En el texto de la Asamblea del EEC de 2018 describíamos un panorama económico internacional de escasos beneficios empresariales con tendencia a la baja¹. En aquel momento ya explicamos que, siendo la perspectiva de beneficios la razón de la inversión capitalista (y no al revés, como afirman los keynesianos), no era de esperar ningún repunte económico si no entraban en juego el recurso al capital “ficticio”. Si en aquel texto planteamos que las posibilidades estaban solo entre la crisis declarada, la lenta agonía o la burbuja seguida de crisis, en febrero de 2020 era la segunda de estas opciones la que se había asentado con tozudez.

El capital productivo, el que extrae valor nuevo a través de la explotación de trabajadores asalariados, se encontraba en una fase de fin de ciclo económico, y en los dos años anteriores a la irrupción del COVID-19 las tendencias apuntaban hacia la reducción de los índices de producción industrial y la bajada de las expectativas de inversión de los empresarios. Ante esta ausencia de vías de inversión más tradicional, el capital había ocupado espacios en los que antes no primaban las relaciones mercantiles con trabajo asalariado, con lo que fuimos testigos de su extensión en todo tipo de sectores que antes se gestionaban entre particulares o autónomos: empresas que quieren sustituir al taxi, otras que gestionan el reparto de comida a domicilio con la vista puesta en quedarse con el negocio de la pequeña restauración, otras que convierten en cadenas las consultas dentales privadas, otras que gestionan la portería o la limpieza de tu edificio, otras que te ayudan a vender tu ropa usada, a alquilar tu segunda vivienda o a realquilar la habitación que no usas, etc. Esta invasión del gran capital en servicios de los que hasta entonces hacía caso omiso le permite atrapar como plusvalía parte de unos intercambios que antes se desarrollaban entre particulares, con lo cual incrementa el número de asalariados en tareas en muchos casos de escaso valor añadido y desplaza a la pequeña burguesía de cada vez más reductos. En cualquier caso, debemos darnos cuenta de que hablamos de capital de servicios, no industrial, y su inversión tecnológica no suele pasar de gestionar una “app” y disponer de unos servidores y unas oficinas centrales.

Ello no quiere decir que, en ausencia de beneficios del capital productivo y después de llevar al límite la búsqueda de nuevos nichos de mercado, el capital no haya explorado todas las vías de obtención de beneficios adicionales. Durante el mandato de Donald Trump se consiguió que la economía norteamericana mostrara una apariencia temporal de recuperación por el mecanismo de bajar los impuestos corporativos. Pero, incluso antes de la irrupción de la pandemia, una vez que las empresas asumieron el regalo como el nuevo nivel normal de impuestos, el crecimiento volvió a la deprimente normalidad previa. Mientras tanto, los trabajadores norteamericanos han perdido la posibilidad de disponer de esos impuestos para fines sociales o de servicio público. Tampoco se ha dejado de usar la vía financiero-especulativa -como se viene haciendo desde los años 1980- para que el capital ocioso busque beneficios extra (o al menos protección) donde no los da la inversión productiva², lo cual explica los vaivenes injustificados de las bolsas, los bonos, los mercados inmobiliarios y la irrupción de los criptoactivos.

Llegados a este punto de la explicación, vamos a volver la vista atrás de nuevo para ver qué ocurrió en ese mismo período con la clase trabajadora. Ya explicamos en el texto anterior cómo había caído sobre ella el peso de la salida del capital de su crisis de 2008. Esto no es ninguna novedad, pues la recuperación de los beneficios del capital pasa siempre por el desempleo de los trabajadores, la bajada de sus salarios directos, de sus protecciones sociales, etc. A ellos se unieron los trabajadores de países como Argentina, Turquía o Sudáfrica, economías que finalmente perdieron su estatus de “emergentes” para engrosar también el estancamiento o la depresión.

La presión sobre la clase trabajadora se hacía palpable cuando, a principios de 2020, los economistas mostraban su extrañeza ante una situación que no aparecía en sus manuales: mientras las economías de los EEUU, Europa central o Japón presumían de haber vuelto al pleno empleo tras la crisis capitalista de 2008, los niveles salariales se habían quedado estancados. Sin embargo, un análisis basado en las condiciones materiales desvelaba razones más que suficientes que explican esta nueva tendencia de “pleno empleo” sin subida de salarios:

• un crecimiento en el empleo basado en actividades del sector servicios de bajo nivel añadido: hostelería, reparto a domicilio, almacenes y logística, etc.

• unos índices de empleo dudosos, pues en muchos casos las cifras están infladas con temporalidad, estacionalidad o medias jornadas no deseadas.

• una productividad empresarial lastrada por la escasa inversión, lo que hace que los salarios deban ser obligatoriamente bajos para justificar la contratación.

• una competencia internacional por el empleo basada en la amenaza de la deslocalización. Es decir, el trabajador no siente la presión de un ejercito industrial de reserva local, pero sabe que hay todo un mundo de bajos salarios al que se puede marchar su empresa.

• unos altos niveles de abandono del mercado laboral -y de las estadísticas oficiales- de aquellos que quedaron desplazados permanentemente del empleo en lo peor de la crisis anterior.

• y, como no, el abandono de la lucha por las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores, que tienen totalmente asimilada la lógica del capital.

Es decir, en línea con nuestros análisis anteriores, la situación a principios de 2020 no era la de un capitalismo en fase de crecimiento eufórico, pues todos los indicadores son compatibles con un estancamiento en el que la baja rentabilidad se compensa con un interminable incremento en la presión sobre la clase trabajadora.

Esta era la situación en el arranque del año 2020 cuando llegaron noticias de un brote de un nuevo virus de la familia “corona” que había sido detectado en China. Si en un primer momento la amenaza fue tratada con el menosprecio que el capitalismo muestra hacia la salud o el bienestar de las personas, pronto se puso de manifiesto que la amenaza traspasaba el umbral a partir del cual era la economía global -y con ella el beneficio empresarial- la que se encontraba en riesgo.

No es la intención de este apartado valorar la gestión sanitaria de lo que pronto se convirtió en una pandemia, aunque la disparidad en el porcentaje de muertes según los intereses inmediatos de los capitales locales puso en evidencia que la enfermedad ha matado allí donde se la ha dejado matar. En el capitalismo no es verdad que una vida humana sea “sagrada”, igual que no es verdad la promesa de democracia o que el progreso científico y tecnológico conduzcan hacia el incremento del bienestar. Todo ello está supeditado a un imperativo de más alto nivel, que es el de no estorbar a la acumulación del capital. Mientras nos encontremos en este modo de producción más nos vale mantener la lucha por la salud y las libertades democráticas más básicas, pues siempre estarán en disputa, pero no olvidemos que su garantía solo puede pasar por la superación del capitalismo.

Así pues, es difícil defender que la crisis económica surgida de la emergencia sanitaria sea “externa” al capitalismo, pues vemos que son sus propias reglas las que marcan lo que debe ser considerado crisis en términos económicos y la gravedad que ésta adquiere en sufrimiento humano. Pero, en aras a limitar la extensión de este texto, vamos a dejar a un lado el repaso de los propios años 2020 y 2021 y vamos a centrarnos solo en el análisis de las medidas económicas y sociales que el capital ha puesto en marcha a raíz de la crisis, no solo para encauzar la recuperación según sus intereses, sino para aprovecharla a su favor. Intentaremos aclarar a quién benefician en realidad e intentaremos valorar la posibilidad de que consigan corregir la tendencia descendente que habíamos dejado pendiente al arrancar el año 2020.

La primera de las medidas estrella que el capitalismo está empujando con fuerza es la digitalización, una tendencia que en ningún caso se ha iniciado a raíz de la pandemia. Mucho antes de ésta ya se encontraba muy avanzada en múltiples sectores: los bancos ya habían traspasado a sus clientes más jóvenes a la banca online, e incluso empresas financieras puramente digitales conocidas como “fintech” estaban comiendo terreno a la banca tradicional; sectores como la contratación y gestión de viajes y vacaciones se habían hecho ya digitales, arrasando con el concepto de la agencia de viajes física; o el sector de la venta al por menor había visto ya cómo una empresa con una financiación ilimitada como Amazon había extendido tanto su oferta como su aceptación por parte del consumidor hasta amenazar a muchas de las grandes cadenas de distribución clásicas. Pero es que, además de estas soluciones ya implantadas, la tecnología estaba ya madura para irrumpir en sectores tan diversos como la atención “sanitaria” digital, la Administración digital o la contratación por horas a través de plataformas de subcontratación de cierto tipo de profesionales, tales como educadores, consejeros legales, traductores, etc. En gran medida, la digitalización profundiza en la tendencia que ya hemos introducido en esta misma sección cuando hablábamos de la irrupción del gran capital en sectores como el taxi o los multiservicios. Sin embargo, las posibilidades se multiplican cuanto mayor sea la parte del servicio que se puede resolver de forma digital, de forma que la concentración de los capitales carezca de más límites que el mercado global. Abundando en los ejemplos que nos rodean, piénsese en la eliminación de miles de salas de cine y tiendas de discos en todo el mundo y su sustitución por un puñado de empresas que proveen la mercancía cultura en forma de streaming. Y es que las últimas tecnologías han permitido dar un paso más en un proceso que no tiene nada de nuevo, y que se encuentra descrito en el Manifiesto Comunista de 1848: “Toda una serie de elementos modestos que venían perteneciendo a la clase media, pequeños industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y labriegos, son absorbidos por el proletariado; unos, porque su pequeño caudal no basta para alimentar las exigencias de la gran industria y sucumben arrollados por la competencia de los capitales más fuertes, y otros porque sus aptitudes quedan sepultadas bajo los nuevos progresos de la producción.”

Conviene que nos detengamos un momento en esta mención con la que concluye la cita anterior acerca de las aptitudes humanas sepultadas por los progresos de la producción. Porque nos equivocaríamos si redujéramos la digitalización a un mero despliegue tecnológico monopolista o a un simple ahorro de costes en locales o en número de empleados. Y es que para el capital es igual de importante la capacidad que esta ofrece para intensificar la alienación de la clase trabajadora respecto al objeto y a la forma de su trabajo. Con la digitalización, puestos de trabajo o profesiones antaño cualificadas pueden ser ocupados ahora por trabajadores y trabajadoras a los que no se pide más que prestar un servicio remoto y puntual en el que pueden ser reemplazados en cualquier momento por otro trabajador fácilmente intercambiable. Todo ello mientras el capitalista consigue implementar progresivamente estas funciones telemáticas a través de algoritmos de inteligencia artificial cuyo objetivo final sería la reducción o el reemplazo de fuerza de trabajo. De este modo, igual que los trabajos manuales perdieron cualificación con el perfeccionamiento de las máquinas industriales, los trabajos intelectuales y relacionales se pueden incorporar ahora a la flamante “cadena de montaje” digital. Se incrementa de golpe el número de profesiones que se descualifican (y, por lo tanto, bajan sus salarios), reducen su demanda de mano de obra o, en algunos casos, pueden desaparecer. Así, si la responsabilidad de interpretar una radiografía puede ser transferida de las manos de una doctora a las de un enfermero asistido por inteligencia artificial, el trabajo de traductor está a un paso de no requerir más que una revisión superficial hecha por cualquiera del texto generado por un ordenador.

Al requerir de trabajadores con una cualificación menos estricta, que pueden estar ubicados en cualquier parte y, por tanto, fácilmente intercambiables, el mercado laboral se flexibiliza hasta límites inusitados. De ahí el empeño del capital para conseguir que los Estados adapten la legislación laboral a la “nueva realidad” actual. No es una petición que caiga en saco roto, y los Gobiernos y los organismos internacionales como la Unión Europea no dejan de crear grupos de “expertos” que generen recomendaciones sobre las que adaptar las normativas de consumo, impositivas, de seguridad social, de formación y de contratación para satisfacer la insaciable demanda de flexibilidad del capital. Una nueva revolución industrial está comenzando, y una vez más se moverá únicamente al ritmo de los intereses del capital.

Y no es distinta la situación en el ámbito de lo que se ha venido en llamar “capitalismo verde”, esa incongruencia conceptual a la que se apela más por su supuesta capacidad para generar grandes negocios que por su dudosa utilidad para afrontar los graves problemas que sufre el planeta. Si hasta ahora hemos podido comprobar que el capitalismo no tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades humanas, en menor medida se puede plantear el reparar la quiebra de ese metabolismo entre naturaleza y sociedad por el que ya se preocupaba Marx³.

Porque, en realidad, es un error afirmar que la actividad humana está destruyendo el mundo; según los datos científicos es el modo de producción capitalista el responsable⁴. Hay una diferencia fundamental en esa afirmación: los humanos llevamos cien mil años en este planeta, pero todos los indicadores que hoy hacen cuestionarse la continuidad de la vida tal y como la conocemos comenzaron a degradarse a partir de la irrupción del modo de producción capitalista, y lo han hecho de forma exponencial desde entonces.

De todos estos indicadores complejos e interrelacionados (pérdida de biodiversidad, desertización, cambio climático, etc.) al capitalismo solo parece interesarle uno en particular: el calentamiento global. Ciertamente es el que más daños inmediatos puede provocar, pero no es el único, y los demás elevan su nivel de gravedad por momentos. De hecho, en el tratamiento del propio cambio climático se adolece del mismo nivel de cortoplacismo: se ha decidido que lo importante es tomar medidas que reduzcan los gases que más contribuyen al efecto invernadero momentáneo, como el metano; sin embargo, el CO₂, que tarda decenas de veces más en desaparecer de forma natural, no entra en los planes inmediatos de reducción drástica al ser un subproducto inevitable del modelo energético capitalista actual.

Y es que lo que han dejado claro los (no-)acuerdos del clima es que cualquier intervención estatal en este ámbito debe cumplir como requisito fundamental el ser compatible con la acumulación del capital en todas sus formas. Vemos así cómo los bancos, los fondos de inversión, las consultoras, los poseedores de tierras, las empresas energéticas, las multinacionales de todo tipo, etc., toman posiciones de miles de millones en compra y venta de derechos estratégicos que no generan ningún beneficio presente. Todas las medidas parten de la vieja máxima de que la producción debe seguir incrementándose dentro del nuevo modelo; es decir, en ningún momento entra en juego la posibilidad de una racionalización de la producción y un alargamiento de la vida útil de los productos, pues eso iría en contra de la obtención de una masa de beneficios empresariales creciente. En este contexto, las medidas que se ponen sobre la mesa no parecen seguir una línea que lleve de un problema a una solución, sino que se convierten en conceptos huecos que se pueden usar como arma arrojadiza o para justificar los intereses del sector capitalista más próximo. Así, se puede acusar al contrincante de seguir utilizando tal o cual energía contaminante, mientras localmente se conceden nuevas licencias para explotar las pocas tierras vírgenes o se modifica la legislación para considerar al gas natural o a la energía nuclear como combustibles verdes.

En los próximos años veremos cómo a la destrucción causada por los efectos del cambio climático, que se cebará principalmente -¿quién puede pensar lo contrario?- sobre la clase trabajadora global, se unirá el peso de las medidas que el capital adopte con la excusa de combatirlos, que también caerán sobre los mismos. En los países de la periferia global veremos cómo la extracción de las tierras raras que son necesarias para las nuevas tecnologías generan nuevas dinámicas intervencionistas o coloniales como las que en su día promovieron el petróleo o el uranio. En los países del centro, ya nos avisan desde los centros del poder que tendrán que ponernos nuevos impuestos, que la energía será más cara o que tendremos que aceptar nuevos tipo de alimentación. Mientras tanto, sin ninguna intención de ocultar las patentes contradicciones económicas o ecológicas, los capitalistas que se enriquecen a partir de la explotación de esa clase trabajadora, pueden competir entre sí por fletar el superyate de mayor tamaño o ver el planeta que van a destruir desde el espacio.

Hemos visto entonces que las medidas económicas puestas en marcha a bombo y platillo con la excusa de reactivar la economía después de la pandemia no son más que una nueva vuelta de tuerca por nuevos medios que se acumula al incremento de la explotación que ya habíamos identificado antes de ésta. Un incremento de la explotación de la clase trabajadora que, sin duda, ayudará a mantener la tasa de beneficios del capital al menos plana, pero que no garantiza salir del estancamiento de la última década y convertirla en ascendente. Es decir, ni siquiera queda la esperanza de que un crecimiento económico fuerte permita a los trabajadores luchar -siquiera sea temporalmente- por mejoras laborales.

Y es que la ineficacia del modo de producción capitalista se ha puesto de manifiesto en la salida de la crisis con la misma fuerza con la que se ha hecho notar durante la pandemia. La imprevisión en la gestión de la producción, en las cadenas de suministro, en la gestión de los stocks, en la priorización de necesidades, etc., ha dado lugar a graves bloqueos productivos que frenan el crecimiento del empleo y a unos niveles de inflación ya olvidados que machacan los salarios a nivel mundial.

A ello se une la incapacidad de los Estados para seguir inyectando estímulos para la recuperación indefinidamente. No olvidemos que estos estímulos a las empresas de ahora no salen de la nada, sino que habrá que pagarlos con ahorro fiscal del futuro, y que ello se traducirá, una vez más en recortes en pensiones, sanidad y gasto social a la clase trabajadora.

Pues bien, aún con todos los estímulos actuales, con las tasas de interés todavía al cero por ciento y con la demanda disparada tras meses sin posibilidad de consumir, no hay ninguna economía que haya conseguido recuperar el volumen que hubiera tenido en ausencia de la pandemia, y las previsiones para 2022 se vuelven cada día más modestas. La situación es tan inestable que en estos momentos todos los bancos centrales se debaten entre la conveniencia de terminar con los estímulos para contener la inflación y el riesgo de que ello provoque una oleada de quiebras por parte de las empresas (y países) que sobreviven gracias al crédito barato. Todo apunta a que, tras la pesadilla del coronavirus, nos volvamos a encontrar con el mismo escenario de estancamiento económico internacional que se arrastra desde 2010.

Notas: