conciencia hacia la comprensión de que su defensa y su conquista choca inevitablemente con la lógica del beneficio capitalista.

El Espacio de Encuentro Comunista plantea las siguientes reivindicaciones:

  • Trabajar por la confluencia de sectores y colectivos en una jornada de lucha común, entendiendo esta jornada como punto de partida de un proceso que prepare la huelga general. Solo la huelga general de trabajadores activos, desempleados, pensionistas e irregulares puede dotar las demandas de clase del alcance político al que las movilizaciones parciales no llegan.

  • Toda lucha desde sectores de nuestra clase que necesariamente deba darse de forma parcial debe ser apoyada por el resto de la misma. Cualquiera de sus luchas es nuestra lucha.

  • La salud no se vende, se defiende. Medidas de protección y prevención en todos los centros de trabajo. Exigencia al gobierno de su vigilancia y sanción cuando no se produzca. En el transporte público, el que utiliza fundamentalmente la clase trabajadora, medidas de seguridad y prevención que minimicen al máximo las posibilidades de contagio. Fin de los contratos temporales, en fraude de ley, que cubren suplencias de días e incluso horas, y que el personal sanitario femenino y las limpiadoras arrastran durante décadas.

  • Incorporación de medios técnicos y humanos a la sanidad de titularidad y gestión pública a nivel nacional hasta hacer compatible la prevención y el normal tratamiento de las enfermedades habituales con los casos de coronavirus.

  • Mantenimiento de los ERTEs el tiempo que sea necesario hasta la recuperación de la actividad en las empresas afectadas

  • Pensión mínima igual al salario mínimo

  • Ninguna prestación por desempleo debe ser inferior al salario mínimo, y todas cotizarán para la jubilación. Ello incluye tanto la contributiva, como la de subsidio y la de mayores de 52 años.

  • Las prestaciones sociales de la Seguridad Social volverán a estar calculadas respecto al salario mínimo, y no respecto al IPREM introducido por Zapatero. Serán gestionadas a nivel estatal y tendrán la garantía y suficiencia económica del Estado.

  • No a la separación de las prestaciones contributivas y no contributivas en la Seguridad Social.

  • No a la separación de sus fuentes de financiación según la doctrina del Pacto de Toledo. Todas las pensiones vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado, del mismo modo que se hace con la enseñanza y la sanidad, pues la garantía de los derechos históricos conquistados mediante las luchas de la clase trabajadora es responsabilidad del Estado.

  • No a transferir la gestión del IMV a comunidades autónomas o ayuntamientos.

  • Agilización y resolución inmediata de las solicitudes del IMV

  • Ningún desempleado (regular o irregular) debe quedar sin prestaciones. Nativa o extranjera, somos la misma clase obrera.

  • No a la derivación de ninguna gestión o asistencia social al tercer sector (ONG, etc). La solidaridad no puede ser gestionada desde el voluntariado laico o religioso.

  • No a la legalización de la prostitución como “un trabajo más” y de los vientres de alquiler, que se dirigen especialmente a la explotación de los cuerpos y capacidad reproductiva de las mujeres de nuestra clase.

  • Demandamos inversión en la modernización de unos centros educativos obsoletos y deteriorados tras la privatización de los servicios de mantenimiento, limpieza y cocina, así como la creación de nuevos centros educativos públicos que den cobertura a toda la población en edad escolar. No a la educación concertada.

 

Espacio de Encuentro Comunista, febrero de 2021

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